El impacto del ¡®caso Pujol¡¯

El caso Pujol est¨¢ teniendo un notable impacto en los medios de comunicaci¨®n, donde aparecen constantes comentarios sobre su significado y sus efectos en la situaci¨®n pol¨ªtica. Se ha dicho que este asunto representaba el fin del pujolismo y que hab¨ªa tocado de muerte a Converg¨¨ncia. E incluso se ha afirmado que el esc¨¢ndalo significar¨ªa una grave dificultad para el proceso soberanista catal¨¢n. Algunos comentaristas, ubicados desde siempre en el antipujolismo y en el antisoberanismo, persisten en augurar que el caso Pujol acabar¨¢ fragmentando y desmovilizando el catalanismo e incrementando las tensiones entre CiU y ERC.

En un sentido totalmente contrario, tambi¨¦n se han publicado comentarios que pretenden minimizar los efectos pol¨ªticos del caso present¨¢ndolo como un asunto personal o familiar, casi sin efectos en la pol¨ªtica catalana. Los que desean relativizar las repercusiones del esc¨¢ndalo sostienen que ¨¦ste, como mucho, concierne a Converg¨¨ncia, partido que deber¨ªa protagonizar un proceso de transformaci¨®n para emanciparse de la herencia pujolista. Buena parte de ¨¦stos son los que sostienen que el caso Pujol es independiente de la estrategia que defiende el derecho de la sociedad catalana a decidir democr¨¢ticamente su futuro.

Pienso que ambas posiciones son demasiado interesadas. Siempre es conveniente no especular demasiado sobre los efectos que puede tener un asunto como ¨¦ste en la vida pol¨ªtica. Es f¨¢cil equivocarse. ?Qui¨¦n se acuerda hoy del famoso viaje de Carod Rovira a Perpiny¨¤ que tanto esc¨¢ndalo provoc¨® hace diez a?os? ?En qu¨¦ afect¨® a medio y largo plazo a la vida pol¨ªtica catalana? En casi nada.

Lo m¨¢s relevante e inquietante del caso Pujol es que constituye una clara muestra de las complicidades y las tolerancias habidas en Catalu?a, como en toda Espa?a, con la corrupci¨®n pol¨ªtica. Y ello exige, como una necesidad prioritaria, la elaboraci¨®n de un Pacto Nacional contra la Corrupci¨®n, sin el cual el actual proceso soberanista catal¨¢n ser¨ªa ambiguo y poco convincente. No se trata del en¨¦simo pacto que acaba desnaturalizado, sino de un conjunto de medidas legales que creen unas instituciones y unos mecanismos que persigan realmente la corrupci¨®n y encarcelen a los corruptos. Un amigo sosten¨ªa hace poco que los daneses y los suecos eran mejores que nosotros ya que sus valores les hac¨ªan m¨¢s intransigentes con la corrupci¨®n. No es cierto: ellos tienen m¨¢s y mejores inspectores de hacienda y castigan m¨¢s severamente a los corruptos.

La gran fluidez de la pol¨ªtica de los ¨²ltimos a?os obliga a ser prudente y a no hacer previsiones precipitadas. El c¨®mo repercutir¨¢ el esc¨¢ndalo Pujol en el proceso soberanista se podr¨¢ apreciar, en un primer momento, el pr¨®ximo 11 de septiembre. Si la movilizaci¨®n ciudadana es notablemente inferior a la de hace un a?o, algo querr¨¢ decir. Sin embargo, ello tampoco ser¨¢ decisivo ya que los procesos movilizaci¨®n, y de desmovilizaci¨®n, popular dependen de m¨²ltiples factores pol¨ªticos e incluso emocionales que no siempre son f¨¢ciles de prever. Por otra parte, debe recordarse que es m¨¢s f¨¢cil lograr que la gente se desplace a poblaciones cercanas a su residencia que hacerlas concentrar en Barcelona, como se pretende este a?o.

En la actual situaci¨®n pol¨ªtica catalana ser¨¢ seguramente m¨¢s trascendente lo que haga, o no haga, el gobierno Rajoy en los pr¨®ximos tres o cuatro meses que los efectos del caso Pujol e incluso que lo que suceda en la propia Catalu?a. De hecho, ser¨¢ la actitud del gobierno espa?ol la que marque el ritmo pol¨ªtico. ?Se manifestar¨¢ totalmente intransigente ante la pretensi¨®n catalana de hacer una consulta ciudadana? ?Lo impedir¨¢ utilizando procedimientos legales o incluso represivos? ?Buscar¨¢ alg¨²n tipo de mediaci¨®n o negociaci¨®n? ?Forzar¨¢ con su cerraz¨®n a que en Catalu?a se convoquen unas elecciones de car¨¢cter plebiscitario ?

Pienso que es conveniente sintetizar lo sucedido en los ¨²ltimos diez a?os para no desviarse del n¨²cleo de la cuesti¨®n. As¨ª, debe recordarse: Primero, que hoy existe un innegable y mayoritario descontento en la sociedad catalana ante la situaci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a dentro del actual sistema auton¨®mico espa?ol. Segundo, que el m¨¢s relevante y mayoritario proyecto para rectificar esta situaci¨®n ¡ªel estatuto de 2006¡ª fue duramente atacado por el PP ¡ªque organiz¨® campa?as en su contra por toda Espa?a¡ª, notablemente cepillado por las Cortes Espa?olas y desvirtuado por un Tribunal Constitucional carente de autoridad moral y de independencia pol¨ªtica. Tercero, que ante la intransigencia del Gobierno del PP, y tambi¨¦n del PSOE, al Gobierno de la Generalitat, al Parlament y a buena parte de la sociedad catalana no les quedan m¨¢s que dos opciones: aceptar resignadamente la sumisi¨®n pol¨ªtica a unas leyes e instituciones que consideran insuficientes, injustas e incluso discriminatorias, u optar por cambiar la situaci¨®n pol¨ªtica dando la palabra a los ciudadanos. Y cuarto, que una buena parte de la sociedad catalana, y tambi¨¦n de la espa?ola, exigen hoy un cambio en las formas de hacer pol¨ªtica, mayor transparencia en las actuaciones y acabar con la corrupci¨®n pol¨ªtica.

El Gobierno espa?ol y la mayor¨ªa de los partidos estatales est¨¢n recurriendo de forma obsesiva a la legalidad vigente ignorando que la naturaleza del conflicto entre Catalu?a y Espa?a es pol¨ªtica, no jur¨ªdica. La suya es una actitud err¨®nea. Porque, al final, en todas las crisis, siempre es la legalidad la que acaba modific¨¢ndose para solucionar los problemas. Dejar pudrir las cosas conduce a situaciones dif¨ªcilmente resolubles sin provocar graves enfrentamientos.