El fiscal de M¨¢laga pide la investigaci¨®n judicial de los fondos de formaci¨®n

La Fiscal¨ªa de M¨¢laga ve indicios de delito en la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas destinadas en diciembre de 2010 a cursos de formaci¨®n para el empleo en esta provincia y ha remitido el caso a un juzgado para que investigue esas supuestas irregularidades. Fuentes judiciales apuntan que los delitos identificados inicialmente son falsedad, estafa y fraude en subvenciones, seg¨²n el caso. La partida global que est¨¢ en el punto de mira se eleva a 1,7 millones de euros y las supuestas anomal¨ªas se extienden a 17 de las 20 empresas, todas privadas, que concurrieron a esas ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se beneficiaron de ellas.

Se trata de la Operaci¨®n? Edu, que salt¨® el pasado abril tras hacerse p¨²blica una investigaci¨®n de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa nacional iniciada despu¨¦s de una denuncia de la Seguridad Social, que colabora en las diligencias. Las pesquisas policiales dirigidas desde Madrid se habr¨ªan ampliado a varios ejercicios de concesi¨®n de subvenciones del Gobierno andaluz y supuestamente afectan a varias provincias andaluzas, aunque las averiguaciones de la Fiscal¨ªa de M¨¢laga se han ce?ido en todo momento a la convocatoria de cursos de Formaci¨®n Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010. El delegado de Empleo (consejer¨ªa con estas competencias antes de su traspaso a Educaci¨®n hace algo m¨¢s de un a?o) en esa fecha en M¨¢laga era Juan Carlos Lome?a. Estuvo en el cargo durante siete a?os, hasta que fue destituido en agosto de 2011.

Seg¨²n las fuentes consultadas, el escrito del ministerio p¨²blico malague?o determina que las presuntas irregularidades detectadas por los agentes en cursos de formaci¨®n de Sevilla y Almer¨ªa sean remitidas a las fiscal¨ªas territoriales de estas provincias. El documento, de m¨¢s de 20 folios, tambi¨¦n solicita al juzgado que ordene varias diligencias y tome declaraci¨®n como testigos e imputados por estos hechos a varias personas.

La Fiscal¨ªa de M¨¢laga abri¨® diligencias penales de investigaci¨®n en mayo de 2013 tras recibir un informe policial de la UDEF. La denuncia inicial parti¨® de la secci¨®n de la Seguridad Social adscrita a esta unidad. Se trata de ayudas destinadas a ciclos formativos de seis meses con compromiso de contrataci¨®n para un porcentaje concreto de alumnos, obligaci¨®n que supuestamente se habr¨ªa incumplido, seg¨²n han diagnosticado las primeras pesquisas.

La polic¨ªa identific¨® tambi¨¦n cursos programados que no llegaron a impartirse y supuestos listados de asistentes ficticios, es decir, habr¨ªa habido una falsedad en los beneficiados de esos programas. La constituci¨®n de empresas ex profeso para la obtenci¨®n de esas ayudas y algunas renuncias a un porcentaje de la subvenci¨®n tras finalizar el curso, cuando hay que acreditar que todo se ha desarrollado correctamente, son otros aspectos analizados por los investigadores. En su informe se alud¨ªa a una falta de control en la concesi¨®n del dinero y en la justificaci¨®n que hab¨ªa que hacer despu¨¦s de esos ciclos.

Los agentes de la UDEF, en el marco de esta investigaci¨®n, se han desplazado a M¨¢laga y han tomado declaraci¨®n a m¨¢s de 200 personas, la mayor¨ªa alumnos afectados por estos cursos no solo en la capital, sino en municipios como Antequera, Fuengirola y V¨¦lez-M¨¢laga.

Un a?o despu¨¦s de la apertura de las diligencias, la fiscal¨ªa remiti¨® su escrito el martes al juzgado decano, que lo ha reenviado un d¨ªa despu¨¦s al juzgado de guardia de incidencias. Este mi¨¦rcoles desempe?aba esta labor el de instrucci¨®n n¨²mero 14. El asunto a¨²n est¨¢ pendiente de reparto para saber qu¨¦ sede de la capital se encargar¨¢ de su instrucci¨®n. Los tres posibles delitos detectados inicialmente no tienen por qu¨¦ concurrir en todos los casos. El de fraude en subvenciones, regulado en el art¨ªculo 308 del C¨®digo Penal, exige que ese supuesto desfalco supere los 120.000 euros. Es decir, puede haber empresas beneficiarias de fondos que no alcancen esa cantidad, aunque supuestamente han podido falsear documentos o mentir sobre su capacidad real para impartir los cursos.

El estallido del caso Edu en precampa?a de las pasadas elecciones europeas levant¨® una aut¨¦ntica polvareda pol¨ªtica porque se habl¨® de un fraude masivo y de decenas de millones. Nada m¨¢s hacerse p¨²blico, la Junta de Andaluc¨ªa pidi¨® "una rectificaci¨®n inmediata" al Gobierno al entender que se trataba de una operaci¨®n pol¨ªtica del PP por la inminente cita con las urnas. El ejecutivo central neg¨® la filtraci¨®n de la investigaci¨®n policial. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n explic¨® en ese momento que la secci¨®n de investigaci¨®n de la Seguridad Social hab¨ªa pedido informaci¨®n sobre 17 expedientes a ra¨ªz del caso de la Fiscal¨ªa de M¨¢laga. La cuant¨ªa afectada ascend¨ªa a 1,52 millones de euros de un programa de formaci¨®n que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros. Esas ayudas, seg¨²n su versi¨®n, estaban en plazo de justificaci¨®n.