Catalu?a tiene 450.000 pisos vac¨ªos y 230.000 familias sin vivienda
Solo el 2% del total de los inmuebles residenciales catalanes son de alquiler social


En Catalu?a hay 450.000 pisos vac¨ªos. Y 231.000 familias que necesitan una vivienda asequible. Es decir, el n¨²mero de inmuebles desocupados duplica el de hogares con necesidad de un techo. Estas cifras forman parte de la radiograf¨ªa sobre el alquiler social en Catalu?a, que ayer present¨® la Mesa del Tercer Sector. ?ngels Guiteras, presidenta de la entidad, se quej¨® una vez m¨¢s del atraso en pol¨ªticas de vivienda social. Solo el 2% del total de parque de pisos se dedica a este fin, mientras que la media europea es 13 puntos superior.
El informe fue realizado por Carme Trilla, jefa del Servicio de Mediaci¨®n en la Vivienda de C¨¢ritas Diocesana de Barcelona, y Tere Berm¨²dez, encargada del programa Sin hogar ni vivienda de la misma ONG. Los c¨¢lculos de ambas expertas muestran que unos 100.000 pisos vac¨ªos est¨¢n en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), otros 80.000 son inmuebles de nueva construcci¨®n que el mercado no ha podido absorber y la gran mayor¨ªa, unos 270.000, son propiedad de particulares que no les dan uso.
De otro lado, Trilla y Berm¨²dez utilizan dos m¨¦todos para establecer cu¨¢ntas unidades familiares, por su situaci¨®n econ¨®mica o porque su hogar no cumple con las normas m¨ªnimas de habitabilidad, ser¨ªan el objetivo de las pol¨ªticas de alquiler asequible. Ambas maneras, sin embargo, dan un n¨²mero similar: alrededor de 231.000. Ambas investigadoras aceptan la dificultad de realizar estos c¨¢lculos.
La primera estimaci¨®n se hace de acuerdo a una detecci¨®n de necesidades. Se tienen en cuenta, por ejemplo, las 50.000 familias que han sido desahuciadas de su vivienda en los ¨²ltimos cinco a?os (50.000, seg¨²n las cifras del Consejo General del Poder Judicial), los registrados en las listas de pisos protegidos de la Generalitat (69.000) y unas 65.000 familias en riesgo de exclusi¨®n social. ¡°Cinco de cada mil ciudadanos tiene alg¨²n tipo de problem¨¢tica de mal alojamiento. Seg¨²n las cifras de 2009, las ¨²ltimas disponibles, ser¨ªan unas 37.000 personas sin techo, sin vivienda, con una casa insegura o inadecuada¡±, explica Trilla. El c¨¢lculo tambi¨¦n incluye una demanda oculta de 10.000 familias.
La segunda estimaci¨®n fue realizada siguiendo los est¨¢ndares europeos. Se parte de la meta de un 15% del total del parque de vivienda dedicado a alquiler asequible y se le resta la oferta disponible. As¨ª, Catalu?a deber¨ªa tener 440.000 viviendas de alquiler p¨²blico, pero solo cuenta con 60.000, y otras 150.000 de un parque privado con rentas reducidas. Por tanto, el d¨¦ficit es de 230.000.
C¨¢ritas y la Mesa del Tercer Sector piden "soluciones radicales" al problema de la vivienda
Trilla asegur¨® que ¡°es una evidencia que no dispondremos en los pr¨®ximos a?os de un parque de vivienda capaz de absorber esta demanda sino adoptamos soluciones radicales¡±. Una de estas podr¨ªa ser¨ªa multar los pisos vac¨ªos, algo que ya han puesto en marcha varios ayuntamientos. El de Barcelona, por ejemplo, aprob¨® la medida en enero pero a¨²n no ha impuesto ninguna multa. A¨²n no ha desarrollado el reglamento para imponer las sanciones. Una portavoz municipal explica que igualmente se trabaja con las entidades bancarias para poder lograr la cesi¨®n de pisos y se han comprado algunas promociones de Regesa para alquile asequible. Santa Coloma de Gramanet y Terrassa, con normativas similares, s¨ª han puesto multas de hasta 5.000 euros.
La Mesa del Tercer Sector pidi¨® hacer ¡°una utilizaci¨®n decidida¡± de estos pisos vac¨ªos y potenciar f¨®rmulas p¨²blico privadas de gesti¨®n. Se tratar¨ªa de que entidades sin ¨¢nimo de lucro o especializadas en vivienda social gestionen y que las diferentes Administraciones regulen.
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