El TSJ valenciano confirma los ¡°indicios¡± de financiaci¨®n ilegal del PP

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha confirmado en un auto hecho p¨²blico este mi¨¦rcoles los "indicios" y "sospechas" de financiaci¨®n ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en dos campa?as electorales, las auton¨®micas y locales de 2007 y las generales de 2008. La Sala Civil y Penal confirma as¨ª el procesamiento de los miembros de la direcci¨®n regional del partido en aquellos a?os, cuando Francisco Camps, que ha quedado al margen de esta causa, dirig¨ªa la formaci¨®n regional y la Generalitat.

La fiscal¨ªa ha solicitado ocho a?os de prisi¨®n para los dos pol¨ªticos procesados m¨¢s conocidos, Vicente Rambla, que era vicepresidente del Gobierno aut¨®nomo, y Ricardo Costa, entonces secretario general del PPCV. En la misma situaci¨®n, a la espera de que se dicte la apertura de juicio o el archivo del procedimiento quedan otras 18 personas, entre dirigentes populares, empresarios del sector de la construcci¨®n y miembros de la red G¨¹rtel, entre ellos sus supuestos cabecillas Francisco Correa y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes.

En las tres piezas separada del caso G¨¹rtel recurridas se han investigado supuestos pagos irregulares de empresarios del sector de la construcci¨®n y la obra p¨²blica, contratistas de la Generalitat, a las campa?as populares. As¨ª como presuntos delitos fiscales de las empresas de la red G¨¹rtel y algunos de sus cabecillas.

La causa se centra en supuestos pagos irregulares a las campa?as populares por parte de empresarios de la construcci¨®n y la obra p¨²blica

La Sala Civil y Penal defiende el trabajo del magistrado instructor y rechaza el recurso de los imputados contra la falta de fundamentaci¨®n del auto de procesamiento del juez instructor, Jos¨¦ Ceres. "Tras una lectura detenida de las resoluciones recurridas, observamos que en ellas se exponen de forma detallada y minuciosa los hechos que se le imputan a cada uno de los recurrentes, con expresi¨®n de las diligencias en que se basa", se?ala la Sala.

En el actual momento del procedimiento "no nos corresponde el valorar la credibilidad y peso de los diferentes testigos, peritos y dem¨¢s documentaci¨®n contenida en la causa", afirman los jueces, ni tampoco "hasta qu¨¦ punto cada uno de los recurrentes, de una manera consciente y voluntaria hayan podido contribuir a la financiaci¨®n ilegal del partido". Basta, afirman, con que existan "indicios racionales de criminalidad" como los que observan.

Los tres magistrados que firman la resoluci¨®n, entre ellos la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, rechazan tambi¨¦n el recurso de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que hab¨ªa pedido que se procesara al extesorero nacional Luis B¨¢rcenas y Crist¨®bal P¨¢ez, que fue administrador general del PP en los comicios de 2008. La Sala considera que su posible responsabilidad no ha sido suficientemente acreditada.

La Sala rechaza que los supuestos delitos hayan prescrito y avala la intervenci¨®n de las conversaciones telef¨®nicas

Los magistrados rechazan la petici¨®n de que los supuestos delitos est¨¦n prescritos. Defienden que los hechos descritos puedan calificarse como delitos electorales (como se conoc¨ªa la financiaci¨®n ilegal antes de que el C¨®digo Penal incluyera este tipo penal como tal). Y avalan la legalidad de la intervenci¨®n de las conversaciones telef¨®nicas.

Contra la resoluci¨®n del Tribunal Superior no cabe recurso. La decisi¨®n sobre si se abre o no juicio contra la veintena de procesados queda primero a la espera de ver a qu¨¦ ¨®rgano judicial le corresponder¨¢ hacerlo. Los jueces valencianos decidieron remitir el asunto a la Audiencia Nacional al dejar de ser diputados (y perder con ello el aforamiento) los acusados que lo eran.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recurri¨® la decisi¨®n al Tribunal Supremo al considerar que todas las piezas de la rama valenciana del caso G¨¹rtel deb¨ªan permanecer en el TSJ valenciano. El Supremo decidir¨¢ en los pr¨®ximos meses.