El calvario de la lenta justicia

El ex delegado de la Zona Franca de C¨¢diz, Miguel Osuna, del PP, estuvo ocho a?os inmerso en el caso Rilco hasta que este a?o ha sido absuelto penalmente por el Tribunal Supremo. ¡°He sufrido un calvario¡±, reconoc¨ªa hace unos d¨ªas. En realidad, lo sigue sufriendo porque hace seis a?os que fue incorporado como imputado a otro caso, Quality Food, que le puede llevar a la c¨¢rcel, aunque la fecha del juicio sigue sin saberse. Lleva instruy¨¦ndose 11 a?os. S¨®lo un a?o menos acumula la investigaci¨®n por falsedad, fraude y asociaci¨®n il¨ªcita de la Operaci¨®n Halc¨®n. La muerte de ocho marineros en Barbate a bordo del Nuevo Pepita Aurora, con el patr¨®n como ¨²nico imputado, acumula ocho. Y seis cumple la investigaci¨®n del robo de casi ocho millones de la caja municipal de San Fernando. La fiscal¨ªa cree que esta lentitud en asuntos de gran trascendencia no se puede atribuir s¨®lo a la complejidad de las investigaciones. Culpa al abusivo uso de los recursos de las defensas, la falta de medios y los fallos procesales.

Las diligencias de la Operaci¨®n Halc¨®n se abrieron en 2005. La Agencia Tributaria hab¨ªa destapado una enorme red de facturaci¨®n falsa en negocios ficticios de la Sierra de C¨¢diz, cuyo cabecilla era presuntamente Carlos Carretero. Las escuchas de aquella investigaci¨®n sirvieron para abrir otro caso, la Operaci¨®n Karlos, de expedici¨®n de permisos de invalidez falsos, que alcanz¨® gran relieve al estar involucrada Mar¨ªa Jos¨¦ Campanario, la esposa del torero Jesul¨ªn de Ubrique. Aquel caso ya se juzg¨® y tiene sentencia firme pero el juicio de la investigaci¨®n primigenia no se espera hasta, al menos, el a?o que viene.

La Fiscal¨ªa de C¨¢diz cree que la Operaci¨®n Halc¨®n es un s¨ªmbolo de la lentitud que sufren casos de enorme trascendencia con una excesiva complejidad. La fiscal¨ªa calific¨® en 2012 y detect¨® 47 delitos contra la hacienda p¨²blica, 19 de falsedad mercantil y otros tanto de apropiaci¨®n indebida. El caso ha ido retras¨¢ndose por las dimensiones de las diligencias, con m¨¢s de 7.000 folios, y tambi¨¦n porque la Audiencia Provincial ha devuelto el caso al juzgado de instrucci¨®n para aclarar el papel de algunas empresas.

Sin embargo, el ministerio p¨²blico no cree que siempre la lentitud de las causas penales se explique s¨®lo por su complejidad. Tambi¨¦n se produce en casos de menores complicaciones internas, con delitos m¨¢s claros y menos imputados, cuando son casos de enorme trascendencia. La fiscal jefe de C¨¢diz, ?ngeles Ayuso, ve que muchas veces la ¡°prudencia¡± del instructor lleva a admitir peticiones de las defensas durante la instrucci¨®n que muchas veces son ¡°exageradas¡± o ¡°abusivas¡±. Ese ¡°uso exacerbado¡± de todos los recursos posibles est¨¢ detr¨¢s de los continuos retrasos de algunas de estas instrucciones.

Ha ocurrido, por ejemplo, en Quality Food, la presunta estafa cometida mediante el desarrollo de una compa?¨ªa de alimentaci¨®n a la Zona Franca. La investigaci¨®n que estaba bastante avanzada tras ocho a?os de instrucci¨®n dio un giro en 2012 cuando la Abogac¨ªa del Estado implic¨® como participante activo de la estafa al ex delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, del PP, cuya imputaci¨®n y la de otros dirigentes o afines del PP, supuso una sucesi¨®n de recursos y contrarrecursos que, a¨²n hoy, siguen sin resolverse. La instrucci¨®n est¨¢ parada en el Juzgado 3 de C¨¢diz. Las partes siguen sin poder presentar sus escritos de acusaci¨®n y nadie se atreve a poner una fecha, ni siquiera, un a?o, para ese juicio. Osuna, que se ha quejado de la cantidad de a?os que ha sufrido la pena de banquillo con Rilco, es uno de los que m¨¢s ha usado esta v¨ªa del recurso que permite la legislaci¨®n espa?ola y que tambi¨¦n estanca otros casos como los ERE o el que indaga el fraude del Plan Bah¨ªa Competitiva, lo que alarga los plazos de unas investigaciones ya, de por s¨ª, complicadas. A todo esto se suma, claro est¨¢, la falta de medios. Pero la fiscal¨ªa deshace en parte este mito. ¡°La mayor¨ªa de asuntos m¨¢s llamativos de la ¨²ltima d¨¦cada no han estado en los juzgados mixtos sino en los de instrucci¨®n de C¨¢diz, Jerez y Algeciras, que no est¨¢n colapsados de trabajo¡±, dice Ayuso.

El robo en la caja de San Fernando mantiene al principal acusado, el cajero municipal Clemente Ruiz, sin empleo ni sueldo desde hace seis a?os, cuando se descubri¨® que faltaban casi ocho millones. Pas¨® casi dos a?os en prisi¨®n. Sali¨® en 2011 y el caso est¨¢ lejos de un juicio. La instrucci¨®n se ha detenido de manera excesiva, s¨®lo justificada en parte por la aparici¨®n de imputados marroqu¨ªes, cuya localizaci¨®n es m¨¢s dif¨ªcil.

La investigaci¨®n del naufragio del Nuevo Pepita Aurora, en el que murieron ocho marineros de Barbate, sigue esperando su final sin que ninguna parte personada sepa muy bien el motivo. El suceso curri¨® en 2007. En estos ocho a?os la instrucci¨®n se vio lastrada por una sucesi¨®n de recursos, la petici¨®n frustrada del reflotamiento del barco y la realizaci¨®n de un ensayo con maquetas de c¨®mo fue el siniestro.

Otras veces una sola prueba lo retrasa todo. El caso Rilco tard¨® casi 10 a?os en juzgarse, entre otras cosas, porque un informe pericial tard¨® dos a?os en hacerse porque las Administraciones no se pon¨ªan de acuerdo en c¨®mo deb¨ªa pagarse. La fiscal¨ªa ha detectado otros problemas en casos relevantes como la falta de personal en el juzgado, que lleva al desglose de un procedimiento en muchas piezas. ¡°A veces se conf¨ªa en avanzar una instrucci¨®n con los huecos libres del personal que no existen¡±. O fallos procesales como no dar traslado a los acusados a su debido tiempo, lo que obliga a devolver el procedimiento al instructor, o las bajas de funcionarios que no se cubren hasta que alcanzan los tres meses.