Tonter¨ªas

Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo¡±, este es el pomposo t¨ªtulo del pacto suscrito por el PP y el PSOE el pasado 2 de febrero. Su ¨²nica plasmaci¨®n efectiva es una reforma del C¨®digo Penal. Dice el acuerdo que su objetivo es la prevenci¨®n y persecuci¨®n del terrorismo yihadista, amenaza real a ra¨ªz de los recientes atentados de Par¨ªs. Concluye con una solemne llamada a alcanzar el m¨¢s amplio consenso entre las fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria.

La m¨¢s llamativa innovaci¨®n de la reforma es la introducci¨®n en nuestra ley penal de la Prisi¨®n Permanente Revisable (PPR). Es una variante imprecisa y vergonzante de la hist¨®rica cadena perpetua, desaparecida de nuestros c¨®digos penales desde 1928. La perpetuidad de la prisi¨®n podr¨¢ evitarse, revisarse, cuando el penado lleve cumplidos 25 a?os de internamiento, si entonces un tribunal aprecia un pron¨®stico favorable de reinserci¨®n. As¨ª se ha querido contentar, o enga?ar, tanto a los que claman por la cadena perpetua como a los que exigen que las penas sean humanitarias.

Hoy la pena por un asesinato terrorista puede llegar a 30 a?os de prisi¨®n. Si, como es frecuente, va acompa?ado de otros delitos, la pena puede llegar a los 40 a?os. A estas grav¨ªsimas penas puede a?adirse una serie de prohibiciones que significan controles judiciales durante otros diez a?os m¨¢s. Por eso era in¨²til m¨¢s severidad, y porque, adem¨¢s, a los yihadistas no les van a disuadir ni los 40 a?os de c¨¢rcel ni la PPR, pues lo suyo es morir matando, como en los recientes atentados de Par¨ªs o Copenhague.

No se ha alcanzado un consenso entre las fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentarias. CiU, PNV, BNG, IU, y UPyD, han formulado sus enmiendas a la reforma legal, acogiendo la cr¨ªtica general a la PPR por su posible inconstitucionalidad, su imprecisi¨®n y su inutilidad. Frente a estas cr¨ªticas, Felipe Gonz¨¢lez defendi¨® el acuerdo pese a que ¡°acaso no es ni siquiera constitucional¡±, como si esto fuera accesorio o irrelevante. A?adi¨® que ¡°cuando hay un atentado terrible, entonces todo el mundo reclama por qu¨¦ no se ha hecho lo que se acaba de hacer¡± (se refer¨ªa al acuerdo) y, con una inaceptable sonrisa displicente, concluy¨®: ¡°Y entonces nos arrepentimos de haber dicho las tonter¨ªas que se oyen¡±.

Lo que hace falta es reforzar la eficacia judicial y policial con m¨¢s medios, poniendo al d¨ªa las figuras del confidente, el testigo protegido y el agente infiltrado

Se hab¨ªan o¨ªdo las reflexiones que cuatro d¨ªas antes escribi¨® en EL PA?S Tom¨¢s S. Vives, jurista sabio e impecable, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Sal¨ªa al paso de la justificaci¨®n ofrecida por los redactores de la PPR, present¨¢ndola como respuesta a una demanda de los ciudadanos. Se?alaba cr¨ªticamente que ¡°resulta rentable electoralmente seguir los dictados de ciudadanos encolerizados¡±. Cabe a?adir que tanto o m¨¢s los dictados de los ciudadanos atemorizados, porque el voto del miedo siempre es contagioso, paralizante y conservador. Y conclu¨ªa el citado jurista: ¡°Poner a las v¨ªctimas como eje de la pol¨ªtica criminal es un error ¨¦tico¡±. No dec¨ªa tonter¨ªas.

Tampoco parecen tonter¨ªas los reproches pragm¨¢ticos de altas instituciones del Estado. El Consejo de Estado hab¨ªa informado de que ¡°en ning¨²n momento se apuntan las razones por las que se ha entendido que una reforma de esa magnitud sea necesaria en el momento actual¡±, y hac¨ªa suyo el argumento del Consejo General del Poder Judicial seg¨²n el cual ¡°la lucha antiterrorista puede ser plenamente eficaz mediante la conjunci¨®n de una serie de medidas de diversa ¨ªndole sin necesidad de introducir la PPR¡±.

Esas medidas son las que ya tenemos. No hacen falta m¨¢s delitos ni mayores penas que los hoy vigentes para afrontar el terrorismo yihadista o cualquier otro, como ha puesto de manifiesto la experiencia, desgraciadamente abundante, de nuestros tribunales. El problema, hoy, es la prevenci¨®n y, en su caso, la inmediata detenci¨®n de los terroristas yihadistas.

Para ello lo que hace falta es reforzar la eficacia judicial y policial con m¨¢s medios, poniendo al d¨ªa las figuras, hoy insuficientes, del confidente, el testigo protegido y el agente infiltrado, con el reforzamiento de los recursos humanos y materiales de informaci¨®n, y de los tratamientos y controles penitenciarios, etc¨¦tera. El acuerdo anuncia mayor atenci¨®n a estas necesidades inaplazables, pero no constan proyectos pr¨®ximos ni presupuestos precisos.

As¨ª pues, en la pr¨¢ctica solo queda el anuncio de mayor severidad, eso s¨ª, para ser efectiva dentro de 25, 30 ¨® 40 a?os. Parece que los partidos firmantes del acuerdo han seguido el consejo de Quevedo: ¡°Si quieres que las mujeres te sigan ponte delante de ellas¡±. O sea, que les siga, o empuje, el populismo represivo, con su rentabilidad electoral, con su miedo paralizante y su triste y explicable, pero incivil, ¨¢nimo de venganza. Lamentablemente renuncian a su funci¨®n constitucional, a veces ingrata, de formaci¨®n de la voluntad popular a partir de principios de civilizaci¨®n democr¨¢tica y humanitaria. No son tonter¨ªas.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal del TSJC