M¨¢s de 900.000 personas pagan una factura de IBI hinchada por la burbuja

Los desmanes de la actividad inmobiliaria siguen pasando factura a los ciudadanos siete a?os despu¨¦s del estallido de la burbuja. Los Ayuntamientos vieron en el negocio del ladrillo un fil¨®n para llenar sus arcas. Durante la pasada d¨¦cada los consistorios recalificaron suelos r¨²sticos a urbanizables para crear nuevos barrios o urbanizaciones, lo que supon¨ªa un incremento casi autom¨¢tico del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Miles de contribuyentes, desde campesinos hasta empresarios, han visto c¨®mo su recibo del IBI se disparaba durante estos a?os aunque su terreno siguiera siendo un campo de patatas. Una sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo, pone fin a esa anomal¨ªa: si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en ¨¦l, su due?o solo deber¨¢ pagar como si fuera r¨²stico. Unos 900.000 propietarios podr¨ªan beneficiarse del fallo.

El origen de la sentencia est¨¢ en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre ellos la Fundaci¨®n Dolores Bas. La entidad tiene el 50% de una finca en la que se cultivan cereales. Nunca se ha puesto un solo ladrillo, pero la finca fue declarada urbanizable y su recibo del IBI se dispar¨®. ¡°No ten¨ªa sentido. Tenemos incluso una subvenci¨®n agr¨ªcola¡±, explica su abogado, Luis D¨ªaz-Ambrona, quien afirma que entre los afectados hay el de una parcela en Fresno de Torote (Madrid) que en 2006 ten¨ªa un valor catastral de 496 euros. Solo dos a?os m¨¢s tarde, su due?o se quedaba sin aliento al ver la nueva valoraci¨®n: 3,8 millones de euros. Sus propietarios estaban negociando con el consistorio pagar el tributo con terrenos de la propia parcela. ¡°Es muy corriente ver una diferencia de 50 veces entre el recibo que se pagaba cuando el suelo era r¨²stico al que se abona tras ser declarado urbanizable, pero puede llegar a ser incluso de 100 veces¡±, asegura D¨ªaz-Ambrona.

Muchos propietarios deben entregar sus terrenos para saldar el tributo

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la raz¨®n a la fundaci¨®n al considerar que para que un suelo sea urbano precisa de un plan urban¨ªstico o bien de obras de urbanizaci¨®n. Sin embargo, la Administraci¨®n central del Estado recurri¨® el caso en el Supremo al considerar que ¡°la doctrina¡± que se estaba sentando era ¡°gravemente da?osa para el inter¨¦s general y adem¨¢s claramente err¨®nea y no ajustada a Derecho¡±. El Abogado General del Estado advert¨ªa de la gran cantidad de inmuebles que se ver¨ªan afectados, unos 900.000, y ¡°el da?o econ¨®mico directo¡± que se infligir¨ªa a las arcas p¨²blicas. El abogado solicitaba que no se considerara necesaria la aprobaci¨®n de ¡°un instrumento urban¨ªstico¡± para considerar la ¡°naturaleza urbana del suelo urbanizable¡±. El Supremo, no obstante, desestima ese recurso ¡°al no poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado General del Estado¡±.

Fuentes judiciales explicaron que la sentencia del Supremo abre la puerta a que los propietarios de esas 900.000 fincas dejen de pagar ese IBI hinchado. Lo que est¨¢ por ver es si, adem¨¢s, tienen derecho a ser compensados por lo abonado en a?os anteriores. Porque esas valoraciones que tambi¨¦n alimentaron la burbuja se dieron en todo el territorio. Durante la burbuja la recalificaci¨®n de una finca no era una mala noticia para el propietario. Al pasar de r¨²stica a urbanizable, su valor se incrementaba y pod¨ªa sacar tajada al venderla a un promotor. Demanda hab¨ªa de sobra. Hoy eso ya no es as¨ª. Muchos propietarios de suelo, algunos de los cuales lo adquirieron como inversi¨®n, han quedado atrapados y tienen que hacer frente a un IBI elevado. Algunos, dicen fuentes del sector, los han devuelto a los Ayuntamientos y otros han pasado a manos de los bancos.

Los padres de Jordi Burguet son propietarios de un campo en Vilanova i la Geltr¨² (Barcelona) que en 2006 fue clasificado como suelo urbanizable delimitado por el consistorio. Los terrenos formaban parte de un nuevo desarrollo que iba a llamarse Eixample Nord, un barrio que iba a albergar unas 4.500 viviendas. Desde entonces la familia Burguet abona un recibo de IBI como si el campo fuera ¡°suelo urbano¡±.

Una finca pas¨® de valer 496 euros a 3,8 millones pese a no haber edificado

Los propietarios de los terrenos, alrededor de 400 familias, se han constituido en plataforma para demandar al Ayuntamiento que descalifique el suelo. ¡°Se estableci¨® que esa zona pod¨ªa ser edificable, pero no se ha hecho nada y no hay ninguna perspectiva de que pueda salir adelante. Si la poblaci¨®n ha descendido y hay urbanizaciones con edificios fantasma en la ciudad, ?qu¨¦ sentido tiene seguir?¡±, plantea Burguet, quien explica que la producci¨®n del campo no llega ni a cubrir un 10% de los recibos de IBI. El Ayuntamiento no respondi¨® las preguntas de este diario.

¡°Aqu¨ª ha habido un catastrazo¡±, admite sin tapujos Gregorio Chamorro, alcalde de San Andr¨¦s del Rabanedo (Le¨®n). Un millar de vecinos de la localidad, de unos 30.000 habitantes, y sus alrededores vieron c¨®mo el nuevo planeamiento municipal multiplicaba el valor catastral de sus fincas y el recibo del IBI. ¡°He visto c¨®mo se pasaba de 200 a 400 y 500 euros, o de 50 a 200 euros¡±, afirma. ¡°Dejamos en suspenso la recaudaci¨®n y no cobramos el recargo¡±, a?ade.

V¨ªctor Jim¨¦nez es el presidente de Apovata, una asociaci¨®n nacida en Talavera de la Reina (Toledo) para denunciar la subida del IBI generado por el Plan de Ordenaci¨®n Municipal. ¡°El problema ha sido el sobredimensionamiento de los planeamientos y la aplicaci¨®n de valores del suelo que est¨¢n por encima de la realidad¡±, lamenta. Jim¨¦nez es tambi¨¦n uno de los cerca de mil afectados de la localidad que llevan reclamando al Ayuntamiento una soluci¨®n. Su recibo por una finca r¨²stica que ahora es urbanizable, cuenta, ha pasado de 100 a 2.000 euros anuales. Este diario no pudo hablar con el consistorio.