Elegir ayuntamientos ?para qu¨¦?

El Gobierno Rajoy propone cambiar el sistema de elecci¨®n de concejales y alcaldes. Lo ha hecho cuando falta menos de un a?o para los comicios locales de 2015. El anuncio ha levantado sospechas sobre la finalidad de la propuesta. La intenci¨®n ser¨ªa ¡ªseg¨²n sus cr¨ªticos¡ª paliar los efectos del castigo que previsiblemente padecer¨¢n las candidaturas del PP en las futuras elecciones municipales. El PP se defiende recordando que el PSOE hizo una propuesta parecida hace ya unos a?os, lo cual deslegitimar¨ªa al menos las cr¨ªticas socialistas a dicha propuesta.

Una vez m¨¢s, se acude a un cambio en las normas electorales como presunto remedio a determinadas disfunciones del sistema pol¨ªtico. Lo comprobamos c¨ªclicamente en el debate cl¨¢sico sobre la elecci¨®n del Congreso de los Diputados, con el se?or D'Hondt como el malo de la pel¨ªcula y las listas abiertas como el b¨¢lsamo de Fierabr¨¢s, capaz de resta?ar las graves heridas de nuestro maltrecho edificio pol¨ªtico. No cabe negar el efecto de algunas normas electorales sobre la configuraci¨®n y el funcionamiento de un sistema pol¨ªtico representativo. Pero ni constituyen el mecanismo que lo condiciona totalmente, ni pueden tratarse fuera de su contexto institucional, social y cultural.

Una condici¨®n insatisfecha en los debates sobre sistemas electorales es la deliberaci¨®n previa sobre qu¨¦ funciones desempe?a el cargo o la instituci¨®n que debe ser elegida. Sus funciones se dan por conocidas o supuestas, con una mera invocaci¨®n a la legalidad vigente. Sin embargo, no suele considerarse que su perfil legal no se corresponde siempre con la realidad, ni tampoco expresa la variaci¨®n que la misma figura experimenta seg¨²n condiciones y tiempos. Sin atender a esta evoluci¨®n y multiplicidad, dif¨ªcilmente se acertar¨¢ en la manera de elegirlas. No se selecciona igual a un asesor para un staff de direcci¨®n que a un responsable comercial de zona.

Son varias las preguntas a formular. Para limitarnos a la designaci¨®n del alcalde, ?de qu¨¦ tipo de autoridad estamos hablando? ?De una figura a la que se exige una fuerte capacidad ejecutiva y muy personalizada? ?De la que ejerce sobre todo la coordinaci¨®n de una mayor¨ªa pol¨ªtica cuyo plan de acci¨®n se conf¨ªa a una gerencia profesional? ?De la primera magistratura de una corporaci¨®n con extensas atribuciones financieras y competenciales? ?O de la que encabeza simb¨®licamente un organismo dependiente o delegado de otra administraci¨®n? ?De quien mantiene trato personal y frecuente con sus convecinos? ?O de quien ejerce jurisdicci¨®n sobre una poblaci¨®n de varios miles o millones de habitantes?

No parece razonable aplicar el mismo sistema a Madrid y a uno de los 7.000 municipios espa?oles con menos de 5.000 habitantes

Cuando se comparan sistemas electorales municipales de otros pa¨ªses y se pretende la importaci¨®n de sus caracter¨ªsticas habr¨ªa que examinar primero de qu¨¦ tipo de gobierno local se trata y qu¨¦ papel desempe?a el alcalde. Porque se dan importantes diferencias en las competencias municipales y en su r¨¦gimen organizativo en pa¨ªses con una robusta autonom¨ªa de sus ayuntamientos y en pa¨ªses con tradici¨®n centralista. Al mismo tiempo, es ineludible considerar la dimensi¨®n de la entidad municipal y explorar c¨®mo se aborda la cuesti¨®n en grandes urbes metropolitanas y en n¨²cleos de poblaci¨®n reducida. No parece razonable aplicar el mismo sistema a Madrid y a uno de los 7.000 municipios espa?oles con menos de 5.000 habitantes.

En realidad, lo importante no es el debate sobre un nuevo sistema electoral municipal sino una reconsideraci¨®n del gobierno local en todas sus dimensiones. Es una deliberaci¨®n aplazada a lo largo de treinta a?os de democracia. No ha sido abordada con la misma decisi¨®n y con la amplia participaci¨®n social y pol¨ªtica con que lo hicieron ya hace bastantes d¨¦cadas otras democracias europeas cuando transformaron muy a fondo sistemas de gobierno local heredados del XIX o de principios del XX. Aqu¨ª siguen sin respuesta compartida muchos interrogantes de fondo: sobre la delimitaci¨®n territorial de los municipios, la atribuci¨®n de competencias, su organizaci¨®n interna, la financiaci¨®n de sus actividades o la relaci¨®n de los entes municipales con las comunidades aut¨®nomas y con las prescindibles diputaciones provinciales.

Una ocasi¨®n perdida ha sido la reciente Ley 27/2013 sobre ¡°racionalidad y sostenibilidad de la administraci¨®n local¡±. Ni fue precedida del debate social requerido por un asunto que tan de cerca impacta sobre la vida ciudadana, ni consigui¨® el amplio apoyo pol¨ªtico exigido por una cuesti¨®n de esta naturaleza. La mayor¨ªa absoluta del PP prefiri¨® imponer su receta, provocando la inmediata impugnaci¨®n de la ley ante el Tribunal Constitucional. En este contexto, lanzarse a una reforma electoral municipal suena efectivamente a maniobra t¨¢ctica, adornada con algunos elementos que quiz¨¢ ser¨ªan tachadas de populismo si tuvieran otros promotores.

Apostilla para federalistas antiguos y recientes. Ser¨ªa bueno tomar nota de que en las federaciones m¨¢s consolidadas la regulaci¨®n del gobierno local y de sus elecciones suele ser competencia exclusiva de las entidades federadas (por ejemplo, l?nder alemanes, provincias canadienses o estados en los EEUU).

Josep M. Vall¨¨s es profesor em¨¦rito de ciencia pol¨ªtica