Orihuela tramita su plan general sin poder legalizar 15.000 viviendas
El PGOU permite construir en el ¨²nico kil¨®metro costero sin cemento
En Orihuela hay parcelas que pueden albergar cuatro torres con 100 viviendas y en el catastro constar como que es suelo sin edificar. Este caso concreto es uno de los 15.000 ejemplos de viviendas ilegales que tiene la capital de La Vega Baja, cuyo pleno municipal vota hoy sacar a exposici¨®n p¨²blica una primera versi¨®n de su Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). El Ayuntamiento, que en 2008 intent¨® regularizar muchas de estas viviendas, se encomienda ahora a la futura ley auton¨®mica.
El urbanismo salvaje ha sido una constante en Orihuela, un lugar de un tama?o tan considerable (365 km?) que dificulta su control total: la l¨ªnea de costa, a media hora del n¨²cleo urbano, es una ciudad en s¨ª (30.000 habitantes); hay hasta 27 pedan¨ªas con poblaciones en suelo r¨²stico m¨¢s grandes que las de municipios cercanos y donde el Ayuntamiento no puede ni construir un centro social.
El Ayuntamiento cobrar¨ªa un mill¨®n de euros m¨¢s con el IBI de las ilegales
¡°El c¨¢lculo que tenemos es que, solo con regularizar las viviendas ilegales que tenemos, el Ayuntamiento recoger¨ªa un mill¨®n m¨¢s de euros¡±, admiti¨® el concejal socialista de Urbanismo, Antonio Zapata. Los problemas en algunos puntos del municipio son de ¨®rdago: urbanizaciones a las que no llega el correo, casas sin c¨¦dula de habitabilidad que pagan luz y agua tres veces m¨¢s de lo normal, carreteras en remotas zonas que acaban en la nada, Orihuela tiene hasta 2.000 casas con sentencia de derribo.
El Ayuntamiento renuncia ahora a la posibilidad de regularizar por sus propios medios esta enorme masa de viviendas, la mayor¨ªa en zona de huerta, tras sacar en 2008 un plan que no recogi¨® los frutos previstos.
¡°La regularizaci¨®n¡±, explica Zapata, ¡°tiene mejor acogimiento en la LOTUP auton¨®mica (Ley de Ordenaci¨®n del Territorio, Urbanismo y Paisaje)¡±, dice el concejal al tiempo que resalta que la idea de su gobierno es exponer al p¨²blico la versi¨®n inicial del plan durante tres meses (dos m¨¢s que lo que prescribe la ley).
El texto de la LOTUP legalizar¨¢ todas las casas fuera de ordenaci¨®n construidas antes de 1975. Otro supuesto establece para n¨²cleos en zonas no urbanizables la posibilidad de que los propietarios tramiten un programa de actuaci¨®n integrada y un plan especial que aprobar¨ªa la Generalitat.
Ecologistas en Acci¨®n y el partido local CLARO tienen previsto alegar contra el plan, que contempla construir en el ¨²ltimo kil¨®metro de costa virgen, donde adem¨¢s habitan un caracol y una planta end¨¦micos. ¡°La empresa ha presentado su plan de impacto medioambiental¡±, confiesan en el Consistorio. ¡°Tenemos las manos atadas. Si lo aprueba consejer¨ªa, no podemos hacer nada¡±, aseguran.
El urbanismo sin control, casi una tradici¨®n
¡°El problema ha estado en que la polic¨ªa local controla las parcelas cuando las casas se han construido y no cuando empiezan a levantarse¡±, expone Delf¨ªn Mart¨ªnez, vicedecano de los notarios valencianos, como explicaci¨®n general al fen¨®meno del urbanismo ilegal, muy vigente en puntos de las tierras valencianas desde la d¨¦cada de 1990.
Orihuela es un claro ejemplo de una Administraci¨®n que ha mirado hacia otro lado durante m¨¢s de 20 a?os de err¨¢tica ordenaci¨®n territorial. De hecho, la ¨²ltima alcaldesa, la popular M¨®nica Lorente, est¨¢ a punto de ser procesada por una cuesti¨®n urban¨ªstica.
En La Vega Baja las tendencias constructoras se han mantenido fieles al urbanismo fuera de la ley. ¡°Un 15% de las casas de la comarca ser¨¢n ilegales¡±, se?ala Horacio Fern¨¢ndez, de la Asociaci¨®n de Consumidores y Afectados de Urbanismo. En la zona, de un car¨¢cter muy rural, existe casi una cultura local que da un aire de ingobernabilidad a la zona y nunca ha sido afrontada por la administraci¨®n.
En 2006, la Generalitat lleg¨® a intervenir el urbanismo de Catral por tener m¨¢s de mil casas sin reglar. Pero no hizo lo propio con San Miguel de Salinas, Orihuela o Callosa de Segura, que ten¨ªan m¨¢s casas ilegales pero, a diferencia de Catral, estaban gobernadas entonces por el PP.
No solo las zonas de huerta, han sido objetivo del urbanismo incontrolado, donde suelos y fincas agr¨ªcolas inutilizadas han servido para ubicar urbanizaciones a las que no llega ni el correo. La construcci¨®n ilegal de particulares e inmobiliarias se ha extendido por el territorio. En general, la mayor¨ªa de pueblos valencianos de costa tienen varios episodios de este tipo si bien no son tan masivos como los de La Vega Baja.
El fen¨®meno del urbanismo salvaje en masa, en realidad, nace en el tardofranquismo. Desde entonces las casas fuera de ordenaci¨®n han encontrado una v¨ªa legal para salvarse. En Castell¨®n, por ejemplo, durante los a?os setenta del pasado siglo edificaron las viviendas de la Marjaler¨ªa, un humedal en el t¨¦rmino municipal de la capital, que acumula sentencias de derribo sin concretarse. Con la nueva ley auton¨®mica, las construidas antes de 1975 se salvar¨¢n.
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