La Junta acusa a la juez Alaya de instruir una ¡°causa general¡±
El Gobierno andaluz recurre dos autos de la magistrada
La Junta de Andaluc¨ªa acusa a la juez Mercedes Alaya de instruir en el caso de los ERE una ¡°causa general¡± que analiza toda su acci¨®n de gobierno a modo de ¡°investigaci¨®n prospectiva¡±, que proh¨ªbe la ley. El Ejecutivo aut¨®nomo carga contra la magistrada en su ¨²ltimo recurso presentado esta semana ante la Audiencia de Sevilla, despu¨¦s de que Alaya decidiera el 23 de diciembre investigar las principales empresas p¨²blicas de la Junta.
No es la primera vez que el Gobierno andaluz tilda la actuaci¨®n de Alaya de ¡°causa general¡± en su guerra abierta con la juez. Hasta ahora la Audiencia de Sevilla ha respaldado la mayor¨ªa de actuaciones de la magistrada. En su auto, Alaya requer¨ªa informes de las empresas p¨²blicas para estudiar la ¡°elusi¨®n de la fiscalizaci¨®n previa¡±. Ahora la Junta alerta en su recurso de que ¡°no existe la conexidad delictiva¡± que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para as¨ª ampliar el caso de los ERE a las grandes empresas p¨²blicas de la Junta, adem¨¢s de todas las consejer¨ªas que ya investiga Alaya.
Adem¨¢s, los abogados del Ejecutivo plantean que el Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla ya investiga las principales empresas de la Junta, por las que abri¨® nueve piezas separadas. Por ¨²ltimo, el Gobierno argumenta que al afectar la pretendida investigaci¨®n de Alaya a decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, la competencia de la instrucci¨®n ata?e al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), pero nunca a la juez Alaya.
Por otra parte, la Junta ha recurrido un segundo auto de Alaya en el que esta censuraba las ayudas millonarias concedidas por el Ejecutivo a extrabajadores tras el cierre en 2007 de la multinacional Delphi en C¨¢diz. En su resoluci¨®n, Alaya se dirig¨ªa al Ministerio de Empleo para que informara sobre la ¡°norma estatal¡± que deb¨ªa aplicarse para determinar las ayudas de Delphi, despu¨¦s de recibir desde el propio departamento de Empleo un informe muy cr¨ªtico con el Gobierno andaluz.
Ahora la Junta recurre dicho auto porque estima que la juez presupone que el Gobierno andaluz ha vulnerado ¡°competencias propias¡± del Estado en materia de legislaci¨®n laboral. En su escrito, la Junta acusa a Alaya de ¡°autoatribuirse¡± competencias propias del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo se defiende y afirma que ¡°los peritos [del Estado] est¨¢n mutando la competencia auton¨®mica para otorgar ayudas, contraviniendo de modo palmario, sin rubor alguno, una norma con rango de ley aprobada por el Parlamento de Andaluc¨ªa¡±.
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