El PP califica de ¡°inaguantable¡± la continuidad de Castedo en la alcald¨ªa
La regidora acumula dos imputaciones relacionadas con el urbanismo
El PP aumenta la presi¨®n contra Sonia Castedo para que deje de ser la alcaldesa de Alicante. Su doble imputaci¨®n en el caso Brugal,una por la tramitaci¨®n del PGOU y otra por el Plan Rabassa, complica su futuro pol¨ªtico. El problema es la salida y su sustituci¨®n.
En la direcci¨®n del PP conf¨ªan en que Castedo dimita antes de agotar mandato porque su situaci¨®n es ¡°inaguantable¡±. Si eso ocurriera, algo a lo que ella no est¨¢ dispuesta, se baraja que el concejal Miguel Valor, el m¨¢s veterano, asumiera la vara de mando hasta que el PP eligiera a un candidato para las pr¨®ximas municipales. Seg¨²n varias fuentes consultadas, en el actual equipo ¡°hay pocos candidatos¡±, ya que el vicealcalde, Andr¨¦s Llorens o el concejal Juan Seva est¨¢n imputados en otros casos judiciales. De esta manera, se podr¨ªan lanzar otras candidaturas como la de la consejera de Bienestar Social, Asunci¨®n S¨¢nchez Zaplana, o la diputada Macarena Montesinos.
El partido reclama la dimisi¨®n de la edil y que Valor asuma la alcald¨ªa
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inst¨® a Castedo a ¡°valorar lo que su acta significa tras su imputaci¨®n¡± y pidi¨® a los cargos del PP ¡°transparencia en un momento en el que hay una desafecci¨®n importante¡±. Fabra reiter¨® su compromiso de excluir a los imputados por corrupci¨®n de las listas, algo que tambi¨¦n repiti¨® la secretaria general del PP, Isabel Bonig, y el presidente provincial, Jos¨¦ Ciscar. La alcaldesa opt¨® por guardar silencio. Y la oposici¨®n exigi¨® una vez m¨¢s su dimisi¨®n, e incluso el PSPV se atrevi¨® a pedir prisi¨®n cautelar.
Y es que Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma una nueva. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida observa supuesta prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en la tramitaci¨®n del Plan Rabassa a favor del constructor Enrique Ortiz.
La regidora declarar¨¢ como imputada en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante el pr¨®ximo 27 de noviembre. El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividi¨® el caso Brugal, una macroinvestigaci¨®n en la que tambi¨¦n est¨¢ imputada Castedo por supuestos ama?os en la tramitaci¨®n del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado. En Rabassa tambi¨¦n est¨¢n imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro t¨¦cnicos.
Ortiz y cuatro t¨¦cnicos tambi¨¦n declarar¨¢n como imputados
El juez, Juan Carlos Cer¨®n, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones que abrir¨¢ Ortiz el 27 de octubre, seg¨²n inform¨® el Tribunal Superior de Justicia.
El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, la macrourbanizaci¨®n de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU vot¨® en contra en aquel pleno.
Del contenido del informe policial, seg¨²n Cer¨®n, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitaci¨®n del Plan Rabassa, cuya ejecuci¨®n fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009. Pese a la suspensi¨®n del plan, el Ayuntamiento de Alicante continu¨® con su tramitaci¨®n: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprob¨® someter a exposici¨®n p¨²blica el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, SL, e Ikea Ib¨¦rica SAU para implantar un centro comercial. Este hecho, supuestamente favorecer¨ªa a Ortiz, quien ten¨ªa un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.
Cer¨®n ha imputado adem¨¢s a cuatro t¨¦cnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jur¨ªdica del ¨¢rea de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Y el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peir¨®, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes del ministerio cuando gobernaba el PSOE. El magistrado pregunta tambi¨¦n al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis D¨ªaz Alperi y a la secretaria auton¨®mica de Territorio, Mar¨ªa ?ngeles Ure?a.
El contrato con Ikea, la hoja de ruta de Ortiz
El informe policial sobre el supuesto ama?o del Plan Rabassa realizado desde el Ayuntamiento y en favor del empresario Enrique Ortiz ha sido la guinda que ha revuelto una instrucci¨®n que estaba parada.
Las m¨¢s de 800 p¨¢ginas del documento elaborado por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera (UDEF) ofrecen ¡°nuevos hallazgos¡± respecto a los informes previos elaborados por la misma unidad en los que se observa la connivencia entre el promotor y varios pol¨ªticos del Ayuntamiento de Alicante, tanto del Partido Popular como del PSPV, para saciar sus intereses.
La UDEF interpreta y contextualiza las miles de llamadas hechas por el empresario, tambi¨¦n el m¨¢ximo contratista del Consistorio. La Polic¨ªa cree que Ortiz intent¨® por todos los medios y a trav¨¦s de presiones a funcionarios que el Plan Rabassa, donde preve¨ªa construir m¨¢s de 13.000 viviendas, saliera adelante como ¨¦l quer¨ªa, instalando adem¨¢s a Ikea en esta zona de la ciudad.
El informe incluye los distintos contratos firmados entre Ortiz y la multinacional sueca, as¨ª como las obligaciones adquiridas por el promotor al vender a Ikea unos terrenos que requer¨ªan del visto bueno administrativo para que se instalara all¨ª. Para la Polic¨ªa, esas obligaciones constituyen ¡°una aut¨¦ntica hoja de ruta para Enrique Tom¨¢s Ortiz y sirven para comprender la mara?a de contactos y gestiones posteriores para resolver a favor suyo y de la multinacional Ikea, el compromiso legal adquirido y desvelado en este informe¡±.
En el contrato firmado, Ortiz se compromete a ¡°impulsar¡± las iniciativas ¡°precisas hasta obtener la autorizaci¨®n definitiva mediante resoluci¨®n firme, por las administraciones competentes¡±. Ikea incluso pone fechas a cu¨¢ndo deben aprobarse por parte del Ayuntamiento y otras Administraciones convenios, informes urban¨ªsticos y proyectos. El incumplimiento del contrato, seg¨²n los documentos incautados por la Polic¨ªa en el despacho de Ortiz, faculta a Ikea a, por ejemplo, penalizar con 15.000 euros diarios por d¨ªa de retraso en la puesta en marcha del proyecto de los suecos.
¡°Yo estoy enganchado con los de Ikea porque como les vend¨ª una parcela y me dieron un dinero a cuenta, si anulo la operaci¨®n les tengo que devolver el dinero¡±, le dice Ortiz a un especialista en centros comerciales en las escuchas. ¡°He conseguido del Ayuntamiento que en vez de 62.000 el centro puede ser de 75.0000, 80.000 metros. Siempre te hablo de techo¡±, comenta al especialista sobre diversas modificaciones urban¨ªsticas.
Seg¨²n el informe, ¡°se hace necesario resaltar que sin la venia del Ayuntamiento a trav¨¦s de Sonia Castedo, ante las exigencias de la multinacional bajo la intermediaci¨®n del empresario investigado, no se hubiera firmado el contrato¡±. Es decir, si Ortiz no hubiera tenido el apoyo de Castedo ¡ªconcejal de Urbanismo entonces y luego alcaldesa¡ª nunca hubiera firmado con Ikea.
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