Un testigo denuncia sin pruebas mordidas de la CEA y los sindicatos
El funcionario dice que hubo malos tratos en una fundaci¨®n, pero no lo denunci¨®
El funcionario Teodoro Montes, principal testigo de la macrocausa sobre los cursos de formaci¨®n que instruye la juez Mercedes Alaya, ha disparado a discreci¨®n con acusaciones grav¨ªsimas contra la Junta, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Sin aportar pruebas, Montes ha acusado a una fundaci¨®n p¨²blica del Gobierno de maltratar a personas discapacitadas y a los agentes sociales de lucrarse a trav¨¦s de comisiones ilegales de hasta el 20% por los cursos de formaci¨®n.
El testigo estrella de Alaya en su nueva causa acus¨® a la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa (CEA) y a los sindicatos UGT y CC OO de percibir mordidas pagadas por las empresas subcontratadas a cambio de impartir cursos de formaci¨®n subvencionados por la Junta. Es decir, seg¨²n el testimonio del jefe del departamento de gesti¨®n de Formaci¨®n Profesional, los tres agentes sociales recibieron comisiones ilegales de hasta el 20% por subcontratar algunos cursos. El decreto que en 2009 regul¨® la Formaci¨®n Profesional establece la posibilidad de justificar hasta el 20% de ciertos gastos al subcontratar con terceras entidades los cursos, pero la denuncia de Montes relata que los agentes sociales percibieron mordidas ajenas a todo tipo de justificaci¨®n del gasto, unas comisiones que conoci¨® gracias a que se lo contaron los propios empresarios pagadores, seg¨²n dijo ayer. La CEA neg¨® la percepci¨®n de estas supuestas comisiones ilegales y sus servicios jur¨ªdicos estudian querellarse contra Montes por sus declaraciones.
La juez ya investiga el reparto de fondos p¨²blicos para la formaci¨®n que realiz¨® la CEA entre 1999 y 2013 entre una decena de empresas. Alaya orden¨® a la Agencia Tributaria que detalle todas las operaciones con terceros y declaraciones de IVA de la patronal andaluza.
La carga de la dinamita lanzada por Montes contra los agentes sociales es similar a la dispuesta contra la fundaci¨®n p¨²blica de la Junta Faisem (Fundaci¨®n P¨²blica Andaluza para la Integraci¨®n de Personas con Enfermedad Mental). El funcionario denunci¨® que esta entidad infligi¨® da?o ¡°f¨ªsico y mental¡± a personas discapacitadas que atendieron como alumnos a un curso de formaci¨®n. El testigo plante¨® que estas personas con enfermedad mental hab¨ªan sido anestesiadas y recibieron medicaci¨®n para evitar que elevaran quejas por soportar condiciones insalubres, sin aire acondicionado y con m¨¢s de 55 grados de temperatura en pleno verano. El funcionario asegur¨® que hab¨ªa anulado dicho curso tras su inspecci¨®n, pero evit¨® acudir al juzgado para denunciar las irregularidades. A continuaci¨®n, Montes afirm¨® que ciertas entidades han utilizado durante los ¨²ltimos a?os alumnos como mano de obra ¡°barata o gratuita¡±, seg¨²n fuentes del caso presentes en la declaraci¨®n.
En el patronato de Faisem figuran tres consejer¨ªas ¡ªSalud, Innovaci¨®n y Educaci¨®n¡ª. Ante las acusaciones contra la entidad p¨²blica, el Ejecutivo se querellar¨¢ contra Montes, seg¨²n avanzaron ayer fuentes de la Junta. ¡°Es obvio que Faisem se investigar¨¢ porque la defensa de los discapacitados corresponde a la fiscal¨ªa, pero la acreditaci¨®n probatoria tiene que acompa?ar al testimonio¡±, alertaron fuentes del ministerio p¨²blico sobre la declaraci¨®n del testigo. Montes comenz¨® su declaraci¨®n con una queja por las informaciones period¨ªsticas sobre su declaraci¨®n, y tras plantear que hab¨ªa sido grabado, la juez descart¨® esta posibilidad y le dijo que los abogados ten¨ªan derecho a informar sobre su testimonio a los medios de comunicaci¨®n, ya que las actuaciones no son secretas.
El testimonio de Montes, escoltado por la Guardia Civil, se centr¨® en denunciar la ¡°inutilidad¡± de la pol¨ªtica de formaci¨®n desarrollada por la Junta a trav¨¦s de miles de cursos ¡ªMontes mencion¨® que solo en Sevilla se celebraban entre 3.000 y 3.500 cursos al a?o, y fuentes del caso elevan a m¨¢s de 20.000 cursos en toda Andaluc¨ªa cada a?o¡ª.
Las graves denuncias del funcionario sobre las comisiones ilegales llegaron tras cinco horas de declaraci¨®n, y cuando la juez le pidi¨® que concretara nombres y detalles que sustentaran las supuestas irregularidades, el funcionario aleg¨® que no los recordaba en ese momento. Alaya aplaz¨® entonces la comparecencia hasta esta ma?ana, cuando continuar¨¢ la tercera jornada de su declaraci¨®n. A pesar de acudir al juzgado con una gran bolsa repleta de documentos, de momento Montes no ha esgrimido las pruebas para reforzar todas sus denuncias que puedan refutar las previsibles querellas que presentar¨¢n los afectados por sus acusaciones.
Un recurso sin cr¨¦dito y archivado
El jefe del departamento de gesti¨®n de la Formaci¨®n Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, denunci¨® a sus superiores en la Junta por acoso laboral en 2009. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) le dio la raz¨®n tres a?os despu¨¦s y estim¨® sus argumentos, por lo que orden¨® su restituci¨®n en el cargo del que hab¨ªa sido relevado. ¡°Se condena a la Administraci¨®n ¡ªla antigua Consejer¨ªa de Empleo¡ª a reponer al demandante en su puesto de jefe de servicio de gesti¨®n de FPO, asign¨¢ndole las funciones propias del mismo, debiendo cesar las conductas de acoso y hostigamiento¡±, fij¨® el TSJA.
Sin embargo, en 2013 Montes estim¨® que la Junta, tras usurparle sus funciones y pese a la sentencia firme, no se las restituy¨®, por lo que recurri¨® el cumplimiento de la condena a la Junta ante el Juzgado de lo Contencioso 6 de Sevilla. Tras estudiar la cuesti¨®n, la juez Isabel Castillo desestim¨® el recurso de Montes porque sus alegaciones no hab¨ªan quedado acreditadas. La magistrada destac¨® que el funcionario dispon¨ªa de clave de usuario para acceder a las aplicaciones propias como jefe de departamento, adem¨¢s de ¡°emails de contenido laboral que ponen de manifiesto que el actor viene ejerciendo las funciones inherentes¡± a su cargo. En el auto del 26 de junio de 2013, la juez archiv¨® el asunto y conden¨® a Montes en costas. Dos meses despu¨¦s el funcionario se dirigi¨® a la Guardia Civil para denunciar en dos declaraciones consecutivas las ¡°graves irregularidades¡± cometidas por la Junta en los cursos de formaci¨®n. Un a?o despu¨¦s, Montes ha dicho a Alaya que sus superiores hab¨ªan desmantelado su departamento hasta dejarle sin tel¨¦fono ni Internet.
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