Incumplir la ley

De nuevo deben ser los jueces quienes obliguen a la Generalitat a cumplir la ley. En determinadas materias, siempre las mismas, aquellas de car¨¢cter identitario, las autoridades catalanas son sistem¨¢ticamente desobedientes. A veces pienso que los ciudadanos deber¨ªamos adoptar la misma actitud. Por ejemplo, dejar de pagar el IBI a los ayuntamientos que coloquen la bandera estelada en su fachada o los tributos auton¨®micos cuando la consellera de Ense?anza proclame por en¨¦sima vez que no piensa cumplir las sentencias sobre la lengua escolar. No lo haremos, somos dem¨®cratas, pero se lo merecen.

Los jueces no aprueban leyes sino que las aplican. Es por eso que echar la culpa a los jueces por sus decisiones es ignorar su funci¨®n. Un juez puede estar profundamente en desacuerdo con el contenido de una ley pero debe hacerla cumplir en el ejercicio de su funci¨®n de juez. Cuando se dice, y se dice muy a menudo, que un juez ha mandado hacer tal cosa, no significa que aquello que ha resuelto exprese su voluntad sino la voluntad de la ley, de la ley democr¨¢tica. Incumplir una sentencia es desobedecer al derecho y refleja una actitud antidemocr¨¢tica.

En los ¨²ltimos d¨ªas, se ha exigido a la Generalitat que cumpla la ley mediante varias sentencias de los tribunales y una resoluci¨®n de la Junta Electoral Central en asuntos referentes, por un lado, a la lengua en la ense?anza y, por otro, a la presencia de banderas esteladas en los edificios p¨²blicos. Muchos dir¨¢n: ¡°las banderas, ?vaya tonter¨ªa!¡±. A primera vista, puede parecer que tengan raz¨®n. Pero bien mirado, constituye un atentado a la libertad de participaci¨®n pol¨ªtica, al n¨²cleo mismo de la democracia.

La bandera de Catalu?a es la de cuatro barras, tal como dice el Estatuto. La bandera estelada es el s¨ªmbolo de los partidarios de la independencia, los cuales pueden utilizarla libremente en manifestaciones, en balcones, donde quieran, menos en los edificios p¨²blicos que, por su naturaleza, son de todos, no s¨®lo de algunos. ?Verdad que no se pueden colgar en los ayuntamientos banderas o esl¨®ganes de los partidos? Pues tampoco esteladas, que no son otra cosa que s¨ªmbolos de ciertos partidos, los independentistas, elementos de propaganda contradictorios con la debida neutralidad de las instituciones en asuntos electorales. Ha hecho bien la Junta Electoral en prohibirlas.

En una sociedad en la que se hablan indistintamente dos lenguas, es equitativo que ambas se ense?en en una ¡°proporci¨®n ajustada y razonable¡±

Asunto m¨¢s espinoso es el de la lengua en la escuela. En esta cuesti¨®n, desde principios de los a?os 80 las leyes se incumplen sistem¨¢ticamente: el Estatuto de 1979, la buena ley catalana de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica de 1983, las SSTC 337/1994 y 31/2010, y varias sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). M¨¢s de treinta a?os incumpliendo el derecho. La ley ampara a los d¨¦biles frente a los fuertes: hace treinta que ilegalmente dominan los fuertes. Un esc¨¢ndalo.

En una sociedad en la que se hablan indistintamente dos lenguas, es equitativo que ambas se ense?en en una ¡°proporci¨®n ajustada y razonable¡±. Lo dijo el TSJC y lo ha ratificado el TS: como m¨ªnimo un 25% de las horas lectivas deben ser dadas en castellano. ?Como m¨ªnimo un raqu¨ªtico 25%! Pues bien, el Gobierno de la Generalitat, los partidos nacionalistas y todo su tentacular aparato de agitaci¨®n y propaganda infiltrado en los medios, sostiene que ello pone en peligro la supervivencia del catal¨¢n: algo totalmente rid¨ªculo. Como es sabido, la realidad es que en muchas escuelas se utiliza el castellano ¡ªy otras lenguas¡ª en proporciones mucho mayores al 25%. Para comprobarlo s¨®lo hay que mirar las webs en las que estos centros se anuncian. Por tanto, la raz¨®n es otra: el nacionalismo no puede admitir formalmente que se ense?e en castellano, lengua considerada como impuesta, no propia de Catalu?a ni de los catalanes, sino ajena, s¨®lo oficial porque es la lengua del Estado, un Estado tambi¨¦n impuesto, del que debemos separarnos.

?La inmersi¨®n ha sido un ¨¦xito, como dicen muchos? No. La impropiamente llamada pol¨ªtica de inmersi¨®n, es decir, la que establece que el catal¨¢n sea la ¨²nica lengua utilizada en la ense?anza, es un grave error por muchas razones, entre ellas desaprovecha las ventajas pedag¨®gicas del biling¨¹ismo. Pero no vamos a entrar hoy en este tema. S¨®lo concluir que las leyes y las sentencias est¨¢n para cumplirlas. Desconf¨ªen de aquellos poderes pol¨ªticos que hacen ostentaci¨®n de vulnerarlas: en ellos anida un fondo antidemocr¨¢tico.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional