El fiscal acusa de cohecho a empresas, curas y funcionarios en la Retablo

Sacerdotes, empresarios y funcionarios de la Xunta compartir¨¢n banquillo en el juicio por el caso Retablo, una presunta trama de corrupci¨®n acusada de obtener beneficios econ¨®micos il¨ªcitos mediante obras de restauraci¨®n del patrimonio eclesi¨¢stico subvencionadas por el Gobierno gallego. Cinco a?os despu¨¦s de abrirse el sumario, apuntalado por abundantes pinchazos telef¨®nicos, la instrucci¨®n est¨¢ ya en la recta final, a la espera de que se dicte la apertura del juicio. Los hechos descritos por la fiscal¨ªa en sus conclusiones apuntan a la acusaci¨®n de delitos de cohecho a un funcionario, al antiguo arquitecto de la sociedad p¨²blica del Xacobeo, a dos curas de Pontevedra y a los responsables de cuatro empresas que restauraron iglesias, retablos e im¨¢genes religiosas. El fiscal, Antonio Roma, ha retirado los cargos contra el anterior obispo de Tui-Vigo, Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo, imputado en la causa, aunque la acusaci¨®n particular, que representa a los vecinos de una parroquia del municipio pontevedr¨¦s de Covelo, intentar¨¢ forzar que se siente en el banquillo.

?Los religiosos est¨¢n acusados por el episodio m¨¢s llamativo del sumario, la cesi¨®n de la casa rectoral de Para?os, en Covelo, al supuesto cabecilla de la trama, Carlos G¨®mez-Gil Aizpur¨²a, funcionario en la Conseller¨ªa de Cultura cuando sucedieron los hechos. El fiscal apunta a que el Obispado de Tui entreg¨® ese inmueble a G¨®mez-Gil por 60.000 euros, a pagar en 10 a?os, que, en realidad, no se empezaron a abonar hasta que la investigaci¨®n judicial ya estaba en marcha. La rectoral fue restaurada de forma gratuita por una de las empresas implicadas, ?bside, presuntamente como contrapartida a las obras que G¨®mez-Gil le adjudic¨®. Tras ese remodelado, el funcionario puso la casa a la venta en Internet, en 2009, con un precio de 680.000 euros.

El sumario apunta a que el Obispado hizo esta cesi¨®n a cambio de que G¨®mez-Gil destinase dinero p¨²blico para restaurar edificios y obras del patrimonio eclesi¨¢stico. Por este motivo est¨¢n acusados el p¨¢rroco de Covelo, Jos¨¦ Sobrino Pino, y otro sacerdote, Benito Est¨¦vez Dom¨ªnguez, como miembro del Consejo de Econom¨ªa del Obispado. Aunque el fiscal no formula cargos contra el anterior responsable de la di¨®cesis, el abogado que representa a los vecinos de Para?os, Carlos Feij¨®o, insiste en pedir que sea juzgado alegando que existen indicios suficientes de que el exobispo estaba al tanto de la operaci¨®n. La acusaci¨®n particular tambi¨¦n reclama que la rectoral sea entregada a la comunidad de montes de la parroquia.

El informe del fiscal describe una trama urdida desde la Xunta por G¨®mez-Gil y el que entonces era el arquitecto responsable del Xacobeo, Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel. Ambos eleg¨ªan las obras a restaurar con subvenci¨®n p¨²blica y las empresas que deber¨ªan llevarse los contratos. G¨®mez-Gil, se?ala el fiscal, comunicaba antes a las empresas los ¡°contenidos econ¨®micos de los proyectos¡± as¨ª como el ¡°precio que pod¨ªan ofertar¡± y finalmente era ¨¦l mismo quien daba el visto bueno a las obras. La fiscal¨ªa acredita que el funcionario ingres¨® entre 2004 y 2009 cobros de esas sociedades por un valor total de 103.350 euros. Tambi¨¦n recibi¨®, seg¨²n la acusaci¨®n, d¨¢divas en especie, desde obras gratuitas en sus propiedades ¡ªcomo la restauraci¨®n de la rectoral de Para?os¡ª a un barco que presuntamente le regal¨® la empresa Da Vinci.

El fiscal Roma sostiene que tanto G¨®mez-Gil como el arquitecto Pichel ¡°incrementaron notablemente¡± sus patrimonios. El primero ten¨ªa cuatro coches mientras que el segundo figura como titular de ¡°14 autom¨®viles y motocicletas adem¨¢s de numerosos inmuebles¡±. El m¨¢s ins¨®lito de los sobornos presuntamente recibidos por Pichel fue, seg¨²n la acusaci¨®n, ¡°una vaca de valor incierto, superior a 1.000 euros¡± que le regal¨® el propietario de Da Vinci.

El fiscal tambi¨¦n sentar¨¢ en el banquillo a los responsables de otras tres firmas de restauraci¨®n, CBC, ?bside y Alquimia. El ministerio p¨²blico considera probado que las pr¨¢cticas corruptas se aprovecharon de obras de restauraci¨®n en una veintena de edificios eclesi¨¢sticos de Pontevedra y Ourense. La Xunta, personada en la causa, se ha sumado a las peticiones del fiscal, aunque a?ade para los funcionarios la acusaci¨®n de fraude a la Administraci¨®n.