Alaya impide a la Junta querellarse contra el testigo clave de la formaci¨®n

La juez Mercedes Alaya ha negado a la fundaci¨®n de la Junta Faisem la posibilidad de querellarse contra el testigo protegido de la causa de la formaci¨®n, el funcionario Teodoro Montes, despu¨¦s de que este acusara a la entidad de maltratar a los enfermos mentales que atend¨ªan un curso como estudiantes. Alaya cierra la v¨ªa para que esta fundaci¨®n presente la querella, y resuelve en un auto que, si fuera procedente, la acusaci¨®n de Montes derivar¨ªa en un caso de injurias y calumnias.

Esto es, que Faisem podr¨ªa querellarse por una denuncia falsa, pero una vez que el caso haya avanzado en el tiempo. Durante su testimonio como testigo, Montes acus¨® a Faisem de medicar a varias personas discapacitadas que asistieron a un curso para poder soportar condiciones insalubres, sin aire acondicionado y con m¨¢s de 55 grados de temperatura en pleno verano.

La resoluci¨®n de la juez tiene un antecedente claro en el caso Pokemon, en el que la Audiencia de Lugo impidi¨® al alcalde de dicha ciudad, Jos¨¦ L¨®pez, querellarse contra un empresario denunciante, ya que ¡°podr¨ªa utilizarse como una forma coactiva de advertencia para disuadir, bien a testigos, bien a imputados, de una eventual colaboraci¨®n con la justicia¡±.

Alaya advirti¨® la semana pasada que actuar¨¢ contra Faisem y el sindicato CC OO ¡ªal que acus¨® de cobrar comisiones ilegales del 20%¡ª si finalmente se querellaban contra Montes. La juez avanz¨® que acusar¨ªa a ambas entidades de un delito de obstrucci¨®n a la justicia si llegaban a querellarse, a pesar de que la amenaza pod¨ªa atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora Alaya ha bloqueado la v¨ªa para la querella, dado que ella tiene que facilitar el testimonio como testigo, que se produjo en su juzgado. Sin embargo, en paralelo al intento de querellarse contra Montes, Faisem ha puesto en el juzgado de primera instancia una demanda de conciliaci¨®n para Montes, al igual que CC OO. De este modo, el funcionario deber¨¢ acudir a ambos actos judiciales para reafirmarse en sus acusaciones o retractarse, como paso previo a que dichas entidades decidan emprender acciones legales en defensa de su honor.

Por otra parte, el Consejo Consultivo ha finalizado un informe sobre los 312 dict¨¢menes de subvenciones del fondo de los ERE que le hab¨ªa remitido la Junta. Del total, 59 expedientes han sido devueltos al Gobierno por haber prescrito, y 253 han sido objeto de dictamen. De estos, el Consultivo estima que 181 deben ser anulados y la Junta debe proceder a pedir el reintegro de 77 millones de euros entregados a trav¨¦s de las ayudas directas a empresas y entidades (94 en Sevilla) que concedi¨® la Consejer¨ªa de Empleo. Las entidades que no est¨¢n obligadas a devolver las cantidades pagadas por Empleo suman 26,3 millones en subvenciones.