Una defensa acusa a Alaya de parcial en el caso de la formaci¨®n

El exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez ha acusado a la juez Mercedes Alaya de ¡°violar la imparcialidad objetiva¡± en la causa de los cursos de formaci¨®n, lo que significar¨ªa que la instructora estar¨ªa vulnerando el derecho a un proceso p¨²blico con todas las garant¨ªas legales. La acusaci¨®n est¨¢ incluida en el duro escrito por el que la defensa de Fern¨¢ndez se alinea con la Junta para pedir la nulidad de las actuaciones. El abogado de Fern¨¢ndez subraya que plantea la cuesti¨®n porque existe una ¡°sospecha razonada de parcialidad¡± de Alaya.

Tras la petici¨®n de la Junta, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n respald¨® a la instructora al considerarla competente; el exconsejero ?ngel Ojeda apoy¨® la nulidad y ahora el exconsejero Fern¨¢ndez censura la actuaci¨®n de la juez. Mientras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Lorenzo del R¨ªo, opin¨® que ¡°no es el procedimiento normal¡± la manera por la que Alaya se hizo cargo de las diligencias.

Despu¨¦s de o¨ªr a las partes, Alaya responder¨¢ previsiblemente para ratificarse en su competencia y frenar el escrito de la Junta. Est¨¢ por ver si la Junta elevar¨¢ entonces el incidente a la Audiencia de Sevilla y si esta lo aceptar¨¢.

La Junta solicit¨® la nulidad de las actuaciones al considerar que la juez podr¨ªa haber roto el derecho al juez natural predeterminado por ley. El Gobierno aleg¨® que el caso se origin¨® tras presentarse el funcionario Teodoro Montes ante el juzgado de Alaya, de donde le enviaron a la Guardia Civil. Los investigadores tomaron declaraci¨®n a Montes como testigo, y este testimonio lo remitieron a Alaya sin presentarlo ante reparto para que se turnara o remitirlo al Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Sevilla, que previamente hab¨ªa archivado la misma denuncia presentada por Montes con anterioridad.

Fern¨¢ndez estima que ¡°la nulidad de actuaciones postulada existe¡± en base al art¨ªculo 238 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Y argumenta: ¡°La asunci¨®n de la competencia del procedimiento por parte de este juzgado no se ha producido de una forma regular, normal, sino a trav¨¦s de la elusi¨®n e indebido desconocimiento bien de una situaci¨®n constitutiva de litispendencia (que la causa de la formaci¨®n ya estaba siendo investigada por otro juzgado, en este caso el 4, que hab¨ªa archivado provisionalmente)¡±.

El abogado de Fern¨¢ndez plantea que la situaci¨®n planteada supone ¡°un c¨²mulo de actuaciones objetivamente indebidas, en cuanto que no legalmente justificables, que proyecta una grave sombra de duda sobre el modo en que la competencia sobre el asunto ha terminado asumi¨¦ndose por este juzgado¡±.

El escrito plantea que la remisi¨®n de la Guardia Civil a Alaya en vez del env¨ªo a reparto, podr¨ªa ser intencionado: ¡°Una deliberada elusi¨®n de normas de reparto entre juzgados de instrucci¨®n; es decir, detectarse una espuria actuaci¨®n por parte del denunciante o de la polic¨ªa para elegir al juez, o de este para que, obviando el reparto, el asunto llegue a su conocimiento¡±.

El exconsejero estima que el relato de la Junta, que en su escrito censur¨® a la juez por dirigir una ¡°causa general¡± contra el Gobierno, ¡°coincide fielmente con la realidad de lo acontecido¡±. El escrito de la Junta expon¨ªa una secuencia de hechos por la que Alaya y la Guardia Civil contraven¨ªan diversas normas en la causa, pero sin imputarles de manera expl¨ªcita haber cometido prevaricaci¨®n. El Ejecutivo consideraba que la declaraci¨®n de Montes ante la Guardia Civil en 2013 ¡°no se hab¨ªa practicado en el marco de ningunas diligencias previas¡±. Para el exconsejero, la declaraci¨®n-denuncia de Montes ante la Guardia Civil ¡°era reiterativa y se refer¨ªa a iguales hechos que los ya judicialmente denunciados por ¨¦l mismo¡±.

Fern¨¢ndez a?ade que la magistrada ha puesto en riesgo con su actuaci¨®n la garant¨ªa del juez ¡°objetivamente imparcial¡± y la proscripci¨®n de las dilaciones indebidas, adem¨¢s de sumarse a la teor¨ªa de la Junta de que la juez instruye una causa general contra el Ejecutivo.