El Supremo ratifica las sentencias a los ¡®estafadores del IVIMA¡¯
El juzgado confirma la condena a cuatro personas acusadas de vender vivienda p¨²blica asignada a personas fallecidas a familiares y amigos alterando los ficheros del organismo
Julio Gonz¨¢lez Moreno tuvo una idea. El trabajo de este hombre, contratado por la empresa Gesti¨®n de Planificaci¨®n Urban¨ªstica (Geplalur), consist¨ªa, entre 2000 y 2004, en inspeccionar las viviendas ocupadas por adjudicatarios de vivienda p¨²blica del IVIMA (Instituto de Vivienda de Madrid). Aprovech¨¢ndose de esos conocimientos, Gonz¨¢lez Moreno ide¨® un sistema para vender casas a terceras personas: ¡°Alterar la base de datos del IVIMA cambiando el nombre de aut¨¦ntico adjudicatario por el de la persona a la que se vend¨ªa de forma fraudulenta la vivienda, haci¨¦ndola aparecer como adjudicataria de la misma¡±, seg¨²n la sentencia de la Audiencia Provincial. La Sala conden¨® a Gonz¨¢lez Moreno a cuatro a?os, siete meses y 15 d¨ªas de c¨¢rcel y a una multa de 1.800 euros por un delito de estafa y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Ahora, el Supremo la confirma as¨ª como las condenas al resto de acusados, que compraron una vivienda cada uno pese a no ser adjudicatarios. El Supremo ratifica la nulidad de las cuatro ventas realizadas y corrige la pena a uno de los compradores al que le absuelve de la falsedad documental por la que fue condenado en primera instancia.
La empresa Geplaur se encarg¨® entre 2000 y 2004 de la gesti¨®n de parte del patrimonio inmobiliario del IVIMA; concretamente de la gesti¨®n externa de las viviendas de alquiler con opci¨®n a compra. La empresa se encargaba por orden de la Comunidad ¡ªcon Alberto Ruiz Gallard¨®n (1995-2003) al frente y luego con Esperanza Aguirre (2003-2012)¡ª de comprobar si en la vivienda p¨²blica viv¨ªan sus adjudicatarios. Tambi¨¦n, de todas las gestiones y tr¨¢mites relativos a la adquisici¨®n de las viviendas.
Para realizar estas tareas, Geplaur ten¨ªa acceso a las bases de datos de IVIMA y la posibilidad de modificar los datos ah¨ª consignados; acceso a una informaci¨®n sensible que, seg¨²n la Audiencia Provincial, se hizo ¡°sin ning¨²n control ni cortapisa¡±. Gonz¨¢lez Moreno se dio cuenta de lo interesante que eran los ficheros que manejaba. As¨ª, en marzo de 2003 ofreci¨® al primo de su mujer, Alberto Cabezas Espigares, adquirir una vivienda p¨²blica. Gonz¨¢lez Moreno manipul¨® los archivos del IVIMA para que fuese denegada la subrogaci¨®n de la vivienda al hijo y heredero del propietario fallecido. En su lugar, adjudic¨® el piso a su familiar.
Ante el ¨¦xito de la operaci¨®n, Cabezas habl¨® a varias personas de su c¨ªrculo de confianza de esta operaci¨®n. Como algunas mostraron inter¨¦s, Cabezas se ofreci¨® como intermediario ante Gonz¨¢lez Moreno ¡°para facilitar la compra¡± a los interesados. Por esto, el Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia que le conden¨® a tres a?os y tres meses de prisi¨®n y una multa de 3.000 euros. A las otras personas implicadas les ha mantenido la pena de un a?o de prisi¨®n as¨ª como al pago repartido de las costas del juicio.
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