Buenas noticias urban¨ªsticas

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (BOE del 7 de octubre) ha venido a convalidar en su pr¨¢ctica totalidad la Ley de Suelo 8/2007 y su Texto Refundido 2/2008, textos promulgados por la Administraci¨®n socialista que vinieron a derogar la anterior Ley 6/98 promulgada por el partido popular (la denominada ¡°ley del todo urbanizable¡±) que junto al inflacionista r¨¦gimen de valoraciones que conllevaba, contribuy¨® a la generaci¨®n de la burbuja inmobiliaria de los a?os 1998-2007 y cuya explosi¨®n ha producido la mayor crisis que ha conocido Espa?a y la Comunidad Valenciana en tiempos contempor¨¢neos.

La sentencia manifiesta trascendentes consecuencias para la regulaci¨®n del urbanismo y para la recuperaci¨®n de la actividad urban¨ªstica pues, de una vez por todas, declara la definitiva adecuaci¨®n a los principios constitucionales de las disposiciones b¨¢sicas que en los citados textos se establecen.

As¨ª, frente al expansionista modelo anterior, la sentencia revalida el modelo territorial de la ley del 2007 propiciador de la intervenci¨®n preferente en la rehabilitaci¨®n y mejora de la Ciudad Consolidada para lo cual, junto a disposiciones complementarias establecidas en la Ley de Econom¨ªa Sostenible 2/2011, ofrece solventes instrumentos jur¨ªdico-urban¨ªsticos para garantizarlo junto a la adopci¨®n de nuevos criterios de valoraci¨®n del suelo basados en la tasaci¨®n de ¡°lo realmente existente¡± y no en las expectativas especulativas derivadas de unas potenciales previsiones establecidas en un planeamiento siempre contingente y en las que el propietario nada ha hecho ni invertido (¡°al menos de manera confesable¡±) para merecerlas, o cuando dispone una reserva suficiente de suelo con destino a Vivienda Social para satisfacer el derecho constitucional, o cuando establece la m¨¢s justa distribuci¨®n de las plusval¨ªas generadas por el planeamiento entre la Administraci¨®n y propietarios de suelo reclasificado-recalificado.

Consecuentemente, la sentencia viene a liberar al urbanismo espa?ol y valenciano de la paralizadora inseguridad jur¨ªdica que siempre genera un recurso de inconstitucionalidad y m¨¢s a¨²n, en una etapa de fuerte inseguridad econ¨®mica. As¨ª, ya se podr¨¢n aplicar con razonable seguridad, las innovadoras disposiciones que ofrece la Ley del 2007/2008 que junto a los instrumentos, que sin perjuicio de algunas insuficiencias, plantea la reciente LOTUP valenciana, permitir¨¢ comenzar la recuperaci¨®n de la actividad urban¨ªstica y econ¨®mica tan necesaria e imprescindible para la generaci¨®n de empleo y para la mejora de la ciudad preexistente.

Sin embargo, ¨²ltimamente el Gobierno estatal ha modificado diversas disposiciones de trascendencia a trav¨¦s de la Reforma de la Ley de Costas o de la denominada Ley de las 3R de 2013, como la posibilidad de volver a edificar en los frentes costeros o la supresi¨®n del umbral econ¨®mico que exim¨ªa de la obligaci¨®n de abonar las cuotas de rehabilitaci¨®n a las familias de escasos recursos (en aras de evitar nuevos e inmisericordes desahucios), o a la disminuci¨®n de la reserva de suelo para Vivienda Social o la minoraci¨®n de las plusval¨ªas que le corresponden a la Administraci¨®n, etc. etc.

No obstante, a pesar de las insuficiencias anteriormente se?aladas y sin perjuicio de su necesaria reforma, el actual marco legal estatal y valenciano a¨²n ofrecen una ¡°caja de herramientas¡± de suficiente solvencia para acometer con garant¨ªas razonables la intervenci¨®n en la Ciudad Consolidada y as¨ª, comenzar la recuperaci¨®n de un sector tan necesario para la salida de la crisis y la generaci¨®n de empleo.

En cualquier caso, esperemos que su puesta en servicio se culmine con ¨¦xito. La salida razonable de la crisis inmobiliaria depende de ello.

Gerardo Roger Fern¨¢ndez, es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.