La fiscal¨ªa pide inhabilitar a tres consejeros de Camps por G¨¹rtel

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado inhabilitar a tres exconsejeros valencianos de los Gobiernos de Francisco Camps a los que acusa de haber prevaricado para adjudicar contratos a la trama G¨¹rtel. Se trata de Alicia de Miguel (nueve a?os de inhabilitaci¨®n) Manuel Cervera (ocho) y Luis Rosado (siete). La fiscal¨ªa pide que el l¨ªder de la red, Francisco Correa, y los cabecillas Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, sean condenados a 10 a?os de prisi¨®n. Y reclama penas que van de la inhabilitaci¨®n a los siete a?os de c¨¢rcel para 18 cargos intermedios y empleados de la Generalitat. Entre ellos figura David Serra, que tambi¨¦n ha sido diputado popular en las Cortes Valencianas, cargo al que renunci¨® recientemente.

Anticorrupci¨®n les atribuye, adem¨¢s del delito de prevaricaci¨®n, los de tr¨¢fico de influencias, falsedad documental, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y fraude.

La trama, afirman los fiscales, se vali¨® de las ¡°especiales relaciones¡± tejidas con las autoridades valencianas para conseguir "numerosos contratos p¨²blicos con diversas consejer¨ªas de la Generalitat Valenciana y con organismos y empresas p¨²blicas dependientes de la misma¡±.

Para ello ¡°realizaron toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar¡± las leyes de contrataci¨®n de las Administraciones y ¡°alterar los documentos necesarios para conseguir tal finalidad¡±, sigue Anticorrupci¨®n.

La red logr¨® contratos que la fiscal¨ªa considera irregularmente adjudicados, adem¨¢s de en nueve consejer¨ªas, en una fundaci¨®n, cinco sociedades y dos agencias p¨²blicas.

Entre los m¨¦todos empleados por la Administraci¨®n y la red de Correa para asegurarse las adjudicaciones evitando la competencia, los fiscales mencionan el ¡°centrifugado de la facturaci¨®n¡±. Este sistema consisti¨® ¡°en el reparto de la facturaci¨®n emitida entre diferentes ¨®rganos, dentro del entramado complejo de la Administraci¨®n¡± de modo que se ¡°imposibilitase la relaci¨®n entre las mismas¡±. ¡°O con el recurso del sistema de pago de las facturas por caja fija¡±, pensada para el abono de ¡°suministros¡± y ¡°no para el pago de contratos de grandes eventos o de elevada cuant¨ªa econ¨®mica¡±, se?ala el escrito remitido al juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Jos¨¦ Ceres.

Como en otras ramificaciones del caso G¨¹rtel ¡ªel TSJ mantiene abiertas seis piezas separadas¡ª las mayores penas en las filas de la Administraci¨®n se solicitan, en general, para los cargos medios e inferiores. La investigaci¨®n acumula contra ellos m¨¢s evidencias, como correos electr¨®nicos, porque presuntamente se encargaron de los detalles en el ama?o de los contratos. A diferencia de otros macroprocesos de corrupci¨®n, como el Palma Arena, a pesar de la generalizaci¨®n de las supuestas adjudicaciones trucadas a lo largo y ancho de la Generalitat, en pocos casos empleados y cargos del segundo y tercer escal¨®n imputados han declarado haber recibido ¨®rdenes de autoridades superiores concretas.

La fiscal¨ªa pide siete a?os de c¨¢rcel para Juan Miguel Bellver, exdirector de Vaersa, y Antonio Santo Juan, jefe de comunicaci¨®n en la misma empresa p¨²blica de medio ambiente. Cinco a?os y medio para Carmen D¨ªaz Quintero, gerente de la fundaci¨®n La Luz de las Im¨¢genes. Cuatro a?os y siete meses de prisi¨®n para Vicente Farn¨®s, exsubdirector de Castell¨® Cultural. Tres a?os para Joaqu¨ªn Fernando Tom¨¢s Font de Mora, exdirector del gabinete jur¨ªdico de Vaersa. Cuatro a?os para Enrique Bort, exjefe de gabinete de Sepiva. Y seis meses de prisi¨®n para el excargo en varios departamentos Jos¨¦ Manuel Vidal.

Al resto de acusados de la Generalitat la fiscal¨ªa pide que sean inhabilitados durante largos periodos. Entre ellos figuran Dora Ibars, exdirectora de Promoci¨®n Institucional. Silvia Caballer, exdirectora general. Y Arantxa Vall¨¦s, exresponsable de la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunidad Valenciana.

Los socialistas valencianos solicitan por su parte tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n para la exconsejera de Bienestar Social De Miguel y para el exdiputado Serra, tambi¨¦n imputado por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP. Y un a?o y cuatro meses de c¨¢rcel para los exconsejeros de Sanidad Rosado y Cervera. El PSPV pide tambi¨¦n para los cuatro largas penas de inhabilitaci¨®n.