Mas y dos cargos de la Generalitat, imputados por la consulta del 9-N
El Tribunal Superior de Justicia cita tambi¨¦n a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Ense?anza, Irene Rigau
Nueve meses despu¨¦s de admitir la querella de la Fiscal¨ªa, y apenas dos d¨ªas despu¨¦s de las elecciones del 27-S, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha citado a declarar como imputado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta independentista del pasado 9 de noviembre de 2014. Mas declarar¨¢ el pr¨®ximo 15 de octubre como imputado por un presunto delito de desobediencia. Tambi¨¦n lo har¨¢n, dos d¨ªas antes, la exvicepresidenta del Gobierno Joana Ortega y la consejera de Ense?anza, Irene Rigau, por el mismo motivo.
En una breve resoluci¨®n, el magistrado Joan Manel Abril ha citado a los tres cargos de la Generalitat y a cinco testigos que hab¨ªa solicitado la Fiscal¨ªa y que tambi¨¦n participaron en la preparaci¨®n de la consulta del 9-N. Las defensas de Mas, Ortega y Rigau hab¨ªan pedido que no se acordaran nuevas diligencias de investigaci¨®n ni declaraciones de testigos hasta que sus clientes comparecieran, como imputados, ante la justicia.
La Fiscal¨ªa General del Estado present¨® a finales de noviembre la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisi¨®n de delitos de desobediencia grave, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones en el proceso participativo del 9-N. El fiscal jefe catal¨¢n present¨® la denuncia por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Catalu?a) a acusar al presidente de la Generalitat. El aspecto com¨²n de las condenas para los cuatro delitos es que conllevan penas de inhabilitaci¨®n para cargos p¨²blicos.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a decidi¨®, en diciembre, investigar al presidente de la Generalitat,Artur Mas, por organizar la consulta alternativa del 9 de noviembre.Los magistrados admitieron a tr¨¢mite la querella de la Fiscal¨ªa General del Estado en la que se acusa a Mas y a dos de sus consejeros por presunta desobediencia.
El pleno de la sala civil y penal del TSJC, despu¨¦s de m¨¢s de cuatro horas de reuni¨®n, acord¨® por mayor¨ªa admitir a tr¨¢mite ¡°todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014¡±, seg¨²n una nota emitida entonces por el tribunal catal¨¢n. La investigaci¨®n tambi¨¦n abarca ¡°todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, est¨¦n relacionados¡± con la desobediencia respecto a la consulta soberanista.
Los abogados ya est¨¢n preparando las declaraciones y no recurrir¨¢n la decisi¨®n del TSJC de imputar a Mas, Ortega y Rigau. Fuentes cercanas a la instrucci¨®n sostienen que hasta ahora se hab¨ªa evitado la citaci¨®n como imputado de los tres cargos para evitar que influyera -en uno u otro sentido- en el desarrollo de la campa?a electoral. Por lo general, una de las primeras medidas que un juez acuerda cuando admite a tr¨¢mite una querella es citar a declarar a los querellados. La tardanza del TSJC en acordar esta diligencia (nueve meses) hab¨ªa generado suspicacias y cr¨ªticas en la acusaci¨®n, agregan las mismas fuentes.
Adem¨¢s de la declaraci¨®n de los imputados, para el 19 de octubre est¨¢ prevista la declaraci¨®n de diversos testigos. Adem¨¢s de algunos responsables de organizar aspectos materiales necesarios para celebrar la consulta (equipos inform¨¢ticos, urnas, et¨¦tera) declarar¨¢ la directora de un instituto p¨²blico de L'Hospitalet. Dolores Agenjo denunci¨® presiones para ceder el centro como local de votaci¨®n.
Penas que conlleva cada delito
El delito de desobediencia del que se acusa a Artur Mas conlleva una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os.
La obstrucci¨®n a la justicia o usurpaci¨®n de funciones est¨¢ castigada con las penas de prisi¨®n de seis meses a un a?o, multa de tres a ocho meses y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de uno a tres a?os.
La prevaricaci¨®n administrativa est¨¢ penada con la inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de siete a diez a?os.
Y, en el caso de la malversaci¨®n, la pena de multa es de seis a doce meses, y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a tres a?os. El C¨®digo Penal especifica, adem¨¢s, que si el culpable no reintegra el importe de lo distra¨ªdo dentro de los diez d¨ªas siguientes al de la incoaci¨®n del proceso, se le impondr¨¢n penas de tres a seis a?os e inhabilitaci¨®n absoluta por tiempo de seis a diez a?os.
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