¡°Est¨¢ al l¨ªmite. Ya le da igual todo¡±
Unas 70 familias en exclusi¨®n de Sanl¨²car exigen viviendas dignas a las Administraciones, que buscan soluciones
En un radio de 1.000 metros alrededor del barrio Alto de la ciudad gaditana de Sanl¨²car de Barrameda (67.000 habitantes) se localizan las denominadas Corralas por la Dignidad. Ya se han identificado seis, cada una con un presidente y un nombre: Almendral, Bonanza, Bolera, Pirrado, Higuereta y Castillo. En ellas viven desde hace semanas m¨¢s de 70 familias machacadas por la crisis.
Tras el punto de inflexi¨®n que supuso la corrala La Utop¨ªa para el pacto de Gobierno entre PSOE e IU la pasada primavera, estas nuevas ocupaciones de casas ha tensionado dicho acuerdo para gobernar la Junta, con la pol¨ªtica de vivienda como tel¨®n de fondo.
Estas corralas se ubican en bloques de pisos levantados durante el boom inmobiliario que nunca se llegaron a vender y que ahora, vac¨ªos, son habitados por familias ocupas que sienten que no tienen nada que perder. Llegaron desorientadas, pero con el paso de los d¨ªas se han organizado. Los portavoces de las corralas se re¨²nen cada semana, han contratado entre todos a un abogado que les cobra un precio simb¨®lico y algunas organizaciones sociales de dentro y fuera de Sanl¨²car empiezan a llevarles comida.
Para hacer habitables los edificios, desvalijados durante a?os por drogodependientes, los han adecentado, aunque conviven en comunidad sin agua corriente, con focos de luz a pilas, colchones en el suelo y sillas de playa.
¡°?Qu¨¦ hago? ?Me quedo en la calle sabiendo que esto estaba vac¨ªo¡±,
La corrala del Castillo es la m¨¢s poblada. Es un bloque de 19 apartamentos, sin estrenar desde de que un promotor, ahora en quiebra, lo construy¨® hace ocho a?os. En el exterior del edificio cuelga una pancarta con el mensaje ¡°Casa sin gente y gente sin casa¡±; en el interior, y tras una cancela cerrada con un candado, 19 familias: 37 adultos y 20 ni?os.
En la planta superior viven Deborah, de 20 a?os, Manuel Jes¨²s, de 26, y el hijo de ambos, de tres. Tuvieron que abandonar en 2013 una casa de alquiler por la que pagaban una renta mensual de 350 euros. Ella perdi¨® su ¨²ltimo empleo como limpiadora sin asegurar en un aparthotel y a ¨¦l se le acab¨® toda la faena en el campo. Desde entonces viv¨ªan en casa de la madre de Deborah, un min¨²sculo piso donde compart¨ªan una habitaci¨®n cinco personas. Son buscavidas. Esta semana, Manuel Jes¨²s ha cobrado 20 euros ¡°sacando chatarra¡± y otro tanto en el muelle de Chipiona. ¡°Sal¨ª en bici a las seis de la ma?ana, limpi¨¦ la red de un barco y llegu¨¦ de vuelta a las dos de la tarde. Me dieron 15 euros¡±, cuenta resignado. ¡°?Qu¨¦ haremos si viene la polic¨ªa con una orden de desalojo? Ella se ir¨¢ con el ni?o, pero yo me encadeno¡±, contesta. ¡°Est¨¢ al l¨ªmite. Ya le da igual todo¡±, apostilla ella.
Deborah y Manuel Jes¨²s est¨¢n inscritos en el listado municipal de demandantes de una casa social, como Pilar Calder¨®n, de 43 a?os, quien, tras dos d¨¦cadas viviendo de alquiler, iba a quedarse en la calle por una deuda de seis meses. Trabaj¨® en la cocina de un bar siete a?os consecutivos, tiene un hijo a su cargo, de 24, y su pareja, pe¨®n de construcci¨®n, lleva desde 2007 en paro. ¡°?Qu¨¦ hago? ?Me quedo en la calle sabiendo que esto estaba vac¨ªo¡±, se pregunta Pilar.
Unas 500 personas integran el listado municipal de demandantes de viviendas. Desde 2012 no se han construido casas p¨²blicas. Ahora el Ayuntamiento ha elaborado un censo de inmuebles vac¨ªos para que Fomento negocie con los bancos, titulares de las viviendas, y as¨ª ofertarlas mediante alquileres sociales para personas en exclusi¨®n contrastada. El n¨²mero de pisos vac¨ªos a¨²n es una inc¨®gnita, ya que el gobierno local guarda silencio para tratar de evitar un efecto llamada.
Antonio y Jessica, una pareja de novios de 32 a?os, han solicitado un piso social al Ayuntamiento durante cuatro a?os. Ella, trabajadora del campo desde los 18 a?os, lleva seis en el paro; ¨¦l, operario de la construcci¨®n, no tiene ocupaci¨®n desde hace tres. Jessica hilvana su vida con aplomo, pero se echa a llorar al contar cu¨¢l es su sue?o: ¡°Formar una familia¡±.
Walter Ram¨ªrez ya ha formado la suya, pero no la puede mantener. Tiene 33 a?os, una mujer de 24, y dos hijas. Empez¨® a trabajar siendo un chaval de 14 a?os. Desde hace 11 d¨ªas vive en la Corrala del Castillo. ¡°Ya no puedo m¨¢s. Pido, como el resto, una vivienda digna que pueda pagar, unos 100 ¨® 150 euros¡±. Todos se preguntan hasta cu¨¢ndo podr¨¢n vivir en la corrala, un edificio vac¨ªo, desvalijado y abandonado desde hace ocho a?os.
Un conflicto pol¨ªtico
Las ocupaciones de viviendas vac¨ªas en Sanl¨²car han provocado un conflicto pol¨ªtico entre Administraciones que tiende a recrudecerse. La direcci¨®n regional del PSOE pidi¨® el viernes a la Consejer¨ªa de Fomento (IU) que ¡°se ponga las pilas¡±, ¡°busque viviendas alternativas¡± y negocie con los bancos titulares de inmuebles desocupados, como marca la ley de funci¨®n social, para ofertarlos como alquileres sociales y dar una respuesta a la alarma social creada en el pueblo.
Desde la federaci¨®n de izquierdas, bastante sorprendidos ante las cr¨ªticas lanzadas por su socio, preparan la r¨¦plica y reiteran que es el Consistorio el que debe seguir la hoja de ruta aprobada por el propio Gobierno local: evaluar la situaci¨®n de exclusi¨®n de las familias y negociar con las entidades financieras la cesi¨®n de las casas que sean de su propiedad y que no est¨¦n habitadas para ponerlas a disposici¨®n de personas con necesidad contrastada.
El alcalde sanluque?o, V¨ªctor Mora (PSOE), que ya ha cuestionado en p¨²blico la utilidad de Fomento, tampoco ha logrado que el Estado refuerce la presencia policial en la localidad para evitar que las ocupaciones se extiendan a los inmuebles que a¨²n quedan vac¨ªos. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, declar¨® que un mayor n¨²mero de agentes ¡°no frenar¨¢¡± a los ocupas, que no ser¨¢n desalojados mientras no haya violencia ni una orden judicial. Fuentes municipales creen que de Torre act¨²a m¨¢s ¡°como pol¨ªtico que como representante del Estado¡±.
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