El escenario de la guerra entre la juez Alaya y la Junta
La instructora decidir¨¢ esta semana sobre el recurso del Gobierno andaluz
La guerra procesal abierta entre la Junta y la juez Mercedes Alaya tendr¨¢ previsiblemente un intenso recorrido, dado que est¨¢ en juego la continuidad de la juez al frente de la macrocausa de la formaci¨®n. Y en este nuevo escenario, ambas partes se juegan mucho, bastante m¨¢s que el prestigio jur¨ªdico.
La juez tumbar¨¢ previsiblemente en los pr¨®ximos d¨ªas el recurso presentado por la Junta ante ella para que se aparte de la macrocausa por vulnerar ¡°normas procesales¡± tras el testimonio ofrecido por el testigo clave del caso, el funcionario Teodoro Montes, y crear una ¡°causa general¡±. Y tras el rechazo de Alaya, las opciones de la Junta, que descarta recusar a la juez, son tres: interponer una querella por prevaricaci¨®n judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (la m¨¢s arriesgada); recurrir ante la Audiencia de Sevilla el auto de Alaya (con dificultades procesales) o limitarse al recurso avanzado el lunes y no continuar con la bater¨ªa de acciones judiciales. Esta opci¨®n es la m¨¢s remota dado el desgaste que implica recurrir ante Alaya como parte acusadora, y ser¨ªa extra?o que todo quedara en un simple recurso que la instructora tumbar¨¢ con su dureza habitual.
¡°Los pulsos jur¨ªdicos hay que echarlos para ganarlos, y si se trata de un Gobierno aut¨®nomo, m¨¢s a¨²n. La Junta no puede permitirse que esto sea un brindis al sol¡±, expone un abogado que censura la manera de instruir de Alaya.
El Ejecutivo podr¨ªa querellarse ante el TSJA o recurrir en la Audiencia
La opci¨®n de querellarse contra la juez es la m¨¢s extrema, pero fuentes del Ejecutivo no la descartan. En el recurso presentado ante Alaya por la Junta, la cr¨ªtica a la juez por la ruptura de normas procesales, es severa. Pero de ah¨ª a convertir la censura en querella por prevaricaci¨®n judicial, hay un paso.
La clave de la prevaricaci¨®n judicial es hallarse ante una actuaci¨®n de un juez que no sea defendible desde el punto de vista jur¨ªdico, desde ninguna perspectiva. ¡°Una posici¨®n equivocada no es prevaricadora¡±, recuerdan con cautela fuentes del caso. Por eso dar el salto, al margen de la excepcionalidad de una querella desde un Gobierno aut¨®nomo contra una juez de instrucci¨®n, es tan complejo.
Para la Junta la opci¨®n intermedia supone confiar en que sea posible recurrir ante la Audiencia tras el auto de rechazo de Alaya. Los juristas discrepan sobre esta posibilidad, dado que el Ejecutivo se bas¨® en el art¨ªculo 240 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para fundamentar su recurso y reclamar la nulidad de la instrucci¨®n de Alaya, y el art¨ªculo 241 aclara que ¡°contra la resoluci¨®n que resuelva el incidente no cabr¨¢ recurso alguno¡±. Sin embargo, fuentes del caso alegan que este art¨ªculo solo afecta a ¡°resoluciones definitivas¡± y no ¡°intermedias¡±, como la apertura de la causa por parte de Alaya, que es el coraz¨®n de la discrepancia. En cualquier caso, las decisiones previas de los superiores de Alaya respecto al respaldo ofrecido a la instructora no son un buen augurio para la Junta.
El Gobierno entrega a Alaya las actas de los ¡®consejillos¡¯
La Junta entreg¨® ayer en el juzgado de Mercedes Alaya las actas de las reuniones de la comisi¨®n general de viceconsejeros ¡ªlas denominadas consejillos¡ªcelebradas entre 2001 y 2012, tras reclamarlas en un reciente auto. A pesar de que se opuso al auto, el Gobierno lo hizo solo de manera formal porque Alaya alud¨ªa a que no ten¨ªa competencias en materia de empleo, y ayer entreg¨® las actas en el juzgado despu¨¦s de haberlas publicado en Internet la noche antes.
"El Ejecutivo auton¨®mico colabora siempre en tiempo y forma con las peticiones que se le hacen desde el ¨¢mbito judicial", dijo el portavoz del Gobierno, Miguel ?ngel V¨¢zquez. Sin embargo, las tensiones entre la Junta y Alaya por la entrega de documentaci¨®n han sido constantes tanto en el caso ERE como en el de la formaci¨®n, y las amenazas de Alaya ante los retrasos por el volumen de la documentaci¨®n han sido constantes.
Sobre el recurso para que Alaya se aparte de la causa, V¨¢zquez subray¨® que se ha presentado porque "confiamos en la justicia y el Estado de Derecho".
La respuesta del PP a la acci¨®n procesal de la Junta se situ¨® en el extremo opuesto. El portavoz de Infraestructuras popular, Jaime Raynaud, calific¨® la iniciativa de ¡°ataque brutal¡± contra Alaya. El recurso responde a que la l¨ªder socialista ¡°puede tener serios temores de lo que se pueda descubrir a medida¡± que avance la investigaci¨®n, seg¨²n Raynaud. De lo contrario ¡°ser¨ªa inexplicable¡± y no tendr¨ªa ¡°justificaci¨®n¡±, a?adi¨®.
Tanto defensores como cr¨ªticos de Alaya alaban su transparencia, y en uno de sus ¨²ltimos autos, la juez avanz¨® sus intenciones sobre el alcance de la causa de formaci¨®n, al asemejar el procedimiento utilizado para los cursos de formaci¨®n con el empleado en los ERE. ¡°Ausencia flagrante de procedimiento, control en la gesti¨®n o justificaci¨®n, o por concentraci¨®n de acciones formativas en manos de las mismas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas¡±. El presupuesto destinado por el Gobierno a la formaci¨®n para el empleo supera varias veces el de los ERE (855 millones).
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