Condenado un edil que ped¨ªa 15.000 euros para dar una licencia de taxi

En marzo de 2009, el concejal de Hacienda y primer teniente alcalde, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez (Partido Popular), de El ?lamo, se reuni¨® con un vecino de la localidad. Ambos ten¨ªan que hablar sobre un asunto muy concreto: una licencia de taxi. Tres a?os antes, este residente en este municipio del sur de la regi¨®n hab¨ªa realizado una petici¨®n oficial para que su mujer pudiera ejercer de taxista. No obtuvo respuesta hasta que Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez le llam¨®. Durante la conversaci¨®n apareci¨® una cifra: 15.000 euros. ¡°Para atender el pago de festejos del Ayuntamiento¡±, aclar¨® Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez insinuando que si no pagaba esa cantidad no adjudicar¨ªa la licencia. El matrimonio no sab¨ªa que su petici¨®n ya hab¨ªa sido aprobada unos meses antes; Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez desconoc¨ªa que la conversaci¨®n estaba siendo grabada.

¡°El objetivo de la operaci¨®n era la obtenci¨®n por este m¨¦todo [a cambio del dinero] de la autorizaci¨®n de la transmisi¨®n de licencia de taxi a nombre de Juliana L.¡±, argumenta el fiscal. Un delito de cohecho que el matrimonio llev¨® a los juzgados en septiembre de 2013. A pesar de la grabaci¨®n, un jurado popular absolvi¨® a Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez bas¨¢ndose en que la licencia se hab¨ªa acabado concediendo a pesar de que el pago pedido no se hab¨ªa satisfecho.

¡°El jurado no cumpli¨® su funci¨®n de valorar la realidad o irrealidad del hecho probado sino que explic¨® que el no pago de la cantidad exigida no tuvo consecuencias negativas; una motivaci¨®n irracional y carente de l¨®gica¡±, dijeron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando la Fiscal¨ªa recurri¨® la sentencia. Poco despu¨¦s, el TSJM la anul¨® por considerarla ¡°arbitraria¡±. Y ayer, cinco a?os despu¨¦s del delito y con Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez aun ejerciendo sus labores p¨²blicas en el Consistorio ¡ªsu nombre, su foto y sus cargos se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de la localidad donde viven unas 8.000 personas¡ª, comenz¨® el juicio de nuevo.

Pero antes de arrancar, las partes llegaron a un acuerdo. Frente a los 18 meses de c¨¢rcel, el pago de 45.000 euros y los cuatro a?os de inhabilitaci¨®n que ped¨ªa la acusaci¨®n para el concejal, este ha reconocido su delito y aceptado una multa de 15.000 euros y la inhabilitaci¨®n para ejercer cualquier tipo de empleo o cargo p¨²blico durante tres a?os. La grabaci¨®n fue clave para demostrar el delito y que el acusado lo reconociera: ¡°La petici¨®n indebida de dinero existi¨® porque la conversaci¨®n tuvo lugar en los t¨¦rminos claros y concluyentes que se desprende de su contenido¡±, argument¨® la acusaci¨®n.