El juez sostiene que De Miguel lider¨® una red clientelar para prevaricar
Acusa hasta de 11 delitos diferentes a los 26 imputados por una trama corrupta
Alfredo de Miguel se aprovech¨® de su peso pol¨ªtico en el PNV de ?lava y de su condici¨®n de mano derecha del diputado general de este territorio para tejer una red clientelar que obtuvo de manera irregular numerosos contratos administrativos en feudos de alcaldes nacionalistas. Este es el dibujo gen¨¦rico realizado por el juez Roberto Ramos en su auto de imputaci¨®n de hasta 11 delitos para 26 personas difundido este martes, casi cinco a?os despu¨¦s de las primeras detenciones de un esc¨¢ndalo que sacudi¨® entonces la pol¨ªtica alavesa y que ratifica las principales hip¨®tesis sobre las razones de esta trama.
Aunque es posible que el inicio de la vista oral pudiera demorarse hasta un a?o, la existencia de este auto altera de inmediato el clima pol¨ªtico en el territorio alav¨¦s, demasiado convulso por la sucesi¨®n de denuncias ante los juzgados y que asiste a unas previsiones sociol¨®gicas de m¨¢xima igualdad en las urnas.
De momento, el juez sostiene que ha quedado ¡°indiciariamente acreditado¡± la posible existencia de una ¡°trama organizada¡± en torno a De Miguel, entonces diputado foral de Administraci¨®n Local y Equilibrio Territorial de ?lava, para conseguir irregularmente contratos o adjudicaciones p¨²blicas de diferentes Administraciones o entes p¨²blicos gobernados por el PNV. Quedan libres de cargos Pablo Larrabide, directivo bancario, y Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, ya que los hechos que se le imputaban, fraude en la contrataci¨®n p¨²blica, ¡°no son constitutivos de delito o resultan penalmente at¨ªpicos¡±.
Como ya se hab¨ªa conocido por anteriores declaraciones, y de manera especial por la confesi¨®n de Ainhoa Bilbao, los principales cargos del PNV alav¨¦s imputados desviaron fondos para la empresa Kataia Consulting en la que sus mujeres tambi¨¦n participaban o para otras empresas con las que ten¨ªan relaci¨®n. Dentro de los presuntos delitos cometidos, el auto recuerda que esta red ¡°solicitaba y obten¨ªa el pago de comisiones¡± de quienes obten¨ªan algunas adjudicaciones a las que contribu¨ªan.
Los imputados
Alfredo de Miguel encabeza la lista de 26 imputados. Junto a ¨¦l, Aitor Teller¨ªa y Luis Felipe Ochandiano, Gurutz Larra?aga, Javier S¨¢nchez Robles, Mar¨ªa Justina Angulo, I?aki San Juan.
Tambi¨¦n se mantiene la imputaci¨®n para Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon I?aki Etxaburu, Alfonso Arriola, Juli¨¢n Andr¨¦s S¨¢nchez, Miren Lourdes Bilbao, Sergio Fern¨¢ndez Oleaga, Aintzane De Miguel, Jes¨²s Jos¨¦ Arruti, Jes¨²s Arruti, Estibaliz Arruti, Gorka Errasti, Prudencio Hierro, Josu Montes, Joaqu¨ªn Sabater, Ram¨®n Tom¨¢s Riba, Pl¨¢cido Casas, y Francesc Fern¨¢ndez.
En su mayor¨ªa, los imputados tienen una relaci¨®n directa con el PNV como burukides, afiliados o simpatizantes, principalente de ?lava y Bizkaia. As¨ª, en la lista se mezclan miembros de la ejecutiva alavesa del ABB con exconsejeros del Gobierno Ibarretxe o la exalcaldesa de Zambrana. La localizaci¨®n en Vitoria del epicentro de la trama oblig¨® al entonces presidente del EBB, I?igo Urkullu, a liderar una inmediata operaci¨®n limpieza que prosper¨® despu¨¦s de superar, no obstante, serias resistencias por parte del n¨²cleo pr¨®ximo a I?aki Gerenabarrena y a quien secund¨® Joseba Egibar hasta poco antes del desenlace. Esta forzada renovaci¨®n situ¨® a Xabier Agirre como l¨ªder del ABB despu¨¦s de una asamblea controvertida.
La sucesi¨®n de ilegalidades lleva al juez a enumerar casos de prevaricaci¨®n, omisi¨®n del deber de perseguir delitos, cohecho, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de capitales, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude a las Administraciones p¨²blicas o en la contrataci¨®n p¨²blica, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento p¨²blico y mercantil, delitos contra la Hacienda P¨²blica, y alteraci¨®n de precios en concursos y subastas.
En el auto se precisa, adem¨¢s, que de los hechos recogidos en la resoluci¨®n se deriva la presunta responsabilidad civil subsidiaria de, al menos, las sociedades mercantiles Kataia Consulting, Errexal Serbitzuak, Ortzi Muga, Sidepur y Zeruluz.
En su auto de 180 folios, el juez detalla hasta doce operaciones de largo alcance en las que se habr¨ªan cometido irregularidades por alguno de los encausados. Las adjudicaciones en el Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano o las modificaciones en las normas subsidiarias de Zambrana se entrecruzan con los contratos a algunas de las sociedades creadas por miembros de la trama que, en ocasiones, ¡°no ofrec¨ªan prestaciones a cambio¡±.
Se pone fin as¨ª a una tortuosa instrucci¨®n donde se han sucedido las declaraciones ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vitoria con la comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento mientras desde la fiscal¨ªa de ?lava se denunciaba la falta de colaboraci¨®n de la Ertzaintza para determinar algunos delitos econ¨®micos. Tampoco se descarta que dentro de la estrategia de algunas defensas pudiera plantearse en el inicio del junio la nulidad de algunas de las pruebas recogidas en el auto por la calidad de algunas grabaciones.
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