Fomento reclama a 3.000 j¨®venes que devuelvan las ayudas al alquiler

El Ministerio de Fomento ha reclamado este verano a unos 3.000 j¨®venes de Catalu?a la devoluci¨®n de las ayudas correspondientes a la Renta B¨¢sica de Emancipaci¨®n (RBE) recibidas en a?os anteriores con unos intereses del 5%. Estos beneficiarios, que seg¨²n la Generalitat suponen hasta el 8% de los que obtuvieron la prestaci¨®n mensual de 210 euros, sobrepasaron el l¨ªmite de 22.000 euros de ingresos al a?o permitidos para percibir la subvenci¨®n.

A pesar de que la RBE, instaurada por la exministra de Vivienda Carme Chac¨®n, fue suprimida por el Gobierno del PP en 2013, esta segu¨ªa abon¨¢ndose a quienes ya la percib¨ªan y segu¨ªan teniendo derecho a ella. Sin embargo, su dise?o ha sido pol¨¦mico desde el primer d¨ªa. En verano de 2010, tras la campa?a de la renta de 2009, el Ministerio de Vivienda avis¨® por mensaje de m¨®vil a m¨¢s de 8.000 j¨®venes de que deb¨ªan devolver la ayuda al alquiler que les hab¨ªa sido otorgada por sobrepasar el l¨ªmite de 22.000 euros anuales que da derecho a percibirla.

Esta situaci¨®n ha vuelto a repetirse este a?o. Seg¨²n inform¨® ayer Rac1, unos 3.000 j¨®venes recibieron entre junio y septiembre una carta de la Generalitat en la que la Administraci¨®n les reclamaba la devoluci¨®n de todo el dinero que hab¨ªan recibido m¨¢s un inter¨¦s que ronda el 5%. Ello que cada joven afectado debe abonar una media de entre 2.000 y 2.500 euros. El Ejecutivo catal¨¢n, sin embargo, se?al¨® que era un mero mediador. ¡°Lo hemos tenido que hacer siguiendo las instrucciones del Ministerio de Fomento¡±, resalt¨® el secretario de Vivienda, Carles Sala.

La Generalitat, ya en la ¨¦poca del tripartito, ha sido muy cr¨ªtica con el sistema que se emplea para otorgar la RBE. Esta se otorga de acuerdo con los ingresos previstos por la n¨®mina. Posteriormente, la Administraci¨®n comprueba a trav¨¦s de las declaraciones de la renta que los beneficiarios no superen el umbral de los 22.000 euros y, en caso de que ello suceda, los beneficiarios deben retornar todas las ayudas con un inter¨¦s. Muchos j¨®venes, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, han rebasado esa cantidad por haber hecho horas extra, una bonificaci¨®n imprevista de su trabajo e incluso por haber percibido una indemnizaci¨®n tras haber perdido su puesto de trabajo.

Sala abund¨® en que las ayudas est¨¢n ¡°mal dise?adas¡± al no estar basadas en los ingresos del a?o en curso y al ser lineales, es decir, en todos los casos de 210 euros ¡ªaunque algunas son inferiores porque fueron rebajadas por el Ejecutivo central¡ª. El Ministerio de Fomento no quiso confirmar la cantidad de afectados, pero fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguraron que cada comunidad es ¡°competente en conceder y revocar¡± las ayudas al alquiler y record¨® que la Administraci¨®n auton¨®mica debe ¡°comprobar con regularidad¡± que los beneficiarios cumplan ¡°con los requisitos¡±. En caso contrario, estas deben reclamar el reintegro de la ayuda.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que encabeza Santi Vila, recibi¨® ayer otro jarro de agua fr¨ªa del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas comunic¨® a la Generalitat en una carta que prev¨¦ recurrir ante el Tribunal Constitucional ley derivada de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda, que incluye el alquiler social obligatorio, la daci¨®n en pago y el realojo inmediato.

Nueve meses de plazo

El Ejecutivo central alega que la ley atenta contra el concepto de propiedad que fijan la Constituci¨®n y el C¨®digo Civil. Fuentes de la Generalitat aseguraron que de momento se ha convocado la comisi¨®n bilateral, por lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene tiempo hasta mayo para recurrirla. Los impulsores de la norma, entre ellos la PAH, resaltaron que consideran que esta es constitucional.

Lo mismo planea hacer el Gobierno central con el impuesto a los pisos vac¨ªos de entidades financieras. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, asegur¨® en un comunicado que la Generalitat mantendr¨¢ en vigor ambas leyes y combatir¨¢ ¡°la amenaza que ha formulado el Gobierno del PP, que deja estas leyes colgando de un hilo¡±.