El juez del ¡®caso Palau¡¯ mantiene imputado al exdirectivo de Ferrovial
El magistrado vuelve a cerrar la instrucci¨®n tras la exculpaci¨®n de Jaume Camps
El juez que investiga el saqueo del Palau de la M¨²sica ha dado por cerrada la instrucci¨®n del caso, en un auto en el que mantiene imputado al exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, cuya defensa hab¨ªa pedido el archivo por prescripci¨®n, y exculpa al exdiputado de CiU Jaume Camps.
El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 30 de Barcelona ha vuelto a cerrar la instrucci¨®n del caso del Palau de la M¨²sica en un auto, al que ha tenido acceso Efe, despu¨¦s de que la Audiencia de Barcelona haya avalado la exculpaci¨®n de Jaume Camps, que presuntamente ejerci¨® de intermediario en el pago de comisiones a CDC, al entender que los hechos han prescrito.
En su auto, que es recurrible, el juez concluye que CDC cobr¨® comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a trav¨¦s del Palau de la M¨²sica, a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica, mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturaci¨®n mendaz y convenios de colaboraci¨®n con la Fundaci¨® Trias Fargas (actual Catdem).
La defensa de Pedro Buenaventura pidi¨® al juez que archivara la causa contra su cliente, tambi¨¦n por prescripci¨®n, pero el instructor desestima esa petici¨®n al entender que no ha transcurrido el plazo suficiente para que se haya extinguido la responsabilidad penal del exdirectivo de Ferrovial.
El juez rechaza el argumento de la defensa de que Buenaventura de que el imputado qued¨® sin capacidad alguna de decisi¨®n a partir de febrero de 2006, cuando ces¨® como director general de la compa?¨ªa, "toda vez que no es extra?a, como es sabido, la figura de administrador de hecho", a?ade el auto.
La instrucci¨®n del caso Palau ya se dio por terminada en julio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona reabri¨® despu¨¦s la causa para ordenar la imputaci¨®n de los empresarios que facturaron a la entidad cultural las obras que llevaron a cabo en las casas de los saqueadores confesos F¨¨lix Millet y Jordi Montull.
El instructor concluye en su auto que CDC cobr¨® entre los a?os 2000 a 2009 comisiones por adjudicaciones de obra p¨²blica, en virtud de un acuerdo fraguado en 1999 en el que intervinieron Millet y Montull, Pedro Buenaventura y el exdirectivo de Ferrovial Juan Elizaga, el extesorero de CDC Carles Torrent, su sucesor, Daniel Os¨¤car, y Jaume Camps.
En opini¨®n del juez, la constructora abonaba, por regla general, una comisi¨®n del 4 % del importe de la obra p¨²blica adjudicada, del que un 2,5 % se asignaba a CDC y un 1,5 % se lo quedaban Millet y Montull por su labor de "intermediaci¨®n".
El juez resalta en su auto que "tambi¨¦n Jaume Camps (cuya eventual responsabilidad criminal ha quedado extinguida por prescripci¨®n) recibi¨® alguna remuneraci¨®n por intermediaci¨®n, al menos en una ocasi¨®n", en que supuestamente cobr¨® de F¨¨lix Millet 5,4 millones de las antiguas pesetas.
El acuerdo para el pago de comisiones a CDC a trav¨¦s del Palau fue posible, seg¨²n el juez, "con la intervenci¨®n de otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendente sobre los cargos p¨²blicos de la Generalitat y otros organismos p¨²blicos locales, vinculados al partido y que ten¨ªan la facultad de decidir las adjudicaciones de obra p¨²blica".
"La identidad y concreta intervenci¨®n de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de esta instrucci¨®n", advierte el auto.
El juez acusa del expolio, entre otros, a Millet y Montull, la hija de este Gemma y la exdirectora del Palau Rosa Garicano, por saquear presuntamente la entidad musical cargando a la misma sus gastos particulares y desviando los fondos, gran parte de ellos mediante reintegros en cheques al portador.
Entre 2000 y 2009, sostiene el magistrado, los acusados hicieron desaparecer il¨ªcitamente de las cuentas del Palau de la M¨²sica y el Orfe¨® Catal¨¤ -nutrido de fondos p¨²blicos- un total de 18 millones de euros, de los que Millet se habr¨ªa quedado 7 millones y 1,3 millones Montull, "mientras que se desconoce el destino de los restantes 9,6 millones".
Gran parte del expolio, sostiene el juez, se perpetr¨® con "innumerables reintegros mediante cheques al portador cobrados en efectivo en ventanilla", por lo que reprocha la "falta de colaboraci¨®n, en absoluto leg¨ªtima", de las entidades bancarias que pagaron esos talones a la hora de identificar a los beneficiarios.
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