12 causas judiciales acorralan al gobierno municipal de Ourense

Tras siete a?os de gobierno, la justicia cerca al Ayuntamiento socialista de Ourense. Ninguna ha llegado todav¨ªa a la fase de apertura de juicio oral, pero una docena de causas penales salpican actualmente a 11 pol¨ªticos municipales, ocho de ellos miembros de la Junta de Gobierno bipartita. Y todos los implicados miran al pr¨®ximo oto?o. Con la fontaner¨ªa de los partidos trabajando para la elecci¨®n de candidatos de los comicios locales de 2015 y con la instrucci¨®n judicial de algunas de las causas a punto de finalizar, el mes de septiembre est¨¢ marcado en rojo en el calendario.

La instrucci¨®n que m¨¢s preocupa, imput¨® a toda la Junta de Gobierno del a?o 2007 ¨Cun bipartito junto al BNG¨C por adjudicar, supuestamente a dedo, sin publicidad y con urgencia, la reforma de la calle Bedoya a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la lista electoral. La investigaci¨®n concluir¨¢ con el verano y si el juez ordena abrir juicio a todo el gobierno de aquel a?o, el actual alcalde y sus dos tenientes de alcalde, siguiendo la norma del PSOE, deber¨¢n dimitir a pocos meses de las elecciones. Ese vac¨ªo en un gobierno dividido en dos bandos, con cinco concejales afines al alcalde y otros cinco enfrentados al regidor, abrir¨ªa otra vez el mel¨®n del poder entre las dos familias socialistas ourensanas.

Aquella misma Junta de Gobierno bipartita est¨¢ siendo investigada en otros dos casos: por adjudicar una obra de forma urgente y sin publicidad, y por legalizar una urbanizaci¨®n con orden de derribo tras pagar una indemnizaci¨®n de 358.000 euros de forma supuestamente irregular. El juez que indaga ese proceder, tras imputar a la concejala de Urbanismo, ?urea Soto, est¨¢ a punto de encausar de nuevo a todo el gobierno de 2007, seg¨²n explican los propios se?alados por la denuncia. La investigaci¨®n de irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio, imput¨® a la teniente de alcalde, Marga Mart¨ªn, por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y cooperaci¨®n para estafa. El magistrado instructor constat¨® la existencia de facturas falsas por varios cientos de miles de euros, pagos inflados a la concesionaria y enchufes dirigidos desde la alcald¨ªa.

Aunque el regidor, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, suma dos imputaciones por supuesta prevaricaci¨®n, el horizonte pinta m¨¢s oscuro para la otra teniente de alcalde y edil de Urbanismo. Soto acumula imputaciones por presunta prevaricaci¨®n o malversaci¨®n en seis casos diferentes. Adem¨¢s de las derivadas de su presencia en la Junta de Gobierno, en el caso matadero se dilucida si prevaric¨® por conceder licencia para el derribo y construcci¨®n de un muro. Otro juez la investiga por conceder permiso de ocupaci¨®n y apertura a una residencia universitaria ilegal o por declarar secreto el nuevo plan de urbanismo en tramitaci¨®n y no permitir su consulta.

Los tent¨¢culos de la Operaci¨®n Pok¨¦mon llegaron a Ourense en 2012 y se llevaron por delante al exalcalde, Francisco Rodr¨ªguez ¨Cimputado por blanqueo de capitales, cohecho, tr¨¢fico de influencias o prevaricaci¨®n¨C, a un exedil del BNG tambi¨¦n imputado y adem¨¢s tumbaron el bipartito. La Pok¨¦mon destap¨® enchufes por toda Galicia, tambi¨¦n en Ourense, una pr¨¢ctica investigada a su vez por otro juez en caso de las asistencias t¨¦cnicas. La instrucci¨®n indaga supuesta prevaricaci¨®n y malversaci¨®n del exalcalde Rodr¨ªguez, del actual alcalde, de la directora general de Personal, Carmen Rodr¨ªguez, y de dos exoncejales del BNG, por enchufes de personal externo contratado como asistencia que luego consolid¨® puesto fijo. Adem¨¢s, tanto el alcalde Fern¨¢ndez como el exalcalde Rodr¨ªguez, han sido denunciados por el pago de un mill¨®n de euros, con facturas reparadas por el interventor, a un peri¨®dico local. Las indagaciones de la instructora encargada del caso permanecen estancadas desde hace meses.

Los jueces no son los ¨²nicos que cercan al Ayuntamiento. El fiscal jefe tiene entre sus manos dos casos que apuntan contra pol¨ªticos locales. Por un lado investiga si es ilegal que el alcalde endosase al Plan E aceras de su casa deb¨ªa pagar ¨¦l. Y por otro, rastrea las cuentas de la agrupaci¨®n municipal socialista al hallar indicios de supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en el pago del salario a un exasesor del partido, recientemente llamado a declarar como imputado. Pero la jurisdicci¨®n penal no es la ¨²nica que ha puesto contra las cuerdas al gobierno ourensano. A comienzos de julio, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumb¨® medio centenar de puestos a dedo de la plantilla municipal, entre ellos los de la hija, el ch¨®fer o las dos secretarias del alcalde. El gobierno dice que cumplir¨¢ la sentencia sin ceses o despidos. Y en medio de esta complicada mara?a judicial, el alcalde y sus ediles m¨¢s fuertes se afanan en denunciar una estrategia de acoso y derribo contra ellos.