Una ley de dependencia conectada al respirador

Atender a los 139.533 catalanes que tienen concedida una prestaci¨®n o servicio dentro del marco de la ley de Promoci¨®n de la Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia implica destinar m¨¢s de 1.011 millones de euros. De esta cantidad, la Generalitat aporta el 82,5%, alrededor de 910 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, por su parte, transfiere 192 millones, cuatro veces menos. Una diferencia de cifras que explica las listas de espera de dependientes y los problemas que sufren las entidades que trabajan en el ramo. Todas coinciden en el mismo diagn¨®stico: la ley de la dependencia est¨¢ mal financiada y los intentos de la Generalitat para mantener la ayuda han resultado en algunas ocasiones nocivos.

El problema no es nuevo. El 70% del presupuesto para programas del departamento de Bienestar Social se lo lleva el pago de la dependencia. La Generalitat incluye dentro de los agravios del Gobierno central el hecho de que la ley deber¨ªa estar financiada por partes iguales entre ambas Administraciones. Pero en el texto de la norma, aprobado en 2006 por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, dice algo bien diferente. La aportaci¨®n de la Comunidad Aut¨®noma ser¨¢, para cada a?o, ¡°al menos igual¡± a la del Estado. Sanidad, a pesar de haber recortado 240 millones de euros en tres a?os, cumple lo acordado.

El n¨²mero de beneficiarios de prestaciones es un 11% menor que cuando la extinta federaci¨®n de Converg¨¨ncia i Uni¨® revalid¨® su victoria en las urnas en noviembre de 2012. En ese momento eran 157.653 catalanes con ayudas concedidas. Otro indicador es el de Programas de Atenci¨®n Individualizada (PIA), la valoraci¨®n mediante la cual se otorga una ayuda a una persona que tiene reconocido el grade de dependencia. En estos casi tres a?os 50.489 personas no han podido acceder a las ayudas, en muchos casos porque se les otorgaban cuando ya hab¨ªan fallecido.

¡°Ahora estamos comenzando a ver la luz pero han sido a?os muy dif¨ªciles¡±, asegura Cinta Pascual, la presidenta de la Asociaci¨®n Catalana de Recursos Asistenciales, ACRA. Durante 14 meses, la Generalitat fren¨® la entrega de las llamadas prestaciones vinculadas al servicio (PEV), una ayuda que sufraga una plaza de residencia privada a la espera de liberar una p¨²blica. La decisi¨®n gener¨® malestar en el sector, que consider¨® que se violaba un derecho subjetivo de los dependientes, adem¨¢s de sus intereses econ¨®micos. Bienestar las recuper¨® en octubre del a?o pasado pero para supuestos muy limitados.

La Generalitat asegur¨® que tomaba esa decisi¨®n debido al recorte de las transferencias de Sanidad y por la dura situaci¨®n de la tesorer¨ªa de la Generalitat. Un argumento que el Gobierno catal¨¢n tambi¨¦n ha usado para retrasar pagos de subvenciones a las entidades del tercer sector. En julio, la Mesa del Tercer Sector present¨® un bar¨®metro que mostraba que un cuarto de las entidades a las que se les concedieron convenios y subvenciones en 2013 a¨²n no ha recibido todo el dinero que les corresponde. Si bien Bienestar ha usado criterios de proporcionalidad para retrasar los pagos, muchas empresas peque?as han tenido que recurrir a pr¨¦stamos bancarios para poder funcionar o hasta ajustes en plantilla. Esto repercute, al final, en la atenci¨®n a los dependientes.

¡°El actual modelo de copago es abusivo y confiscatorio¡±, critica por su parte Rosa Cadena, presidenta de DINCAT, que agrupa a entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Bienestar cre¨® una escala que ten¨ªa en cuenta el patrimonio a la hora de fijar la cuota y que defiende al considerar que es m¨¢s generosa que la estatal. ¡°El modelo est¨¢ pensado para dependientes mayores, no para los m¨¢s j¨®venes que acaban empobrecidos¡±, asegura Cadena. Bienestar rectific¨® a los baremos pero los dependientes siguen descontentos. Un problema que, coinciden ambas entidades, no se mejorar¨¢ sin un modelo de financiaci¨®n distinto.