El fiscal pide de seis a ocho a?os a los acusados de red de extorsi¨®n de ETA
Solo cuatro, de los doce acusados inicialmente en esta causa, llegan al final del juicio
El fiscal ha pedido este martes en el juicio entre seis y ocho a?os de c¨¢rcel para cuatro acusados de la red de extorsi¨®n de ETA por cobrar entre 2005 y 2006 el denominado impuesto revolucionario actuando en torno al bar Fais¨¢n de Ir¨²n (Guip¨²zcoa) y ha retirado la acusaci¨®n a un quinto.
En concreto, ha solicitado ocho a?os de prisi¨®n por integraci¨®n en grupo terrorista para Ram¨®n Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Harocarene Camio y Emilio Castillo Gonz¨¢lez y seis por colaboraci¨®n con banda armada para Ignacio Aristiz¨¢bal, mientras que ha retirado la acusaci¨®n para Jos¨¦ Carmelo Luquin.
De esta forma, de los doce acusados inicialmente en esta causa, desde el pasado d¨ªa 2 se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional solo cinco imputados, de los que llegan hasta el final del juicio cuatro, tras la retirada de acusaci¨®n a Luquin, el fallecimiento antes de la vista de Jes¨²s Iruretagoyena y el hecho de que Alfonso Mart¨ªnez de Lizarduy qued¨® exento por su salud y edad.
Adem¨¢s, respecto a las cinco personas que formaban parte del consejo de la empresa Azcoyen, para los que el fiscal ped¨ªa seis meses de c¨¢rcel por supuesto delito de administraci¨®n fraudulenta tras acceder a pagar a ETA unos 222.000 euros, la Audiencia Nacional decidi¨® en la primera jornada del juicio enviar el procedimiento a los juzgados de Navarra.
Lenguaje jerogl¨ªfico
El fiscal ha subrayado que las conversaciones telef¨®nicas grabadas por la Polic¨ªa demuestran que Elos¨²a y los dem¨¢s implicados usaban un "lenguaje jerogl¨ªfico", mediante el que por ejemplo las facturas de "vino" eran referencias al impuesto revolucionario. Ha comentado que "Elos¨²a no era un simple charlat¨¢n sino una persona extremadamente inteligente que ten¨ªa una forma muy interesante de encubrir lo que hac¨ªa, hablando por los codos en voz alta, mezclando de tal forma que primero pod¨ªa hablar del Athletic de Bilbao y luego meter una morcilla relacionada con todo esto".
Los acusados fueron procesados en 2008 como presuntos integrantes de una subestructura de ETA llamada Gezi (punta de flecha), liderada por el fallecido Joseba Elos¨²a, propietario del bar Fais¨¢n, que recibi¨® un chivatazo policial en 2006 que frustr¨® una operaci¨®n contra la red de extorsi¨®n.
El fiscal Carlos Miguel Bautista ha informado de que ha retirado la acusaci¨®n para Luquin, porque, tras el "buen hacer" de su abogado, I?igo Iruin, ya no persisten los indicios que hab¨ªa contra ¨¦l en su momento, pero s¨ª estima que hay pruebas para condenar a los otros cuatro acusados.
Ha aclarado que en los registros solo se pudo recuperar una carta de extorsi¨®n de ETA debido a la filtraci¨®n que hubo de la investigaci¨®n. De todas formas, para el fiscal, tras siete "largos e intensos" a?os de procedimiento, se ha podido acreditar la participaci¨®n de estos acusados en la subred de financiaci¨®n de ETA encabezada por Elos¨²a, dentro de un sistema que comenzaba con avisos y pod¨ªa terminar en ataques directos a la persona o a su empresa en caso de impago.
El fiscal ha destacado que la investigaci¨®n revel¨® un "trasiego" de empresarios en el Fais¨¢n impropio de este tipo de bar y ha comentado que "la Polic¨ªa lo ten¨ªa f¨¢cil para distinguir entre sus clientes habituales y los que llegaban en determinados coches que llamaban la atenci¨®n". Ha hecho referencia a empresarios que negaron estas visitas al bar Fais¨¢n para tramitar con Elos¨²a pagos, tras recibir cartas de ETA, pero ha dicho que hay que tener en cuenta que se trata de "gente mayor y asustada".
El abogado de la Asociaci¨®n V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) ha reclamado doce a?os de prisi¨®n para los acusados por pertenencia a ETA y diez para el imputado por colaboraci¨®n y ha retirado la acusaci¨®n a Luquin, al igual que la letrada de la organizaci¨®n Dignidad y Justicia.
El representante de la AVT ha concretado que hay indicios de que Harocarene se encargaba de recopilar informaci¨®n econ¨®mica de empresarios, distribu¨ªa cartas e intermediaba en los pagos; Sagarzazu gestionaba los mismos y dirig¨ªa en Espa?a la relaci¨®n con los empresarios; y los otros dos acusados participaron en el reparto de misivas.
La abogada de Dignidad de Justicia ha atribuido la negativa de alg¨²n empresario a reconocer los pagos al miedo a ser imputado por ello y alhecho de que "desde el punto de vista moral no debe ser f¨¢cil".
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