Rigau recurre ante el Constitucional el decreto del castellano en la escuela
Convivencia C¨ªvica dice que 85 escuelas han recibido la petici¨®n de escolarizarci¨®n biling¨¹e
El Gobierno catal¨¢n finalmente ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional el decreto que obliga a la Generalitat a pagar una plaza escolar privada en castellano a las familias que as¨ª lo soliciten. El acuerdo se tom¨® ayer en el Consejo Ejecutivo y fuentes del departamento de Ense?anza explican que la presentaci¨®n del recurso "es inminente".
El texto alega que hay "una invasi¨®n y menoscabo" en las competencias de la Generalitat.? "El Estado no dispone de competencias para establecer este mecanismo", dice el recurso, lo que "supondr¨¢ una separaci¨®n de los alumnos por raz¨®n de lengua, algo contrario al r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico de la ense?anza en Catalu?a", que est¨¢ amparado por el Estatuto.
El decreto en cuesti¨®n regula la compensaci¨®n de costos de una disposici¨®n adicional de la Ley Org¨¢nica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta determinaba que cuando una Comunidad Aut¨®noma no puede garantizar la ense?anza en castellano "en una proporci¨®n razonable" y cuenta con la posibilidad de ofrecerla en un centro privado, el Gobierno central le conseguir¨¢ una plaza a la familia interesada en este centro, pero los gastos correr¨¢n a cargo de la Generalitat.
Ense?anza, la cartera que dirige la consejera Irene Rigau (CiU), a¨²n est¨¢ estudiando las peticiones que ha recibido en este sentido, pero a¨²n no se conoce el n¨²mero exacto ni de qu¨¦ manera ser¨¢n respondidas. Seg¨²n Convivencia C¨ªvica, este curso se han presentado solicitudes de educaci¨®n biling¨¹e en 85 centros educativos, de 39 localidades de Catalu?a. El proceso para poder acceder a la escolarizaci¨®n en castellano, sin embargo, es muy farragoso.
La decisi¨®n de la Generalitat llega despu¨¦s de la negativa del requerimiento que Rigau hizo al Gobierno y del dictamen del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias. El acuerdo de Gobierno catal¨¢n era el ¨²ltimo requisito pendiente para poder llevar el recurso al Tribunal Constitucional.
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