Anticorrupci¨®n avala que Alaya investigue el caso de la formaci¨®n

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera que la juez Mercedes Alaya es competente para investigar el caso de los cursos de formaci¨®n. Seg¨²n fuentes judiciales, el ministerio p¨²blico se ha opuesto a la petici¨®n del Gobierno andaluz de apartar a la magistrada del procedimiento pues considera que Alaya actu¨® ¡°correctamente¡± al admitir la denuncia del testigo clave de la macrocausa, el funcionario Teodoro Montes, en lugar de enviarla al decanato para su reparto. A finales del mes pasado, la Administraci¨®n andaluza solicit¨® en un recurso la nulidad de actuaciones al estimar que la instructora podr¨ªa haber infringido el derecho al juez natural predeterminado por ley. Adem¨¢s, acusaba a Alaya de haber convertido el caso en una ¡°causa general¡±.

Ante el frente abierto entre la Administraci¨®n y la juez, la fiscal¨ªa avala ahora que Alaya investigue el caso porque, en su opini¨®n, ¡°no se han vulnerado las normas de reparto¡±, informa Efe. El respaldo de Anticorrupci¨®n va m¨¢s all¨¢ al asegurar que la magistrada actu¨® ¡°correctamente¡± deduciendo testimonio e incoando diligencias tras recibir el oficio de la Guardia Civil con las declaraciones, en agosto de 2013, del jefe de departamento de Formaci¨®n Profesional en Sevilla, quien denunciaba ¡°graves irregularidades¡± en la concesi¨®n de cursos de formaci¨®n. El ministerio p¨²blico defiende adem¨¢s que el reparto de las causas judiciales es una ¡°cuesti¨®n gubernativa¡± en la que no deben entrar las partes.

La decisi¨®n de la fiscal¨ªa choca con los argumentos dados en su escrito por la Junta. El gabinete jur¨ªdico del Gobierno andaluz considera que la declaraci¨®n de Montes ante la Guardia Civil ¡ªque realiz¨® despu¨¦s de que se lo indicaran en el juzgado de Alaya¡ª ¡°no se hab¨ªa practicado en el marco de ningunas diligencias previas¡±. Por ello, argumenta, la magistrada deb¨ªa haber remitido la denuncia al Juzgado de Instrucci¨®n 9 de Sevilla, que investiga al sindicato UGT por este asunto; o bien remitirla al decanato para su ¡°correcto¡± reparto, que es el procedimiento habitual. Por ello, el Gobierno andaluz cree que las decisiones de la magistrada y de la Guardia Civil ¡°suponen una constante vulneraci¨®n de normas procesales¡±. ¡°Tan juez natural es uno como otro¡±, responde en su escrito Anticorrupci¨®n.

Como segundo motivo, la fiscal¨ªa tambi¨¦n rechaza el recurso de la Administraci¨®n al considerar que no concreta ¡°c¨®mo o d¨®nde¡± la instrucci¨®n de Alaya ¡°le causa indefensi¨®n¡±. En su escrito, la Junta calific¨® la instrucci¨®n de la juez como ¡°prospectiva¡± y ¡°causa general¡±, por investigar ¡°absolutamente todos los expedientes de 10 a?os [de la formaci¨®n] y, m¨¢s a¨²n, los incoados en tiempo futuro y someterlos al juicio de la polic¨ªa judicial y la Intervenci¨®n General del Estado¡±. Todo ello con la intenci¨®n de comprobar si de estos expedientes ¡°puede derivarse la comisi¨®n de hechos delictivos¡±.

La petici¨®n formulada por la Junta fue apoyada por la defensa del exconsejero andaluz de Hacienda ?ngel Ojeda, imputado en la causa. Como argumento, defiende que las resoluciones han sido dictadas ¡°por un ¨®rgano judicial distinto de aquel al que le hubiere correspondido por normas de reparto¡±.