El Supremo anula las sentencias que avalaron los ERE de UGT y Estepona

El Tribunal Supremo ha ordenado repetir los juicios que avalaron los despidos ejecutados por el sindicato UGT y el Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga), y que afectaron a 176 trabajadores del Consistorio y 159 de la mayor central andaluza. De este modo, el alto tribunal corrige al Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que hab¨ªa autorizado ambos expedientes, y que ahora debe repetir ambos juicios al haber rechazado varias pruebas decisivas solicitadas por las defensas de los trabajadores.

La Sala de lo Social del Supremo ha avanzado este jueves el fallo, cuyo contenido se har¨¢ p¨²blico en los pr¨®ximos d¨ªas, y que afecta a dos entidades protagonistas de sendos procesos judiciales ¡ªel de las facturas falsas y el caso Astapa¡ª. La primera sentencia responde al recurso interpuesto por los trabajadores de UGT ante el alto tribunal. Estos hab¨ªan solicitado a los jueces del TSJA la admisi¨®n de pruebas documentales que supuestamente demostraban que no hab¨ªa raz¨®n econ¨®mica que justificara el ERE, y que UGT manten¨ªa un entramado de empresas que representaba beneficios para la entidad, al margen de los n¨²meros rojos que alegaba el sindicato para despedir a los trabajadores. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJA en M¨¢laga desestim¨® admitir las pruebas, una evidencia que los trabajadores consideraban fundamental y a los que ahora el Supremo da la raz¨®n.

UGT Andaluc¨ªa est¨¢ inmersa en la crisis de las facturas falsas y la Guardia Civil le acusa de cometer un fraude sistem¨¢tico con subvenciones para financiarse de manera ilegal, mientras que el juez ha imputado a los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fern¨¢ndez Sevilla por conocer esta supuesta contabilidad B. En este sombr¨ªo panorama judicial, la econom¨ªa del sindicato se encuentra en una situaci¨®n muy cr¨ªtica y la sentencia de este jueves no despeja la salida a los n¨²meros rojos, dado que podr¨ªa devenir en la reincorporaci¨®n de los trabajadores demandantes a la plantilla.

Este rev¨¦s judicial supondr¨ªa para UGT un costo de entre tres y cuatro millones, seg¨²n fuentes del caso. A la p¨¦rdida de prestigio y afiliados se le une la losa resultado de la revisi¨®n de su contabilidad por la que UGT ya devolvi¨® fondos p¨²blicos: la Junta le reclama en firme al sindicato el reintegro de 15,3 millones por ayudas sin justificar. Eso s¨ª, esta importante reclamaci¨®n deber¨¢ afrontarla tras recurrir a la v¨ªa judicial, lo que se demorar¨¢ a?os.

En paralelo al ERE para 159 trabajadores cuyo juicio el Supremo ha ordenado repetir, la central present¨® un expediente temporal (ERTE) para 57 empleados, desestimado por el TSJA y sobre el que el Supremo se pronunciar¨¢ en breve. Los jueces del TSJA ordenaron la reanudaci¨®n de los contratos de trabajo as¨ª como el pago de los salarios, y UGT decidi¨® apelar al Supremo para avalar su reducci¨®n de plantilla. De momento, en la guerra entre el sindicato y los trabajadores, las espadas siguen en alto.

La secretaria general de UGT Andaluc¨ªa, Carmen Castilla, ha rechazado este jueves pronunciarse sobre la sentencia del Supremo, y la central se limit¨® a mostrar su ¡°total respeto a la decisi¨®n¡± del Supremo. ¡°Permanecemos a la espera de la nueva fecha de celebraci¨®n del juicio para aportar la documentaci¨®n y argumentaci¨®n pertinente¡±, ha conclu¨ªdo el sindicato en un comunicado.

El TSJA deber¨¢ admitir las pruebas de los trabajadores que hab¨ªa rechazado

La situaci¨®n cr¨ªtica de las cuentas del sindicato proviene de la mala gesti¨®n de Pastrana durante 15 a?os y su ex n¨²mero dos y sucesor Francisco Fern¨¢ndez Sevilla. Los trabajadores denunciaron el supuesto despilfarro en gastos suntuosos desde la c¨²pula, pero esta opt¨® por la reducci¨®n de personal como soluci¨®n para hacer n¨²meros una vez que desaparecieron los fondos para la Junta de la formaci¨®n (de hasta 33 millones al a?o).

Por otra parte, los responsables del Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga) est¨¢n tranquilos con la orden del Supremo para repetir el juicio sobre el ERE aplicado en 2012, que supuso la salida de 176 trabajadores. ¡°En ning¨²n caso declara la nulidad ni pone de manifiesto irregularidades o vulneraci¨®n de derechos¡±, ha opinado la concejal de Personal, Pilar Fern¨¢ndez-F¨ªgares.

El ERE se enmarc¨® en un plan de ajuste puesto en marcha por el alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Urbano (PP), para equilibrar las cuentas municipales y cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se consum¨® despu¨¦s de negociaciones infructuosas con los sindicatos, que al final optaron por recurrir a los tribunales. El objetivo ¨²ltimo del despido colectivo era alcanzar un ahorro de seis millones al a?o y tuvo un coste en indemnizaciones de 2,9 millones.

La partida destinada a personal engull¨ªa el 86% de los ingresos que ten¨ªan las arcas p¨²blicas y la reducci¨®n del gasto era necesaria para acceder al plan de pago a proveedores, con los que exist¨ªa una deuda de 66 millones. Los motivos ¡°objetivos¡± alegados para consumar el expediente (sobre trabajadores contratados sin proceso de selecci¨®n) fueron de organizaci¨®n y econ¨®micos. Es decir, la falta de presupuesto para afrontar las n¨®minas. La plantilla hab¨ªa crecido con los anteriores gobiernos del GIL y el PSOE, bajo el paraguas del boom inmobiliario. En 2011 los 760 trabajadores de las empresas municipales pasaron a formar parte del organigrama del Ayuntamiento, que sumaba otros 512 empleados. Seg¨²n fuentes municipales, actualmente se mantienen 700 trabajadores.