Imputada la candidata del PP en El Boalo

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Colmenar Viejo ha abierto diligencias e imputado, a ra¨ªz de una denuncia de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid, a Carmen D¨ªaz Carral¨®n, exalcaldesa de El Boalo (7.000 habitantes) y candidata municipal del PP en las elecciones del 24 de mayo, y a los miembros de las juntas de gobierno de las legislaturas de 2003-2007 y 2007-2011 por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a funcionarios. Desde el PP negaron tener constancia de las imputaciones.

El actual equipo de Gobierno de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ¡ªun cuatripartito formado por PSOE (con Javier de los Nietos como alcalde), IU y los grupos independientes Juntos por el Boalo y Soy Vecino, que entre todos suman seis ediles, como el PP¡ª present¨® en febrero de 2014 una denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por supuestas irregularidades detectadas durante los ejercicios 2006 y 2011.

Por ejemplo, denunciaron ¡°deficiencias e irregularidades que no ser¨ªa exagerado calificar de graves y muy graves¡± en expedientes municipales. El informe puso de manifiesto que ¡°exist¨ªan indicios de adjudicaciones de numerosas obras p¨²blicas a dedo¡±, se?ala el regidor del PSOE. El Gobierno local destaca adem¨¢s la desaparici¨®n de ¡°la totalidad de los expedientes de contrataci¨®n y de la documentaci¨®n relacionada¡± de los archivos municipales.

La fiscal¨ªa entiende, tras m¨¢s de un a?o de investigaciones, que D¨ªaz Carral¨®n y los integrantes de las dos juntas de gobierno bajo sospecha ¡°aprobaron la tramitaci¨®n tanto de expedientes como de adjudicaciones de contratos plagados de irregularidades¡±. Y se centra en varios contratos que se realizaron con la ¡°omisi¨®n de las normas esenciales en la tramitaci¨®n de los mismos¡±.

En concreto, se refiere al edificio sociocomunitario de El Boalo, cuya construcci¨®n se adjudic¨® a la empresa Rico en marzo de 2006, en contra del informe del interventor y pese a que el arquitecto municipal hab¨ªa informado de una oferta mejor por parte de la firma Arkiter Prodesa. ¡°Se desconocen los criterios de valoraci¨®n de las ofertas presentadas por los licitadores (que no se encuentran en el expediente) ni los motivos de inter¨¦s p¨²blico que determinaron la adjudicaci¨®n a Rico¡±, dice la fiscal¨ªa.

Lo mismo sucedi¨® con el edificio administrativo-social de Cerceda y el complejo sociocultural de Mataelpino, adjudicados a Rico en las mismas fechas, con los reparos de la intervenci¨®n municipal. Alfonso Baeza (Juntos por El Boalo), responsable de seguridad y obras, incide en que la construcci¨®n del centro cultural de Cerceda se adjudic¨® en 1,8 millones y tuvo un sobrecoste del 42%. ¡°Un caso similar al de Mataelpino, que parti¨® de 1,5 millones y los modificados lo elevaron un 35%¡±. ¡°Paralizamos el convenio aprobado por nuestros predecesores para el pago de la deuda pendiente de estos edificios. Los tribunales nos han dado la raz¨®n¡±, aprecia De los Nietos. ¡°El grueso de la deuda municipal, de nueve millones, con seis de presupuesto anual, se debe a estos edificios¡±, sentencia Blanca Ruiz (Soy Vecino), concejal de Hacienda y Urbanismo. Jos¨¦ ?ngel Guerrero (IU) recuerda que para costear las obras ¡°se vendieron unas parcelas a posteriori, cuando adem¨¢s no se pod¨ªan destinar los ingresos a los edificios¡±.