Un juez acepta el desalojo de vecinos para edificar una gran urbanizaci¨®n

?lvaro no se fiaba, ¡°y con raz¨®n¡±, dice, del Ayuntamiento de A Coru?a cuando le apremi¨® a ¨¦l y sus vecinos de Elvi?a a no hacer caso alguno de aquella carta llegada en pleno agosto que les advert¨ªa de que si no abandonaban de forma voluntaria sus casas, les obligar¨ªan por la fuerza. Ahora la solicitud de desalojo forzoso ha sido aceptada por un juez. El gobierno de Carlos Negreira (PP) pidi¨® y obtuvo autorizaci¨®n para en 20 d¨ªas echar de sus domicilios y destruirlos a seis vecinos de la margen derecha de la avenida Alfonso Molina con el fin de destinar sus solares a equipamientos p¨²blicos para los futuros habitantes de la urbanizaci¨®n de enfrente, llamada Parque Ofim¨¢tico, cuya construcci¨®n acaba de arrancar del otro lado de la principal v¨ªa de entrada y salida de A Coru?a.

Pero firme en su batalla por evitar el desahucio sin alternativa de la casa con huerta que construy¨® su abuelo y en la que vive con su madre, Isabel, de 72 a?os, y su hijo, de 26, ?lvaro a¨²n espera lograr su prop¨®sito: quedarse donde est¨¢ y como estaba antes de la expropiaci¨®n ¡°por la fuerza¡± que les oblig¨® a cambiar su propiedad por ¡°otra con cargas y sin vivienda¡±. Recurrir¨¢, antes de 15 d¨ªas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esa orden de desalojo que no es firme. Y continuar¨¢ por la v¨ªa administrativa esperando respuesta a sus alegaciones contra la expulsi¨®n forzosa para una urbanizaci¨®n colateral de unas 1.300 viviendas promovida por la Xunta y que suma ya dos d¨¦cadas de rocambolescas modificaciones, continuas denuncias judiciales y un sinf¨ªn de obst¨¢culos.

Las dos v¨ªas, tanto judicial como administrativa, est¨¢n a¨²n abiertas, corrobora Mar¨ªa Dom¨ªnguez, la abogada de cuatro de la docena de familias afectadas por la expropiaci¨®n de sus casas para dotar de equipamientos o de comunicaci¨®n viaria a la futura urbanizaci¨®n. Ni ?lvaro, ni sus vecinos vieron un c¨¦ntimo de la indemnizaci¨®n con la que la Xunta les compens¨®, supuestamente, por la expropiaci¨®n forzosa. Isabel, pensionista con una renta mensual de 600 euros, no recibi¨® ni un c¨¦ntimo de los 197.000 euros que te¨®ricamente le dio la Xunta por la casa de dos alturas en la que naci¨® y vive as¨ª como por los ¨¢rboles frutales de su huerta.

El dinero fue retenido por el Ayuntamiento para cubrir gastos de urbanizaci¨®n del futuro Parque Ofim¨¢tico, o sea, dotarlo de aceras, calles, farolas y dem¨¢s. Y el solar de 500 metros cuadrados que tambi¨¦n le dieron, como compensaci¨®n, en el entorno de la nueva urbanizaci¨®n ¡°tampoco vale nada¡±, explica su hijo, porque ni tienen dinero para construir nada all¨ª, ni ning¨²n promotor lo quiere. Que estos afectados, la mayor¨ªa jubilados sin m¨¢s rentas que una exigua pensi¨®n, sean expropiados y desalojados por la fuerza sin alternativa alguna es uno de los muchos argumentos que llevar¨¢n en su recurso ante el alto tribunal gallego. El Ayuntamiento de A Coru?a guarda silencio por el momento. E intenta dividir negociando con algunos vecinos su marcha voluntaria a un piso de alquiler social.