Mas, Ortega y Rigau recurren contra la querella por el 9-N

El presidente catal¨¢n, Artur Mas, ha recurrido la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) de investigarle por desobediencia en el 9N, alegando que el Gobierno y la Fiscal¨ªa "consintieron" la consulta alternativa al no forzar su prohibici¨®n "expresa" por parte del Tribunal Constitucional (TC).

El presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Ense?anza, Irene Rigau, han presentado este jueves recursos de s¨²plica ante la sala civil y penal del TSJC contra su decisi¨®n de admitir a tr¨¢mite las querellas por el 9N, ante los indicios de que desobedecieron al TC al mantener la consulta alternativa. En sus recursos, los miembros del Govern aducen que no existi¨® "un mandato expreso, concreto y terminante" del Constitucional que prohibiera la consulta alternativa, pese a que este dict¨® el 4 de noviembre una providencia suspendiendo cautelarmente el proceso participativo, como es preceptivo siempre que el Gobierno interpone recurso.

Los recursos esgrimen los argumentos aducidos por la Junta de Fiscales del TSJC, que se opuso por unanimidad a la presentaci¨®n de una querella por el 9N, si bien el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce impuso finalmente su tesis con el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala y forz¨® la denuncia.

Las defensas recuerdan que la resoluci¨®n del TC no iba acompa?ada de una advertencia expresa de que podr¨ªa incurrirse en desobediencia si se incumpl¨ªa su resoluci¨®n, sin que el Gobierno y la Fiscal¨ªa instaran "un incidente de ejecuci¨®n con la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo de la providencia citada". Al no hacerlo, las defensas interpretan que el Ejecutivo central o bien aceptaba que los actos preparatorios del 9N no constitu¨ªan un incumplimiento de la resoluci¨®n del TC -como en su opini¨®n parece desprenderse "de las declaraciones p¨²blicas efectuadas por algunos miembros del Gobierno esos d¨ªas"- o bien "fall¨® en la diligencia debida y consinti¨® esa situaci¨®n".

"Las mismas observaciones son tambi¨¦n extrapolables al Ministerio Fiscal", a?aden los recursos, que subrayan que la acusaci¨®n p¨²blica "no emprendi¨® ninguna acci¨®n legal sobre este tema hasta la formulaci¨®n de esta querella, y consinti¨®, de esa manera, que se llevaran a cabo todos los actos que ahora se presentan como constitutivos de delito".

Los recursos, que reproducen fragmentos del acuerdo de la junta de fiscales del TSJC reticentes a la querella del 9N, insisten en que el mandato del TC era "impreciso y general" y que, adem¨¢s, "deso¨ªa la solicitud de la Abogac¨ªa del Estado de que su resoluci¨®n incluyera una mayor precisi¨®n, as¨ª como una advertencia al Gobierno de la Generalitat". Las defensas alegan, adem¨¢s, que el gobierno catal¨¢n pidi¨® el 7 de noviembre una aclaraci¨®n al TC sobre su providencia, por considerar que estaba redactada de forma "indeterminada y abstracta", pero que esa petici¨®n no fue resuelta por el Constitucional hasta el 4 de diciembre pasado. "Por lo tanto, la no resoluci¨®n de la aclaraci¨®n redunda en la inconcreci¨®n", agrega el escrito de Mas, que reprocha que se traslade al presidente catal¨¢n una responsabilidad penal por unos actos que el propio TC "no dejaba claro si estaban incluidos en su ¨¢mbito de aplicaci¨®n o no".

Otro de los argumentos esgrimidos en los recursos es que la providencia del Constitucional, del 4 de noviembre, no fue notificada a Artur Mas hasta dos d¨ªas despu¨¦s a trav¨¦s de una carta certificada, por lo que, seg¨²n las defensas, "solo pueden tener relevancia penal los hechos acontecidos con posterioridad a esa fecha". Por todo ello, el recurso presentado por la defensa de Mas concluye que las conductas imputadas al presidente catal¨¢n "no se subsumen en la negativa abierta, contumaz y reiterada, dispuesta en el delito de desobediencia".

El recurso de Ortega denuncia que la causa por el 9N tiene un "sesgo marcadamente pol¨ªtico", con el que se busca su imputaci¨®n por una actuaci¨®n en su opini¨®n democr¨¢tica, pac¨ªfica y legal. Seg¨²n el escrito, con la causa abierta contra Mas, Ortega y Rigau "lo que se pretende es la imputaci¨®n de los leg¨ªtimos representantes de un gobierno, por su actuaci¨®n pol¨ªtica vehiculada de manera democr¨¢tica, responsable, pac¨ªfica y respetuosa con la legalidad". Ortega alega, adem¨¢s, en el recurso que los procesos pol¨ªticos que se desarrollan pac¨ªfica y democr¨¢ticamente "tienen que ser resueltos en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica, a trav¨¦s del di¨¢logo y la negociaci¨®n y, si es necesario, por medio del debate, la movilizaci¨®n y el refer¨¦ndum de las urnas".

La consejera Rigau sostiene en su recurso que no recibi¨® ning¨²n mandato "expreso, concreto y terminante" del Tribunal Constitucional para suspender la consulta alternativa, y recuerda que la Generalitat pidi¨® una aclaraci¨®n sobre el alcance de la resoluci¨®n del TC, que nunca les lleg¨®. "Sorprende notablemente que, quien en su d¨ªa no se preocup¨® por velar por el cumplimiento de la resoluci¨®n pretendidamente desobedecida, ahora argumente que nos hallamos ante un hecho penalmente relevante", insiste Rigau sobre el papel de la Fiscal¨ªa.