Un testigo confirma el rifle para el ex delegado del Gobierno de Valencia
Al ex delegado del Gobierno se le atribuye cohecho, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n A otros acusados se les imputa tambi¨¦n blanqueo y delitos fiscales
El due?o de una armer¨ªa de Sagunto ha confirmado ante el juez en calidad de testigo que desde la empresa contratista de la Generalitat valenciana Avialsa le encargaron un rifle de caza para el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Seraf¨ªn Castellano, destituido el 29 de mayo tras ser detenido por supuesta corrupci¨®n.
El armero respalda as¨ª lo denunciado hace dos a?os ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por Francisco Aland¨ª, exgerente de Avialsa. El relato de Aland¨ª sobre presuntos favores a esta empresa por parte del ex delegado del Gobierno en su etapa de consejero de la Generalitat a cambio de regalos est¨¢ en la base de la investigaci¨®n que se sald¨® el viernes pasado con la detenci¨®n de nueve personas y el registro de una decena de inmuebles.
El testigo ha declarado que el rifle lo eligieron el exgerente Aland¨ª y Emilio M¨¢?ez, exconcejal popular de Quartell, un peque?o pueblo del interior de Valencia, que tambi¨¦n fue detenido. Y que le dieron documentaci¨®n para registrar el arma a nombre de Castellano. Desde la empresa contratista le pidieron adem¨¢s, seg¨²n la declaraci¨®n del testigo, una factura modificada.
El due?o de la armer¨ªa se lo ha contado al nuevo responsable de la investigaci¨®n judicial, que ha cambiado de manos. El asunto, tras ser turnado entre los juzgados de Sagunto, ha reca¨ªdo en el titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 del municipio. La operaci¨®n policial del 29 de mayo fue dirigida por el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sagunto porque se encontraba de guardia cuando la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicit¨® autorizaci¨®n para proceder a las detenciones y a los registros. Una v¨ªa con la que el ministerio p¨²blico trat¨® de evitar posibles filtraciones.
Los agentes que han desarrollado la investigaci¨®n en secreto durante los ¨²ltimos meses, miembros de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa proven¨ªan de Madrid por el mismo motivo. Castellano era hasta el viernes la m¨¢xima autoridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana.
Al ex delegado del Gobierno se le atribuyen los supuestos delitos de cohecho, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. A algunos de los otros nueve imputados en la causa se les imputan tambi¨¦n blanqueo de capitales y fraude fiscal. Entre los acusados se encuentra Vicente Huerta, due?o de la empresa que supuestamente hizo los obsequios a Castellano, y que recibi¨® contratos por importe de 33 millones de euros en la etapa en que el ex delegado del Gobierno dirigi¨® la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n, entre 2007 y 2014.
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