Los tribunales confirman que el PP cre¨® una Administraci¨®n paralela

Tan lejos como a principio de 2008, la Inspecci¨®n de Trabajo constat¨® que en la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, que entonces dirig¨ªa Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, fallecido al a?o siguiente, hab¨ªa un elevado n¨²mero de empleados de la empresa p¨²blica Valenciana de Aprovechamiento Energ¨¦tico de Residuos, SA (Vaersa) trabajando en sus dependencias. Un personal subcontratado que, entre otras cosas, redactaba los informes de impacto ambiental. En el departamento dedicado a ello solo hab¨ªa cinco funcionarios y una veintena de empleados de Vaersa.

La oposici¨®n denunci¨® que se hab¨ªa creado un aparato paralelo al de la Administraci¨®n de la Generalitat con el fin de rebajar la exigencia de los controles en plena expansi¨®n urban¨ªstica. Varias sentencias de car¨¢cter laboral confirmaron despu¨¦s que se hab¨ªa producido una cesi¨®n irregular de personal a la consejer¨ªa por parte de Vaersa. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acabado estimando un recurso de Intersindical Valenciana en colaboraci¨®n con la Confederaci¨®n General del Trabajo (CGT) y ha reconocido que empleados de Vaersa se han excedido en sus funciones t¨¦cnicas para suplantar a funcionarios en las potestades de redacci¨®n de las preceptivas declaraciones de impacto ambiental. La sentencia no va m¨¢s all¨¢ de ordenar el ¡°cese inmediato¡± de lo que considera ¡°una v¨ªa de hecho¡±, pero constata la irregularidad del mecanismo aplicado durante a?os.

Toda la oposici¨®n anunci¨® ayer que pedir¨¢ la revisi¨®n de los expedientes de impacto ambiental realizados por empleados de Vaersa. El diputado socialista Francesc Signes advirti¨® que ¡°ni los trabajadores de Vaersa ni los funcionarios son responsables de una decisi¨®n exclusivamente pol¨ªtica y que el PSPV-PSOE llevaba 11 a?os denunciando¡±. El diputado de Comprom¨ªs Juan Ponce, que pedir¨¢ la comparecencia de la actual consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que d¨¦ explicaciones, se?al¨® que ¡°hab¨ªa m¨¢s t¨¦cnicos de Vaersa que funcionarios en la consejer¨ªa, una situaci¨®n creada con toda intencionalidad por el Gobierno del PP para rebajar los controles necesarios para este tipo de estudios¡±. Para Llu¨ªs Torr¨®, de Esquerra Unida, es imprescindible que la revisi¨®n de expedientes se extienda ¡°a otras empresas del Consell que pueden haber estado incurriendo en los mismos defectos¡±. Se refer¨ªa a que, como se?al¨® CGT, empresas p¨²blicas como la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), en la evaluaci¨®n de las personas dependientes, o la Empresa de Transformaci¨®n Agraria, SA (Tragsa), en actuaciones forestales, han actuado de forma similar.

La portavoz del Consell, Mar¨ªa Jos¨¦ Catal¨¤, asegur¨® que la Generalitat recurrir¨¢ la sentencia porque, ¡°aunque es verdad que los informes los realizaba Vaersa, un funcionario de la casa supervisaba todos esos informes¡±. Seg¨²n Catal¨¤, se recurri¨® al procedimiento en ¡°un momento de much¨ªsima actividad en el cual los servicios propios y t¨¦cnicos de la casa no daban abasto para atender tanto trabajo y hubo que recurrir a la colaboraci¨®n de las empresas p¨²blicas¡±. La portavoz anunci¨® a los periodistas que ¡°se va a presentar un recurso por parte de la Abogac¨ªa de la Generalitat¡±. Y a?adi¨®: ¡°Entendemos que el hecho de que, al final, en el ¨²ltimo tramo del proceso, un t¨¦cnico de la casa supervisara y autorizara la actuaci¨®n de Vaersa confirma que la Generalitat estaba al corriente y esos informes se tramitaron correctamente¡±.

La portavoz Catal¨¤ anuncia un recurso que la Abogac¨ªa dice que se desestimar¨¢

Ni la sentencia ni la Abogac¨ªa de la Generalitat ratifican las afirmaciones de la portavoz. De hecho, las desmienten de plano. La sentencia del TSJCV deja muy claro que, pese a que la jefa del Servicio de Evaluaci¨®n de Impacto Ambiental de la consejer¨ªa sostuvo en su declaraci¨®n que ¡°siempre ha existido un informe t¨¦cnico emitido por funcionario, adem¨¢s del emitido por el t¨¦cnico de Vaersa, lo cierto es que esta afirmaci¨®n queda, sin embargo, rotundamente desmetida, puesto que no viene corroborada, sino contradicha, por la prueba documental aportada, que pone de manifiesto que la propuesta de resoluci¨®n solo viene precedida por el informe t¨¦cnico de Vaersa, y en ning¨²n caso por otro informe emitido por funcionario¡±.

En el escrito de la Abogac¨ªa de la Generalitat sobre la sentencia, por otra parte, se dice textualmente que un recurso de casaci¨®n ¡°estar¨ªa abocado a su desestimaci¨®n¡±. Y a?ade: ¡°Dado que la sentencia ¨²nicamente ordena el cese de la v¨ªa de hecho, deniega la indemnizaci¨®n y no contempla condena en costas, entendemos que no afecta negativamente a los intereses de esta Administraci¨®n¡±. La coordinadora de asuntos contenciosos comunica a la consejer¨ªa que dirige Isabel Bonig que si, pese a todo, hay que recurrir, lo comunique ¡°a la mayor urgencia¡±.

El diputado de Esquerra Unida Llu¨ªs Torr¨®, que hizo p¨²blico el informe de la Abogac¨ªa, indic¨® que el Consell sabe que el recurso ¡°est¨¢ condenado a un estrepitoso fracaso¡±, pero intenta ¡°desviar la atenci¨®n¡± de lo que calific¨® como ¡°un terremoto administrativo en el seno de la Generalitat¡±.