El exconsejero ?ngel Ojeda recurre para evitar que Alaya asuma su caso
La defensa sostiene que la juez no tiene competencia para investigar las ayudas
El exconsejero y empresario ?ngel Ojeda considera que la investigaci¨®n sobre las ayudas que la Junta de Andaluc¨ªa le concedi¨® para los cursos de formaci¨®n debe permanecer en el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de C¨¢diz, que se ha inhibido en favor de la juez sevillana Mercedes Alaya. La magistrada ha imputado a Ojeda en la macrocausa que tiene abierta sobre los cursos de formaci¨®n desde el a?o 2001.
Ojeda ha recurrido el auto de inhibici¨®n del magistrado de C¨¢diz Miguel ?ngel L¨®pez Marchena, entre otros argumentos porque no est¨¢ acreditado que Alaya comenzara a investigar antes los hechos que se analizan. Adem¨¢s, Alaya pone el foco en la concesi¨®n de las ayudas por parte de la Consejer¨ªa de Empleo, mientras L¨®pez Marchena se centra en la gesti¨®n de las ayudas que hizo Ojeda para hacer los cursos.
El exconsejero ha presentado un recurso ante el juzgado gaditano para que revoque su decisi¨®n de enviar la causa a Alaya. El principal argumento esgrimido es que no est¨¢ acreditado que dos juzgados diferentes est¨¦n investigando los mismos hechos. ¡°No existe acreditaci¨®n suficiente de que el juzgado de Sevilla se encuentre investigando las mismas y exactas subvenciones¡± que relat¨® la polic¨ªa en un atestado, expone el escrito de defensa. Ojeda subraya que los juzgados investigan subvenciones excepcionales concedidas por la Consejer¨ªa de Empleo, pero tambi¨¦n otras concedidas a empresas suyas por el delegado de este departamento en C¨¢diz.
Dos juzgados ya se han inhibido en favor de la instructora de los ERE
¡°Por el cierto caos o desorden definitorio en torno a cu¨¢les sean con claridad los objetos procesales de ambas investigaciones criminales y salvo que aceptemos la intolerable premisa de que una persona o un grupo de empresas pueda ser investigada indiscriminada, ampliamente, sine die, de manera prospectiva e indagatoria hasta encontrar pruebas de delito (¡) no existe acreditaci¨®n de que en juzgados diferentes se est¨¦n investigando los mismo hechos¡±, expone ?ngel Ojeda.
Es la segunda vez que el empresario recurre el env¨ªo de una investigaci¨®n a Alaya. En la causa que tiene abierta en los juzgados de Algeciras por unos cursos de formaci¨®n, tambi¨¦n recurri¨® ante el juez que se inhibi¨® y posteriormente ante la Audiencia de C¨¢diz, que a¨²n debe resolver la cuesti¨®n. La Guardia Civil alert¨® en un informe de la falta de eficacia que pod¨ªa tener esta investigaci¨®n, que han iniciado varios cuerpos policiales y jueces de la comunidad. La decisi¨®n que adopte la Audiencia de C¨¢diz sobre qui¨¦n debe asumir la causa de Ojeda es relevante porque marcar¨¢ el camino a casos similares. En caso de que las discrepancias jurisdiccionales se prolonguen, ser¨¢ el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa el que resuelva qui¨¦n investiga los cursos de formaci¨®n.
En su recurso ante el juzgado de C¨¢diz, Ojeda se queja de que no est¨¦ acreditado que Alaya comenzara su investigaci¨®n antes que L¨®pez Marchena, ya que el auto de la instructora no incluye la fecha de inicio de las pesquisas. ¡°Lo parcialmente relevante no es la fecha de apertura sino la fecha concreta en la que un juzgado pueda acreditar que investiga una concreta y exacta actividad delictiva contra una persona o empresa determinada¡±.
Adem¨¢s, el empresario esgrime que ¡°en todo caso es C¨¢diz el territorio¡± donde se han impartido los cursos de formaci¨®n y donde se habr¨ªan cometido ¡°las presuntas irregularidades¡±.
Por orden del juzgado gaditano, la polic¨ªa detuvo a Ojeda el pasado 6 de agosto acusado de falsedad, fraude en subvenciones y apropiaci¨®n indebida y, tras prestar declaraci¨®n, sali¨® en libertad. Un mes despu¨¦s la fiscal¨ªa promovi¨® la inhibici¨®n de este ¨®rgano judicial a favor de Alaya. Finalmente el 24 de septiembre L¨®pez Marchena se inhibi¨® a favor de Alaya. La juez no esper¨® la resoluci¨®n del magistrado gaditano, y 10 d¨ªas antes de su inhibici¨®n ya hab¨ªa imputado a Ojeda por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n continuados. Alaya le acusa de recibir 33 millones en subvenciones excepcionales a la formaci¨®n y la contrataci¨®n a trav¨¦s del grupo Prescal.
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