La Audiencia de Ourense ordena reabrir el caso de las depuradoras

Las irregularidades detectadas por los t¨¦cnicos de la Uni¨®n Europea de la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) en la adjudicaci¨®n por la Diputaci¨®n de Ourense de m¨¢s de un centenar de depuradoras a la empresa viguesa SMA que se ¡°adaptaban como un guante¡± a las cl¨¢usulas del contrato, seguir¨¢n siendo investigadas judicialmente. La secci¨®n 2 de la Audiencia Provincial de Ourense ha fallado contra el archivo decretado el pasado mes de diciembre por el entonces titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Ourense, Antonio Pi?a ¨Cpuesto que dej¨® para presidir la Audiencia Provincial- que no detect¨® il¨ªcito penal en la adjudicaci¨®n al grupo empresarial y cuyo auto fue recurrido por el grupo provincial de PSOE.

Lejos de la ¡°irrelevancia penal¡± establecida por Pi?a en ese auto ¨Ccon el que se ratificaba en el archivo la denuncia que por los mismos hechos hab¨ªa presentado a?os antes un particular-, los tres magistrados de la sala segunda de la Audiencia sostienen que es necesario continuar la instrucci¨®n relativa a un supuesto ¡°irregular comportamiento¡± de una Administraci¨®n p¨²blica en relaci¨®n con contrataciones subvencionadas con 10,2 millones de euros de fondos estructurales comunitarios. Una cantidad de dinero que no se rentabiliz¨® socialmente dado que las depuradoras, dise?adas para barcos, instaladas en los pueblos de la provincia no llegaron a ponerse en funcionamiento en su mayor parte.

Los magistrados entienden que solo cabr¨ªa el archivo de la causa ¡°en el momento en el que la instrucci¨®n se haya concluido respecto a las contrataciones y en el bien entendido sentido de que de la misma se desprenda que no median indicios de comisi¨®n delictiva¡±. La Audiencia considera, adem¨¢s, que la instrucci¨®n realizada por Pi?a fue ¡°escasa¡±, toda vez que el juez solo cit¨® a declarar a los implicados en las contrataciones, ¡°bien t¨¦cnicos de la Diputaci¨®n, bien representantes de la empresa¡±, que entienden los magistrados que estar¨ªan ¡°interesados en diluir sus posibles responsabilidades denunciadas por la OLAF¡±.

El auto de la Audiencia concuerda con el recurso del PSOE sobre la necesidad de que se cite a declarar a los t¨¦cnicos de la UE que denunciaron las irregularidades que les llevaron alertar de un ¡°claro favorecimiento¡± a SMA ¡°excluyendo toda posible competencia de otros posibles licitadores¡±, acusaciones que ¡°en s¨ª mismas son importantes indicios de comisi¨®n criminal¡± y que, en opini¨®n de los magistrados, ¡°no fueron desvirtuadas¡± a lo largo de una instrucci¨®n ¡°en donde solo consta un informe de un ingeniero agr¨ªcola¡± en el que ¡°no se abordan ni m¨ªnimamente las cuestiones que se ventilan en el presente procedimiento¡±.

La Audiencia entiende que se debe de seguir la instrucci¨®n ¡°en relaci¨®n a las irregularidades detectadas sin que ello signifique cuestionar decisiones pol¨ªticas¡± que, en cualquier caso, considera ¡°quiz¨¢s no afortunadas¡± a la vista de la ¡°inoperatividad de las depuradoras instaladas¡±, una cuesti¨®n que precisa que ¡°excede con mucho la jurisdicci¨®n penal¡±.

El auto vuelve, por tanto, a abrir la instrucci¨®n de una causa que salpica la gesti¨®n del expresidente de la Diputaci¨®n, Jos¨¦ Luis Baltar y del actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Mart¨ªnez, vicepresidente de la instituci¨®n cuando se adjudicaron las depuradoras. En su resoluci¨®n de archivo, Pi?a pon¨ªa de manifiesto su discrepancia con la OLAF al no apreciar caracter¨ªsticas ¡°que hagan presumir una predeterminaci¨®n¡± hacia una empresa concreta.

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