Las tres diputaciones empujan a Urkullu a asumir 21 de los 30 millones de la multa

Ni el criterio propuesto por el Ministerio de Hacienda ha hecho cambiar de opini¨®n a la Diputaci¨®n de Bizkaia, la m¨¢s pr¨®xima, pol¨ªticamente, al Gabinete de I?igo Urkullu. Pese a que su diputado general, Jos¨¦ Luis Bilbao opt¨® inicialmente por un criterio parecido al que ha expresado el ministro Crist¨®bal Montoro en el expediente abierto y comunicado a las cuatro instituciones vascas para que devuelvan los 30 millones de la sanci¨®n que ha impuesto la UE por incumplir de forma reiterada las sentencias comunitarias, este viernes volvi¨® a mostrarse convencido de que seguir el modelo que propone la Ley de Aportaciones es el adecuado.

¡°La Diputaci¨®n Foral de Bizkaia quiere insistir tambi¨¦n en que no nos cerramos a ninguna posibilidad, incluida la distribuci¨®n del pago de la multa por coeficientes siguiendo el modelo de la Ley de Aportaciones, con los porcentajes del 70% por parte del Gobierno vasco y el 30% de las Diputaciones, tal y como ya se hab¨ªa ido adelantando en los ¨²ltimos meses en un tema en el que ha habido bastante consenso. Hay tiempo para hablar y por eso esperamos una pronta reuni¨®n¡±.

Seg¨²n ese criterio el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria deber¨¢ rascarse el bolsillo y colocar sobre la mesa 21 millones de euros, mientras que de los nueve restantes en torno a cuatro y medio los asumir¨ªa Bizkaia y los otros 4,5 restantes se los dividir¨ªan entre Gipuzkoa casi tres y el resto ?lava.

El Gobierno central comunic¨® el martes a Euskadi que, una vez abonados desde sus arcas los 30 millones de la multa por las vacaciones fiscales, ahora corresponde a las instituciones auton¨®micas devolverle el dinero.

En el escrito, Montoro propon¨ªa el reparto de la multa en funci¨®n de los montantes provinciales recuperados tras ser consideradas las ayudas fiscales como ayudas ilegales de Estado, pero en el mismo expediente nombraba un instructor para que en caso de cambiar el sistema de reparto, garantizara que la suma total sean los controvertidos 30 millones de euros. Su propuesta, muy cuestionada por ?lava, pese a ser orientativa, era que la Diputaci¨®n alavesa abonara el 65,85% de esa cantidad, casi 20 millones, la de Bizkaia, el 21,29% algo m¨¢s de seis, y la de Gipuzkoa, el restante 12,86%.

Hacienda dice que el reparto de la multa es una cuesti¨®n vasca

De hecho, el diputado general de ?lava, Javier de Andr¨¦s, telefone¨® este viernes al ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, para mostrarle su malestar y pedirle que rectifique, a lo que Montoro respondi¨® que a ¨¦l lo que le interesa es recuperar la cuant¨ªa total: ¡°El sistema de reparto es una cuesti¨®n dom¨¦stica de las instituciones vascas¡±, le vino a decir. En una nota que emiti¨® a media tarde se?al¨® que las instituciones vascas disponen de un plazo de 15 d¨ªas para presentar alegaciones si lo estiman necesario e indica que ¡°deber¨¢n comunicar el porcentaje del que se har¨¢ cargo cada una de las administraciones en el reembolso de la multa¡±. Pero deja claro que lo sustancial es que se devuelvan los 30 millones: ¡°los porcentajes de reparto incluidos en el oficio son estimativos¡±.

El Gobierno vasco no quiso adelantar nada concreto este viernes, y tampoco si va a retrasar la convocatoria de una reuni¨®n entre todas las instituciones, a la ordinaria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de mediados del pr¨®ximo mes de octubre. Mantiene que si hay un acuerdo entre las diputaciones acatar¨¢ el resultado, aunque eso le lleve a tener que asumir la parte principal de la multa.

Tambi¨¦n se ha beneficiado del 70% de los fondos recuperados. En la reuni¨®n del CVF de octubre de 2012 el Gobierno de Patxi L¨®pez ingres¨® 210 millones de los 300 que hab¨ªa recuperado ¡ªla mayor parte¡ª ?lava.

Su portavoz Josu Erkoreka hizo un llamamiento eset viernes a ¡°actuar con prudencia y cautela¡± y huir de pronunciamientos unilaterales que puedan acabar perturbando la tramitaci¨®n del expediente. ¡°Estamos en plena tramitaci¨®n del expediente, que tiene diferentes fases, algunas incluyen el derecho a hacer alegaciones de las partes implicadas y en esa fase estamos¡±, dijo Erkoreka. Luego remat¨®: ¡°Vamos a ser respetuosos con el procedimiento y una vez que se clarifique el panorama el Gobierno har¨¢ lo que tenga que hacer y pactar¨¢ o resolver¨¢ o convocar¨¢ lo que tenga que pactar, resolver o convocar¡±.

Frente a esa apelaci¨®n a la prudencia de quien recibi¨® la sanci¨®n en enero pasado calific¨¢ndola de ¡°cuesti¨®n menor¡± ¡ªal no poner patas arriba las competencias exclusivas que el Concierto Econ¨®mico atribuye a las instituciones forales en materia de fiscalidad¡ª EH Bildu no se mordi¨® la lengua.

Erkoreka no avanza cu¨¢l es la postura que va a adoptar su Gabinete

Los portavoces de la coalici¨®n, Marian Beitialarrangoitia e Igor L¨®pez de Munain denunciaron en San Sebasti¨¢n que la ciudadan¨ªa vasca va a ¡°pagar por dos¡± las consecuencias del modelo de las vacaciones fiscales, que el PNV ha ¡°permitido e impulsado¡±, en alusi¨®n a la multa de 30 millones impuesta por el Tribunal Europeo de Justicia.

Para los portavoces independentistas la formaci¨®n de Andoni Ortuzar est¨¢ ¡°protegiendo y alimentando el fraude y el despilfarro de dinero p¨²blico. Se ha derrumbado el mito de la buena gesti¨®n del PNV¡±, dijeron y ese pasado va a dar entrada a una nueva ¨¦poca en la que la supuesta transparencia y la eficacia de sus miembros van a estar ya en duda de forma permanente. ¡°Son mentiras que, por ser repetidas una y otra vez, no se convierten en verdades¡±, apuntaron.

Los tribunales europeos declararon las vacaciones fiscales como ayudas de Estado y por lo tanto ilegales, en 2001. En 2006 emplazaron de forma especifica a las diputaciones forales, ¡ªpor si no estaba claro que era obligatoria la devoluci¨®n por parte de las empresas de las ayudas recibidas¡ª, a que reclamaran los fondos que concedieron en aquella d¨¦cada, en forma de ayudas y cr¨¦ditos fiscales a las empresas que invirtieron en Euskadi.

Las medidas consist¨ªan en una reducci¨®n gradual durante 10 a?os de la base imponible del impuesto de sociedades y el cr¨¦dito fiscal del 45% a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones, siempre que fueran en activos fijos materiales nuevos. En total se beneficiaron en torno a las 300 empresas vascas.

Tanto la comunidad aut¨®noma de La Rioja como la de Cantabria consideraron que las ayudas perjudicaban notablemente a las empresas instaladas en territorios lim¨ªtrofes al Pa¨ªs Vasco e incentivaba la deslocalizaci¨®n empresarial, por lo que las denunciaron por competencia desleal. La fiscal¨ªa del Tribunal Superior va a abrir diligencias tras el verano para comprobar si las diputaciones fueron negligentes al incumplir las sentencias comunitarias.