Mas ha elevado ante el Constitucional 28 casos de invasi¨®n de competencias

El conflicto soberanista no solo se dirime en los despachos de la Moncloa y en la plaza de Sant Jaume. Antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Ley de Consultas, sobre la que pender¨¢ el refer¨¦ndum, el litigio ha desembocado de pleno en el Alto Tribunal. El Gobierno de catal¨¢n ha presentado ante el Alto Tribunal 19 recursos de inconstitucionalidad y 9 conflictos de competencias contra el de Mariano Rajoy al que acusa impulsar una din¨¢mica que afecta a la capacidad legislativa, a su autonom¨ªa financiera y la p¨¦rdida de facultades ejecutivas.

El gabinete de Artur Mas ha elaborado un documento sobre las deriva ¡°recentralizadora¡± de La Moncloa en el que se subraya que desde 2012 no se han reunido ni una sola vez las comisiones bilaterales Estado-Generalitat prevista en el Estatuto ni se ha negociado ninguna transferencia. Tras la reuni¨®n que mantuvo con Rajoy en la Moncloa, el pasado 29 de julio, Mas revel¨® que le hab¨ªa expuesto 23 reclamaciones, que versaban desde el pago de deudas, su oposici¨®n al cumplimiento del d¨¦ficit o la reivindicaci¨®n de infraestructuras. Pero muchas otras de esas reclamaciones se est¨¢n dirimiendo en el Constitucional. Rajoy ha dado instrucciones a sus ministros para que estudien las medidas con ¨¢nimo ¡°constructivo¡± y Mas explorar¨¢ esa buena voluntad negociadora con la salida que se le de a las mismas.

El informe mantiene que Rajoy est¨¢ aprovechando la crisis para vaciar de contenido el Estado auton¨®mico. El informe calcula que se han adoptado un centenar de medidas de ¡°recentralizaci¨®n¡± en 30 ¨¢reas dispares, que van desde la Acci¨®n Exterior a la gesti¨®n de las aguas, pasando por los horarios comerciales. Los recursos de inconstitucionalidad se concentran en estos ¨¢mbitos:

Ense?anza es el ¨¢mbito que genera mayor controversia a ra¨ªz de la LOMCE

Agricultura. El Gobierno de Mariano Rajoy ha atribuido a una agencia estatal de nuevo cu?o ¡ªla Agencia de Informaci¨®n y Control Alimentario¡ª el control y la potestad para imponer sanciones a los operadores que intervienen en la cadena alimentaria mediante una ley publicada en el BOE del 2 de agosto de 2013. El Gobierno catal¨¢n ha presentado un recurso de inconstitucionalidad porque consideran que el Estado ha fomentado ¡°la creaci¨®n de entidades asociativas agroalimentarias de ¨¢mbito supraauton¨®mico¡±, cuyo control depende del Ministerio de Agricultura ¡°en detrimento de la Generalitat¡±.

Comercio. La Ley de estabilidad presupuestaria es otra de las v¨ªas por las que, seg¨²n el informe, Rajoy ha intentado arrebatar competencias. Seg¨²n el documento, el Estado ha reducido el poder de la Generalitat para decidir los horarios comerciales¡± y ¡°ha determinado de forma exhaustiva los tipos de establecimientos que tienen plena libertad de horario comercial sin dejar ning¨²n margen de configuraci¨®n normativa a la Generalitat¡±. Otro apartado de esa misma ley ha sido igualmente objeto de recurso al liberalizar el Estado el periodo de rebajas para que sea ¡°de libre elecci¨®n por parte de los establecimientos¡±. En tercer lugar, la ley de liberalizaci¨®n del comercio (de diciembre de 2012) ha permitido al Gobierno central ¡°imponer la llamada autolicencia expr¨¦s¡± que ¡°suprime las licencias municipales vinculadas a los locales comerciales¡± de menos de 750 metros cuadrados.

La Generalitat pierde sus competencias sobre la fusi¨®n de municipios

Econom¨ªa y finanzas. La Generalitat lamenta que el Estado haya impugnado, tambi¨¦n ante el Constitucional, el ¡°impuesto sobre dep¨®sitos en las entidades de cr¨¦dito¡± que aprob¨® la Generalitat. Al mismo tiempo, ha creado un nuevo impuesto ¡°con un tipo de gravamen del 0%¡±, lo que tambi¨¦n es objeto de recurso.

Ense?anza.?El ¨¢mbito que acumula un mayor n¨²mero de actuaciones concentradas en la LOMCE. El recurso sostiene que la ley ha puesto ¡°en riesgo de desaparici¨®n¡± la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. El Gobierno est¨¢ dispuesto a que si la Generalitat no garantiza el castellano como lengua vehicular a descontarle de las transferencias el importe de la escolarizaci¨®n de alumnos en centros privados donde se de esa oferta. No solo se dirime el asunto de la lengua: el documento advierte que la Generalitat ha visto mermadas las ¡°funciones ejecutivas de gesti¨®n de las becas¡± al atribuirse el Ministerio ¡°la pr¨¢ctica de las notificaciones¡± en los procesos de adjudicaci¨®n, revisi¨®n y pago.

Los recursos impugnan, entre otras, leyes de Salud, Trabajo y unidad de mercado

El informe tambi¨¦n apunta a que la Generalitat ha perdido la posibilidad de participar en la evaluaci¨®n final de la educaci¨®n secundaria obligatoria y del bachillerato. Y aluden a otra p¨¦rdida de competencias, abunda el estudio: la Generalitat ¡°no podr¨¢ regular la modalidad de ense?anza en idioma extranjero¡± ni ¡°determinar los requisitos para crear y mantener los centros universitarios¡±. Tambi¨¦n pierde ¡°la facultad de regular el r¨¦gimen de dedicaci¨®n del personal docente e investigador¡±. A¨²n dentro de la ense?anza universitaria, el Gobierno catal¨¢n considera que ha visto ¡°limitada su autonom¨ªa financiera¡± al tener que abonar, a los estudiantes que hayan obtenido becas para pagar su matr¨ªcula, ¡°la diferencia entre el l¨ªmite m¨ªnimo que fija el Estado¡± y ¡°el precio p¨²blico¡±. Esa limitaci¨®n, concluye el documento, ¡°vulnera la Constituci¨®n¡± y el Estatuto, que le otorga ¡°la competencia exclusiva para ordenar y regular sus finanzas¡±. Por ¨²ltimo, el documento considera que la Generalitat ha perdido la posibilidad de intervenir en la regulaci¨®n del sistema de acceso a la ense?anza universitaria¡±. Ese nuevo zarpazo viene dado por la ley para la mejora de la calidad educativa, la pol¨¦mica LOMCE.

Gobierno local. El Estado ha vulnerado, seg¨²n el informe, ¡°la autonom¨ªa municipal¡± y ha invadido competencias ¡°en materia de r¨¦gimen local¡± mediante la Ley de racionalizaci¨®n y sostenibilidad de la administraci¨®n local. Como ejemplos, cita que la Generalitat ya no se podr¨¢ hacer cargo de la prestaci¨®n de servicios en municipios con menos de 20.000 habitantes; y que nada tiene ya que decir sobre fusi¨®n de municipios, selecci¨®n de funcionarios o apertura de centros de culto (diciembre de 2013).

Vivienda y Urbanismo. El Estado ha impuesto un informe sobre evaluaci¨®n de edificios y ha ¡°restado poder de decisi¨®n¡± en urbanismo mediante una regulaci¨®n m¨¢s detallada de las actuaciones de ¡°rehabilitaci¨®n y renovaci¨®n en el medio urbano¡±.

Medio ambiente. Rajoy ha iniciado una ¡°uniformizaci¨®n normativa¡± que excede las bases estatales sobre protecci¨®n del medio ambiente y que ¡°no deja margen para el desarrollo normativo¡± de la Generalitat.

Litoral y puertos. La ley de mayo de 2013 sobre protecci¨®n del litoral permite al Estado regular el r¨¦gimen de ¡°ocupaci¨®n y uso de las playas¡±, lo que tambi¨¦n choca con las competencias de la Generalitat. La norma habilita al Gobierno para ¡°determinar el nivel de protecci¨®n de los tramos de las playas¡±, as¨ª como aquellos tramos donde ¡°se podr¨¢n autorizar acontecimientos de inter¨¦s con repercusi¨®n tur¨ªstica¡±. Tambi¨¦n se modifica el r¨¦gimen de los puertos: la Generalitat tendr¨¢ que pagar el IBI mientras el Estado ¡°se reserva la asignaci¨®n de superficie de usos comerciales y de restauraci¨®n en los puertos¡±.

Salud. La ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (abril de 2012) invade, entre otras cosas, dice el texto, la regulaci¨®n de la cartera com¨²n de servicios, obligaci¨®n de dispensar medicamentos gen¨¦ricos o lista de hospitales que quedan eximidos del servicio de farmacia..

Sector el¨¦ctrico. El Estado se reserva la potestad de ¡°autorizar instalaciones de generaci¨®n de m¨¢s de 50 megavatios¡±, as¨ª como de ¡°resolver las reclamaciones de los usuarios¡± y los supuestos de suspensi¨®n del suministro.

Trabajo. La Generalitat ¡°deja de poder prestar asesoramiento t¨¦cnico¡± sobre seguridad y salud en el trabajo a peque?as y medianas empresas. Y pierde el poder imponer sanciones por incumplimiento de los deberes de las personas que reciben prestaciones de desempleo.

Unidad de mercado. Tambi¨¦n pierde ¡°una parte importante de la capacidad de decisi¨®n¡± sobre las condiciones de acceso y el ejercicio de actividades econ¨®micas, en virtud de la Ley de garant¨ªa de la unidad de mercado. Se alude tambi¨¦n a la imposibilidad de marcar el periodo de rebajas.