Justicia tumba la estrategia para salvar 52 chal¨¦s junto al mar

El expediente jur¨ªdico de los 52 chal¨¦s en primera l¨ªnea de playa en San Vicente do Mar (O Grove) vuelve a sumar folios tras 24 a?os de traj¨ªn. La urbanizaci¨®n de Os Raeiros, levantada en suelo r¨²stico para la venta de adosados pese a que la licencia de obra era para un apartotel, acumul¨® sentencias en contra hasta que la Xunta ¡ªque con el bipartito hab¨ªa cuestionado repetidamente el complejo, orden de derribo incluida¡ª interpret¨® en 2013 que modificando el uso residencial de la parcela por el tur¨ªstico se pod¨ªa dar por cumplido un fallo del Tribunal Supremo que mandaba ¡°restituirla a su estado original¡±. La maniobra se hizo mal, seg¨²n ha certificado la Direcci¨®n General de los Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, que ha anulado la reversi¨®n.

?En una resoluci¨®n del 26 de febrero, el director general, Javier G¨®mez G¨¢lligo, ratifica en lo esencial una nota del Registro de la Propiedad de Cambados que suspend¨ªa el cambio de denominaci¨®n instado en 2013 porque dos de los propietarios originales no dieron el visto bueno presencialmente, un tr¨¢mite indispensable ¡°dadas las repercusiones que tiene en la titularidad de los copropietarios pues, aun cuando conserven el dominio, es significativo el cambio en el r¨¦gimen y condiciones de su ejercicio¡±. G¨®mez ratifica que no vale con que la junta de propietarios aceptase la modificaci¨®n por unanimidad.

El escrito del director de los Registros repasa el expediente, en el que figuran tambi¨¦n ventas de algunas de las parcelas cuando ya el Supremo hab¨ªa fallado definitivamente sobre la cuesti¨®n, entre ellas tres que se traspasan a Promociones y Construcciones San Ero, SL, sociedad con v¨ªnculos con la promotora original, Galicia Improin, SL, administrada a su vez por Fernando Varela, hermano del primer conselleiro de Cultura de Feij¨®o. Una de las inc¨®gnitas que hab¨ªa suscitado el cambio de r¨¦gimen de propiedad era precisamente los efectos para los compradores, que hab¨ªan abonado precios que en alg¨²n caso rondaron los 400.000 euros.

La resoluci¨®n es recurrible. En este caso ante el Juzgado de lo Civil de Pontevedra. Resta a¨²n por conocerse el efecto de una sentencia de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Xustiza, esa s¨ª firme, que a su vez ordenaba el derribo de los chal¨¦s, ante la que la Xunta se declar¨® en su d¨ªa perpleja.