La fiscal defiende la validez del juicio de Terra M¨ªtica frente a las defensas
El ministerio p¨²blico rechaza que los delitos hayan prescrito como afirman los acusados Alega que las defensas no lo mencionaron durante ocho a?os
La Fiscal¨ªa ha defendido este mi¨¦rcoles la validez del juicio de Terra M¨ªtica y ha rechazado que los delitos hayan prescrito, como han argumentado en las dos jornadas anteriores las defensas tanto de los acusados como del parque tem¨¢tico de Benidorm.
El ministerio p¨²blico ha centrado buena parte de su intervenci¨®n en la tercera sesi¨®n del juicio en la Audiencia de Valencia en reivindicar que el delito fiscal que se atribuye a cuatro directivos del parque y a la propia empresa est¨¢ vigente porque el momento desde el cual debe empezar a calcularse el plazo de prescripci¨®n es el de la devoluci¨®n por parte de la Agencia Tributaria de los casi 186.000 euros que se efectu¨® indebidamente por la liquidaci¨®n del IVA del a?o 2000. La acusaci¨®n p¨²blica ha destacado que las pesquisas se iniciaron antes de que se cruzase ese l¨ªmite, que considera fijado en julio de 2006.
La fiscal ha criticado lo que ha calificado de intentos de "obstaculizar" y retrasar el procedimiento por parte de las defensas en la fase de instrucci¨®n, algunas de las cuales alegaron en las dos primeras jornadas del juicio "dilaciones indebidas". Y ha destacado que durante los ocho a?os de instrucci¨®n no hubiesen alegado la prescripci¨®n con la que ahora intentan anular el juicio.
Carmen Garc¨ªa, la represente de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que ha dirigido las pesquisas, ha mantenido, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tampoco pueden considerarse prescritos ni el delito de estafa ni el de falsedad continuada, aunque este ¨²ltimo tiene una caducidad m¨¢s r¨¢pida. El motivo es que al tener conexidad con el supuesto fraude fiscal el plazo que se utiliza es el de prescripci¨®n del il¨ªcito m¨¢s grave, en este caso el que afecta a la Hacienda P¨²blica.
Desde la bancada de la defensa se hab¨ªa solicitado tambi¨¦n la anulaci¨®n de las grabaciones que efectuaron los entonces diputados socialistas Jos¨¦ Camarasa y Antoni Such a dos de los empresarios acusados en el procedimiento, al considerar que estas se hicieron "subrepticiamente" y mediante "enga?o". La fiscal ha mantenido que la conversaci¨®n grabada debe continuar dentro del proceso y ha citado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo en las que se admite la utilizaci¨®n de este tipo de prueba a pesar de que no todos los interlocutores desconociesen que estaban siendo grabados.
En las grabaciones los dos empresarios, que luego se desdijeron, atribu¨ªan delitos a uno de los principales acusados, el empresario Vicente Conesa, e implicaban en la supuesta trama en torno a Terra M¨ªtica al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, aunque solo por lo que les hab¨ªan contado. Esta v¨ªa de investigaci¨®n qued¨® en nada.
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