La fiscal¨ªa pide 14 a?os de c¨¢rcel para la c¨²pula de Emarsa por malversar

La Fiscal¨ªa de Valencia ha solicitado este viernes altas penas de prisi¨®n para los principales procesados por el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia Sociedad An¨®nima (Emarsa), el ente p¨²blico que gestionaba la depuradora de Valencia y su ¨¢rea metropolitana. El dinero defraudado, seg¨²n el fiscal, alcanz¨® los 23,7 millones de euros.

La pena solicitada por la fiscal para Enrique Crespo, que ostent¨® simult¨¢neamente los cargos de presidente de Emarsa, vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y alcalde de Manises, se eleva a 14 a?os de c¨¢rcel. Crespo est¨¢ acusado tambi¨¦n de intentar ocultarle al juez 12,5 millones de euros que habr¨ªa ganado en la Loter¨ªa de Navidad. La misma pena, 14 a?os, reclama para los dos altos cargos de la Generalitat implicados presuntamente en los hechos: Jos¨¦ Juan Morenilla, exgerente de la Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), e Ignacio Bern¨¢cer, exjefe de Explotaciones de la misma sociedad. Para el exgerente de Emarsa y excargo del PP de Valencia Esteban Cuesta, que ha confesado buena parte de los hechos, ha solicitado 12 a?os de prisi¨®n.

As¨ª consta en el escrito de calificaci¨®n provisional que el ministerio p¨²blico ha remitido al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, dentro de la pieza principal del procedimiento, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gesti¨®n de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, pedan¨ªa de Valencia.

La fiscal del caso acusa a Crespo, Morenilla y Bern¨¢cer de un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento p¨²blico, as¨ª como del delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Al exgerente Esteban Cuesta, a quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, nombr¨® alcalde de la pedan¨ªa de Benim¨¤met y atesor¨® veh¨ªculos, inmuebles y lingotes de oro, la fiscal lo acusa de un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa, un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en concurso con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, y un delito de cohecho.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, los procesados tejieron una compleja trama para apropiarse de las "cuantiosas sumas" que el Gobierno valenciano destinaba a la depuradora. Para ello "dise?aron y y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario" con el que la Generalitat "financiaba el coste de la gesti¨®n agr¨ªcola de los lodos producidos en la estaci¨®n depuradora". A continuaci¨®n, buscaron a un intermediario que, a cambio de una "oportuna comisi¨®n", emiti¨® facturas por los supuestos trabajos. En realidad, prosigue el fiscal, eran otras empresas las que se dedicaban a hacer las labores de gesti¨®n de los lodos por la mitad de precio. Y la diferencia era repartida entre los principales acusados.

La fiscal¨ªa atribuye a los 24 procesados, entre los que est¨¢n pr¨¢cticamente todos los directivos de la planta depuradora, que ten¨ªan salarios superiores al presidente del Gobierno y pagaron con fondos de la sociedad p¨²blica todo tipo de extravagancias, una larga retah¨ªla de hechos delictivos.

Entre ellos, la contrataci¨®n de proveedores eludiendo lo establecido en la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. El cobro de comisiones para la adjudicaci¨®n de contratos en perjuicio de otros contratistas. Y el desv¨ªo de fondos mediante diferentes v¨ªas: por la retirada de lodos y desbaste; por entregas de bienes o prestaciones de servicios ficticios; para satisfacer gastos de hosteler¨ªa y viajes particulares, y tambi¨¦n, para el pago de comisiones y sobresueldos il¨ªcitos con el fin de encubrir y permitir la actividad ¨ªlicita de los principales acusados.

La fiscal ha reclamado tambi¨¦n que los acusados indemnicen solidariamente a la entidad de la Generalitat para el saneamiento de aguas, Epsar, con 22,69 millones, y a la entidad metropolitana que era propietaria de la depuradora, la Emshi, con otros 8,19 millones. En total, 30,8 millones de euros.