El fin de siete a?os de esc¨¢ner al Betis
La investigaci¨®n de la juez Alaya al club concluye tras censurar la gesti¨®n de Lopera
La investigaci¨®n judicial que ha peinado las cuentas y fichajes del Betis durante 14 temporadas bajo el mando del empresario Manuel Ruiz de Lopera ha concluido la semana pasada. La juez Mercedes Alaya censura con dureza la gesti¨®n del ex consejero delegado y lo sentar¨¢ en el banquillo junto a otras siete personas. La instrucci¨®n ha sido procelosa por su complejidad t¨¦cnica y el entramado empresarial de Lopera, interrumpida por la enfermedad de Alaya y salpicada de esc¨¢ndalos y dimisiones de sus administradores judiciales. Todo bajo el olor del negocio del f¨²tbol, que mueve cantidades de v¨¦rtigo y pasiones opuestas a la frialdad del proceso judicial.
?Alaya acusa.Tras una denuncia de la Fiscal¨ªa en 2008, la juez inici¨® el caso y en 2010 despoj¨® a Lopera de sus acciones (el 51% del club). La instructora imput¨® a Lopera por supuestamente generar un perjuicio de 24,9 millones a las arcas del club deportivo entre 1993 y 2008. Alaya le achacaba ¡°un plan preconcebido¡± para descapitalizar el club. Adem¨¢s, la instructora puso en duda que Lopera sea el propietario real de una parte importante de sus acciones. Los peritos judiciales realizaron dos informes para determinar los flujos de dinero entre las empresas de Lopera y el club. Y como resultado, los acusados est¨¢n procesados por delito societario y apropiaci¨®n indebida, ambos delitos continuados. Mientras, Lopera niega que se lucrara il¨ªcitamente gracias a su gesti¨®n. Su abogado afirm¨® que el empresario hab¨ªa sido v¨ªctima de una ¡°tormenta perfecta judicial y medi¨¢tica¡±.
Administradores judiciales. Desde que en 2010 Alaya design¨® administradores judiciales para controlar el club, los sobresaltos han sido peri¨®dicos. Del primer tr¨ªo de administradores formado por el exjugador Rafael Gordillo, Luis Huidobro y Juan Manuel G¨®mez Porr¨²a, este ¨²ltimo falleci¨® a los seis meses de su nombramiento. En su puesto Alaya design¨® al abogado Jos¨¦ Antonio Bosch, que dimiti¨® tras destaparse que su bufete hizo negocios con proveedores del club. Finalmente, hace un a?o la magistrada nombr¨® para sustituirle a Francisco Estepa. Este abogado defendi¨® al marido de Alaya en un proceso penal cuando ambos eran administradores concursales de unos laboratorios cordobeses. La magistrada minimiz¨® este v¨ªnculo como una ¡°relaci¨®n imaginada¡± y ¡°basada en bulos period¨ªsticos¡±. Sin embargo, ambos comparten despacho en Sevilla. ¡°No ha habido suerte con los administradores judiciales. Se ha optado por perfiles ajenos al f¨²tbol y as¨ª nos ha ido¡±, opina Cayetano Garc¨ªa, letrado de la asociaci¨®n Por Nuestro Betis.
Altibajos deportivos. Mientras la Fiscal¨ªa denunciaba al club en los juzgados, la etapa deportiva, con Lopera de presidente, iniciaba su declive. Ese a?o el equipo baj¨® a Segunda Divisi¨®n y 40.000 socios se manifestaron en el centro de Sevilla para pedir su dimisi¨®n. La fractura entre la direcci¨®n del club y su afici¨®n se agrand¨®. Tras permanecer en Segunda dos temporadas, subi¨® a Primera Divisi¨®n en 2011 y lleg¨® a octavos de final de la Liga Europa. Tras dos temporadas en Primera, descendi¨® el verano pasado en la peor temporada de su historia, ¨²ltimo de la clasificaci¨®n con solo 25 puntos.
La fiscal¨ªa tiene la clave. El papel del ministerio p¨²blico en la fase intermedia antes de que se abra el juicio oral es determinante para el devenir del caso. La fiscal presentar¨¢ un escrito de acusaci¨®n previsiblemente m¨¢s leve que la visi¨®n penal de Alaya, a tenor de sus posiciones anteriores. La Fiscal¨ªa pidi¨® que las acciones de Lopera le fueran devueltas tras el embargo, aunque sin ¨¦xito. Apoya el fondo de la acusaci¨®n, pero con abundantes reservas. ¡°Ahora es el momento de retratarse para la fiscal¨ªa. Con las medidas cautelares, el Betis solvent¨® la situaci¨®n de ruina. Ha sido una instrucci¨®n compleja, pero hay indicios de criminalidad¡±, estima el letrado Miguel Cu¨¦llar, de la asociaci¨®n Liga de Juristas B¨¦ticos, personada como acusaci¨®n.
Recusaci¨®n de un juez. Mientras que Alaya avanzaba en su investigaci¨®n, la Audiencia de Sevilla respaldaba cada paso. Ahora la imparcialidad de la Sala est¨¢ en entredicho porque la Fiscal¨ªa ha apoyado la recusaci¨®n del magistrado Juan Antonio Calle por ser sobrino de Juan Calle Mart¨ªnez, vicepresidente de Liga de Juristas B¨¦ticos. Calle arguye que no hay parentesco de consanguinidad, porque las partes personadas son personas jur¨ªdicas.
Embargo de cuentas. La ¨²ltima decisi¨®n de Alaya antes de dar carpetazo a la instrucci¨®n ha sido bloquear las cuentas de Lopera para cubrir la fianza civil de 33 millones, que se suma al embargo de cinco casas y autom¨®viles. Ahora, se inicia la fase intermedia antes de la celebraci¨®n del juicio, en la que la fiscal¨ªa y las acusaciones propondr¨¢n las penas para los ocho acusados.
Luis Oliver y las causas del Mercantil
En paralelo al sumario principal que analiza la gesti¨®n de Manuel Ruiz de Lopera, la justicia tiene en marcha otras tres investigaciones que afectan al Betis. El Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla analiza dos de ellas, y su titular debe decidir por un lado la calificaci¨®n del concurso de acreedores en que entr¨® el Betis por su situaci¨®n de insolvencia, para determinar si ha sido culposo o fortuito.
Por otra parte, el magistrado deber¨¢ decidir en marzo sobre la demanda mercantil ante la titularidad del 30% de las acciones, propiedad de Lopera y vendidas al empresario Luis Oliver, al que diferentes socios denunciaron por las dudas sobre el pago por parte de Lopera al Betis para hacerse en 1992 con la titularidad de esta acciones.
Mientras, el instructor de refuerzo del juzgado de Alaya, ?lvaro Mart¨ªn, ha cerrado la investigaci¨®n de una pieza separada sobre la gesti¨®n supuestamente fraudulenta llevada a cabo por Oliver, que estuvo al frente del equipo durante 10 meses. La Guardia Civil ha analizado la compraventa de jugadores y la supuesta contrataci¨®n del club deportivo con empresas vinculadas a Oliver. El juez acusa al empresario y otras seis personas de apropiaci¨®n indebida y delito societario por supuestamente apropiarse de comisiones en salidas de jugadores y contratos con firmas vinculadas a Oliver.
La breve gesti¨®n de este empresario propici¨® sobresaltos. "Ni los nazis hac¨ªan lo que hace esta loca", proclam¨® Oliver en alusi¨®n a la magistrada durante una intervenci¨®n en la pe?a b¨¦tica de Utrera (Sevilla). La Audiencia le conden¨® a una multa de 4.500 euros por sus expresiones "gravemente injuriosas".
Antes,? Alaya hab¨ªa intervenido el tel¨¦fono m¨®vil de Oliver, con el argumento de que deb¨ªa localizarle y que la Guardia Civil ten¨ªa dificultades para dar con ¨¦l. La magistrada adopt¨® bajo secreto esta medida excepcional en 2011, al alegar que necesitaba "ahondar en la investigaci¨®n" y que era una persona de "dif¨ªcil localizaci¨®n".
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