?Qu¨¦ responsabilidad?

El PSOE de Andaluc¨ªa contiene el aliento a la espera de que en las pr¨®ximas semanas se produzca el desenlace de dos acontecimientos que discurren en paralelo, pero que de forma inevitable se entrelazan. Por una parte, la decisi¨®n del instructor del Tribunal Supremo sobre el futuro procesal de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en el caso ERE. Por otro, las negociaciones para la investidura de Susana D¨ªaz, a quien Podemos y Ciudadanos exigen que sus dos antecesores renuncien a sus esca?os en el Congreso y en el Senado para facilitar su designaci¨®n como presidenta andaluza.

Chaves y Gri?¨¢n representan 23 a?os del Gobierno andaluz y de historia auton¨®mica. Los dos han sido ministros, presidentes federales del PSOE y en sus trayectorias acumulan m¨¢s quinquenios en el ejercicio del poder que en la oposici¨®n. En el tramo final de sus carreras ¡ªChaves tiene 69 a?os y Gri?¨¢n, 68¡ª han afrontado el momento pol¨ªtico m¨¢s amargo: su declaraci¨®n como imputados por el bochornoso fraude de los ERE. Su empe?o ha sido desmontar la tesis de la juez Mercedes Alaya, que sostiene que el Gobierno aut¨®nomo se conjur¨® a lo largo de una d¨¦cada para delinquir con un reparto arbitrario de ayudas sociolaborales falseando la ley de Presupuestos. En la investigaci¨®n no hay pruebas que demuestren esa confabulaci¨®n delictiva que situar¨ªa a decenas de altos cargos y a centenares de funcionarios al margen de la ley. Y que dejar¨ªa tambi¨¦n a decenas de diputados andaluces como unos incompetentes que no supieron interpretar las cuentas de la comunidad.

Cada uno a su manera, Chaves y Gri?¨¢n han situado el foco del fraude en la ejecuci¨®n del gasto, es decir, en las decisiones que tom¨® la Consejer¨ªa de Empleo, todo un ejemplo de chapucer¨ªa y discrecionalidad. Las declaraciones de los dos expresidentes andaluces en el Supremo dejan entrever que el instructor Alberto Jorge Barreiro apunta m¨¢s en sus pesquisas a por qu¨¦ nadie en el Gobierno aut¨®nomo hizo nada ante los reiterados informes de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa que se?alaban que el procedimiento administrativo por el que se conced¨ªan las ayudas era inadecuado e irregular, aunque no ilegal. Y es ah¨ª d¨®nde las declaraciones de los dos expresidentes son m¨¢s vulnerables. Ambos han argumentado que no les lleg¨® ninguno de estos documentos y que la Intervenci¨®n no hizo el llamado informe de actuaci¨®n, que se redacta cuando se detecta el menoscabo de fondos p¨²blicos y que s¨ª les habr¨ªa obligado a intervenir. Formal y legalmente es as¨ª. Pero pol¨ªticamente resulta inexplicable que los resortes de la Administraci¨®n andaluza no funcionaran ante lo que Gri?¨¢n ha definido como ¡°un gran fraude¡±. Y es ah¨ª donde entran en juego la responsabilidad: ?penal o pol¨ªtica? El Supremo decide y el PSOE espera.