La Intervenci¨®n critica la falta de control de los cursos de formaci¨®n

La Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa ha censurado con dureza la vigilancia del Ejecutivo aut¨®nomo sobre los fondos p¨²blicos que destin¨® para cursos de formaci¨®n subvencionados entre 2005 y 2013. Los interventores critican que el Gobierno andaluz concediera fondos millonarios a?o tras a?o, sin destinar un cuerpo de funcionarios a revisar cada ayuda, lo que propici¨® un fraude de momento sin cuantificar. Uno de los cuatro interventores adjuntos, Ignacio Garc¨ªa, incluso acusa al Ejecutivo de actuar ¡°deliberadamente¡± para ¡°beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios¡±. Entre estos estar¨ªan los del exconsejero andaluz ?ngel Ojeda, imputado en la causa.

Las denuncias de los interventores est¨¢n incluidas en la causa que instruye desde hace un a?o la juez Mercedes Alaya, que ayer facilit¨® a las partes la ¨²ltima parte del sumario. El interventor adjunto Luis Hinojosa envi¨® hace solo un mes a la Guardia Civil un listado con los fondos ¡°pendientes de justificar¡±, que sumaban 3.015 millones. Sin embargo, esta cifra ha ido sumando los millones pendientes de cada ejercicio a?o tras a?o. La C¨¢mara de Cuentas, en su cuenta general de 2013, fij¨® en 733 millones los fondos pendientes de justificar en los cursos de formaci¨®n.

Tras a?os sin un control exhaustivo, desde el verano la Junta revisa las 8.505 subvenciones concedidas entre 2007 y 2013. Y tras analizar la mitad de las ayudas, los funcionarios estiman que las entidades ¡ªempresas, Ayuntamientos, Diputaciones¡ª deben devolver 17,4 millones por 581 expedientes que ya cuentan con resoluciones de reintegro. Esta revisi¨®n administrativa culminar¨¢ en los pr¨®ximos meses.

Los perceptores de las subvenciones pudieron recibir nuevas partidas para formaci¨®n de la Junta gracias a las exoneraciones autorizadas por la Consejer¨ªa de Empleo, que permit¨ªa aplazar la revisi¨®n de la justificaci¨®n de gastos. El Ejecutivo andaluz defiende la legalidad de estas exoneraciones.

Los interventores, ocho de los cuales han declarado como testigos ante la Guardia Civil y uno de ellos ante Alaya, han censurado las exoneraciones concedidas por la Junta. Garc¨ªa acusa a la Consejer¨ªa de Empleo de "ser consciente" de que los certificados aportados por los empresarios "no coincid¨ªan con la realidad", lo que constitu¨ªa "un impedimento" para que la Intervenci¨®n realizara mayores comprobaciones. Eso s¨ª, Garc¨ªa admite que carece de "evidencias directas" para estas contundentes acusaciones, y respecto a que la Junta favoreci¨® "deliberadamente" a ciertos empresarios, puntualiza que ofrece esta opini¨®n "sin estar basada en t¨¦cnicas de auditor¨ªa".?

Las cr¨ªticas de Garc¨ªa contra el Ejecutivo fueron m¨¢s all¨¢, y ante Alaya denunci¨® "la falta de medios sobre todo de personal", al que considera "escasamente cualificado" por carecer de formaci¨®n espec¨ªfica en conocimientos b¨¢sicos tales "como contabilidad".

Mientras, la investigaci¨®n que dirige Alaya con 16 ex altos cargos de la Junta imputados por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, avanza en paralelo. La juez acusa a la exdirectora del centro de formaci¨®n Formades Ana Mar¨ªa Orihuela de conceder fondos irregulares por 1,7 millones, entre ellos gastos ajenos a la formaci¨®n como regalos y caramelos de la cabalgata de Reyes, barajas de cartas o cava para un campeonato de doma. Alaya acusa a Orihuela de otorgar subvenciones con ¡°fraccionamientos fraudulentos¡± a su hijo por 275.776 euros y a un sobrino por 22.743 euros en servicios de guarder¨ªa.