Alaya exige a la Junta los informes que fiscalizaron los cursos de formaci¨®n

La juez Mercedes Alaya busca aclarar el papel de la Intervenci¨®n General de la Junta, departamento que fiscaliza las cuentas de todo el Ejecutivo aut¨®nomo, en la nueva macrocausa de los cursos de formaci¨®n. Para ello, la instructora ha exigido al Gobierno andaluz que en un plazo de 10 d¨ªas le entregue ¡°los informes que haya realizado la Intervenci¨®n General desde el a?o 2002 en adelante para el programa 32D [sobre cursos de formaci¨®n]¡±, y as¨ª determinar si existieron informes que avalaron o censuraron, como en el caso de los ERE, las subvenciones. Es decir, en su prolongado examen a las ayudas p¨²blicas a la formaci¨®n, la juez quiere ver las opiniones de los interventores que durante una d¨¦cada visaron ayudas de la formaci¨®n, ya que los ¨²ltimos pagos del Gobierno se prolongaron hasta 2012, y en su petici¨®n a la Intervenci¨®n Alaya se remonta a 2002.

En esta macrocausa, que superar¨¢ los dos millones de folios y afecta a miles de empresas, Alaya ya le ha exigido a la Junta las subvenciones para cursos de formaci¨®n desde 2001 hasta la actualidad. Ahora esta nueva petici¨®n de la juez, expuesta en un auto del pasado 16 de septiembre, pone la lupa sobre la vigilancia de estos fondos por parte de la Intervenci¨®n General. Alaya considera delictivo el procedimiento con el que se repartieron las subvenciones, as¨ª como la ausencia de control sobre estos fondos, por eso ha encomendado a la Guardia Civil que recabe todos los informes que auditaron los cursos. La magistrada ya ha censurado en el caso ERE el papel de los interventores, y tanto el exinterventor delegado en la Consejer¨ªa de Empleo como el ex interventor general Manuel G¨®mez est¨¢n imputados en la causa.

La petici¨®n de Alaya es una diligencia esencial para poner orden en la macrocausa, dado el ingente volumen de los fondos (con una estimaci¨®n de m¨¢s de 3.000 millones de euros) y el periodo que abarca, que supera una d¨¦cada. Para ello la instructora ordena a la Guardia Civil que determine los informes previos de la Intervenci¨®n sobre ¨®rdenes de la Junta, los que afectan a los expedientes que superaron los tres millones y se aprobaron en Consejo de Gobierno, as¨ª como los informes sometidos al control financiero. Sobre este ¨²ltimo aspecto, la juez se refiere a informes ¡°sobre Control Financiero Peri¨®dico¡±, pero esta definici¨®n no existe, por lo que probablemente alude a los informes sobre expedientes concretos de control financiero, seg¨²n las fuentes consultadas.

El portavoz del Ejecutivo, Miguel ?ngel V¨¢zquez, ha replicado este martes que la Junta responder¨¢ ¡°como siempre en tiempo y forma¡± a la petici¨®n de Alaya para la entrega de informaci¨®n. ¡°La voluntad de este Gobierno es colaborar en la resoluci¨®n de los casos que est¨¢n sometidos a investigaci¨®n¡±, ha insistido V¨¢zquez. Los reproches y amenazas de la juez a los retrasos de la Administraci¨®n en la entrega de la informaci¨®n han sido continuos. Tan frecuentes como las r¨¦plicas de la Junta sobre la imprecisi¨®n de las peticiones de la juez, al pedir esta datos e informes de manera global.

En definitiva, en su ¨²ltimo auto Alaya encarga a los investigadores que analicen todos los pronunciamientos de la Intervenci¨®n sobre las ayudas. Cada a?o la Intervenci¨®n emite informes previos sobre las bases reguladoras y ¨®rdenes de convocatoria de la Junta (entre ellas las referentes a la formaci¨®n). Cuando las ayudas superan los tres millones, deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno dado su car¨¢cter de ¡°concesi¨®n directa¡± y visadas de manera preventiva por los informes previos de la Intervenci¨®n General. Finalmente, los interventores examinaban de manera aleatoria cada a?o alrededor de unos 600 expedientes a trav¨¦s de la figura del control financiero, por lo que entre estos expedientes habr¨¢n figurado sin duda algunos relativos a los cursos de formaci¨®n.

La juez quiere que la Guardia Civil precise ¡°la explicaci¨®n de la Intervenci¨®n¡± sobre el diferente tratamiento de la concesi¨®n de fondos p¨²blicos. Y para ello quiere que diferencie entre las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las concedidas por los delegados provinciales de Empleo. Adem¨¢s, incluye un matiz muy concreto sobre si existi¨® ¡°algunas particularidades en la Delegaci¨®n Provincial de Empleo de Sevilla¡±, al frente de la cual estuvo durante a?os el exdelegado imputado Antonio Rivas, y ¡°el papel que realiz¨® la Intervenci¨®n en el control financiero de las subvenciones¡±, y reclama una ¡°explicaci¨®n ajustada a la legalidad sobre las mencionadas exoneraciones¡±. Sobre las exoneraciones, que permitieron que Ayuntamientos, Diputaciones y empresas pudieran optar varios a?os a nuevas subvenciones sin haber justificado las concesiones anteriores, ya se ha pronunciado Alaya. En el auto de imputaci¨®n del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez la magistrada censur¨® los 950 millones ¡°sin justificar¡± gracias a las exoneraciones. Ahora la juez quiere saber si la Intervenci¨®n se ha pronunciado sobre estas resoluciones, recogidas en la ley.

Mientras, Alaya cita a declarar el pr¨®ximo 9 de octubre a Teodoro Montes, responsable de Formaci¨®n Profesional de la Junta, y cuya declaraci¨®n ante la Guardia Civil hace un a?o fue el detonante de la causa. El alto cargo censur¨® la adjudicaci¨®n de fondos p¨²blicos de manera ¡°arbitraria¡± a sindicatos, empresarios y fundaciones con un escaso control desde la Administraci¨®n. En una segunda declaraci¨®n ante los agentes, Montes salpic¨® tanto a los directores generales de Formaci¨®n como a los sucesivos viceconsejeros y consejeros de Empleo.