Hacienda embarga las ayudas sociales a sus deudores

Es vecina de Les Franqueses (Vall¨¨s Oriental). Tiene dos hijos y su esposo es un sin papeles. Est¨¢ de baja, recibe una pensi¨®n de 379 euros y paga un alquiler de 350 euros. Las cuentas ya no le salen. Adem¨¢s tiene un problema card¨ªaco, que le obliga a comprar una medicina que no se puede permitir. Por ello acudi¨® a los Servicios Sociales locales, que le concedieron varias ayudas mensuales: 100 euros para la comida de los peque?os; 15 euros para la medicaci¨®n y 26 euros para sufragar sus viajes hasta el Hospital Vall d'Hebron. El Consistorio, sin embargo, no le puede entregar esos subsidios. El Estado le pide que se los embargue por tener una deuda de 1.500 euros con Hacienda.

El caso lo cuenta Marina Ginest¨ª (CiU), que desde el pasado junio es la regidora de Asuntos Sociales de la poblaci¨®n vallesana. Este fue el primer l¨ªo que se encontr¨® al tomar posesi¨®n. ¡°Estamos amarrados de pies y manos. Las becas comedor logramos d¨¢rselas por otra v¨ªa, pero no podemos darle ninguna ayuda en met¨¢lico¡±, explica la concejal. En el municipio hay otros dos casos similares.

El bloqueo deriva de un cambio en el reglamento general de la aplicaci¨®n de los tributos del Estado, que oblig¨® a que el a?o pasado los entes locales informaran de todas ayudas sociales y subvenciones que entregaban, independientemente de su cuant¨ªa. Hacienda hizo un cruce de esta informaci¨®n con la de sus deudores (por multas de tr¨¢fico o por venta ambulante, por ejemplo) y confeccion¨® una lista de personas a las que se les tienen que embargar las ayudas que entregan los entes locales.

Hay casos en los que ayudas para el alquiler, pobreza energ¨¦tica o las becas comedor cuentan como rentas de trabajo

No hay una cifra oficial de afectados. En Santa Coloma de Gramanet, por ejemplo, se ha registrado una veintena de casos. ¡°Tambi¨¦n hay casos en los que ayudas para el alquiler, pobreza energ¨¦tica o las becas comedor cuentan como rentas de trabajo y se pide tributar por ellas¡±, denuncia la diputada socialista N¨²ria Ventura.

Hacienda ha cambiado dos veces de criterio respecto a si puede confiscar las ayudas municipales de emergencia social de sus morosos, critica Jos¨¦ Mar¨ªa Mollinedo, secretario general del Sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda (Gestha). El pasado 20 de mayo, la Subdirecci¨®n General de Procedimientos Especiales asegur¨® en un correo electr¨®nico que s¨ª pod¨ªan ser embargadas, ante las dudas de varias direcciones territoriales. Dos d¨ªas despu¨¦s, el propio Ministerio rectific¨® y dijo que estudiaba ¡°ampliar el ¨¢mbito de las exenciones que afectan a las ayudas y declarar su inembargabilidad¡±.

¡°Hasta la fecha, se pueden seguir produciendo embargos mientras no se apruebe la norma anunciada o se dicten instrucciones o ¨®rdenes para no practicarlos¡±, insiste Mollinedo, que pide celeridad a la Administraci¨®n. El pasado martes, el grupo de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica en el Congreso present¨® una enmienda a la modificaci¨®n parcial de la Ley General Tributaria para incluir dicha reforma. ¡°Esperamos que el calendario permita aprobarla antes de agotar la legislatura. Es de sentido com¨²n¡±, dijo la diputada convergente Inma Riera.

El tema tambi¨¦n fue abordado en el Parlamento catal¨¢n durante una interpelaci¨®n de los socialistas la consejera de Bienestar Neus Munt¨¦. La tambi¨¦n vicepresidenta explic¨® que las la semana pasada se hab¨ªa reunido con representantes de Hacienda para trasladarles la preocupaci¨®n de los entes locales y de entidades como la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM) y la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC).

Se pueden seguir produciendo embargos mientras no se apruebe la norma anunciada o se dicten instrucciones o ¨®rdenes para no practicarlos¡±

¡°Recibimos noticias de que se har¨¢n los cambios legislativos, pero los problemas los seguimos teniendo sobre la mesa. Se trata de gente que no puede esperar¡±, critica Ginest¨ª. ¡°Faltan instrucciones claras a los Ayuntamientos de c¨®mo abordar esta problem¨¢tica¡±, agrega Ra¨²l Moreno, delegado de la sectorial de pol¨ªtica social del PSC.

De hecho, el tema ya ha sido tratado en varios consejos comarcales, a petici¨®n de los alcaldes afectados. Incluso la Diputaci¨®n de Barcelona se ha visto obligada a solicitar a sus servicios jur¨ªdicos un informe, debido al n¨²mero de peticiones de asesor¨ªa por parte de interventores y secretarios municipales, quienes han de retener las ayudas a los morosos.

Los letrados de la Administraci¨®n provincial razonan que la Ley de Enjudiciamento Civil establece que no se pueden confiscar los bienes ¡°que sean imprescindibles para que el ejecutado y las personas que dependen de ¨¦l puedan atender su subsistencia con una dignidad razonable¡± y recuerda que las personas que reciben ayudas econ¨®micas est¨¢n obligadas a justificar que el dinero que reciben se dedica a satisfacer necesidades b¨¢sicas. Si un salario o una pensi¨®n no superan el salario m¨ªnimo interprofesional tampoco pueden ser retenida.

El informe de la Diputaci¨®n tambi¨¦n insta a los municipios a que informen a la Agencia Tributaria de que no pueden cumplir las diligencias de embargo en los t¨¦rminos requeridos. Catalu?a, a diferencia de Navarra, por ejemplo, no tiene una norma especial que impida la embargabilidad de las ayudas, es por eso que el gabinete jur¨ªdico tambi¨¦n insta a realizar una reforma en este sentido.

¡°La fragmentaci¨®n de las ayudas sociales en Catalu?a hacen tambi¨¦n muy ca¨®tico el seguimiento por parte de Hacienda¡±, opina Merc¨¨ Darnell, responsable de Programas y Servicios de C¨¢ritas, que pide una compactaci¨®n.