El alto cargo de Mas detenido dirigi¨® una obra con un sobrecoste del 81%

Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures.cat y uno de los 12 detenidos esta semana por la trama del 3%, es responsable de una abultada desviaci¨®n presupuestaria en la construcci¨®n del canal Segarra-Garrigues, una obra valorada inicialmente en 1.069 millones. Desde el sector p¨²blico, Rosell particip¨® en el dise?o del proyecto, que se adjudic¨® en 2002. Poco despu¨¦s, se convirti¨® en director general del consorcio ganador, Aguas Segarra-Garrigues (ASG). A fines de 2011, un informe interno elaborado por Regsega ¡ªempresa p¨²blica de la Generalitat que controla la ejecuci¨®n de la infraestructura, ahora paralizada¡ª, estim¨® que el sobrecoste de la obra podr¨ªa alcanzar el 81% si se manten¨ªa la misma superficie de riesgo prevista en el dise?o original.

Ese informe y las actualizaciones posteriores corrieron a cargo de un equipo del propio Rosell: en 2011 hab¨ªa ya vuelto al sector p¨²blico como responsable de Regsega y n¨²mero dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra p¨²blica de la Generalitat que ahora est¨¢ en el punto de mira por favorecer, presuntamente, a empresas afines a Converg¨¨ncia.

Durante su etapa en el sector privado, Rosell vel¨® por los intereses del consorcio ganador ¡ªliderado por FCC y Agbar¡ª y pretendi¨® saltarse el contrato inicial que ¨¦l hab¨ªa ayudado a dise?ar. Esas pretensiones le valieron enfrentamientos con los t¨¦cnicos de Regsega. La obra, adem¨¢s, ha resultado un fiasco. El proyecto inicial preve¨ªa regar 70.150 hect¨¢reas en el margen izquierdo del r¨ªo Segre (Lleida). Hace dos a?os, sin embargo, los trabajos quedaron casi parados. La Generalitat espera llegar a duras penas, de aqu¨ª a dos a?os, a las 18.000 hect¨¢reas.

El contrato inicial fijaba un precio cerrado. ¡°Era un contrato de llave en mano. La concesionaria deb¨ªa cumplir las condiciones fijadas¡±, explican fuentes conocedoras del proyecto. Pero Rosell hizo todo lo posible para modificarlas. Primero, bloque¨® las obras hasta que se cerr¨® el programa de reparcelaci¨®n. Despu¨¦s, logr¨® que ASG pudiera entregar obras parciales acabadas, pero inanes por s¨ª solas. Ello permiti¨® reconocer deuda e intereses a la concesionaria, que vio aumentados as¨ª sus beneficios a futuro.

Rosell tambi¨¦n trat¨® de fijar nuevos precios, m¨¢s all¨¢ de los incluidos en el contrato. Pero sus pretensiones chocaron con los t¨¦cnicos de Regsega. Hubo reuniones entre ambas compa?¨ªas. Regsega lleg¨® incluso a contratar al despacho de abogados Cuatrecasas, que le dio la raz¨®n. Pero las cosas no cambiaron.

Una nota interna de Regsega, en poder de EL PA?S, fechada en 2007 y dirigida al presidente de la compa?¨ªa, afirma que ¡°el contrato no se est¨¢ desarrollando de acuerdo con las previsiones de realizaci¨®n de obras y de superficie puesta en riego¡±. Y agrega que ¡°ASG act¨²a de manera no adecuada a los mandatos y filosof¨ªa del contrato e interpreta las cl¨¢usulas de forma desequilibrada con un claro inter¨¦s partidista¡±.

Ese documento, que se centraba en tres sectores finalizados, advert¨ªa de que se hab¨ªa producido una desviaci¨®n presupuestaria del 89%. ¡°Se podr¨ªa pensar que los presupuestos contratados est¨¢n desfasados y no son reales. Pero eso no es as¨ª, porque los precios contratados se ajustan perfectamente a un estudio comparativo con obras reales¡±, concluye el informe. En aquel momento apenas se hab¨ªan invertido 50 millones. La Generalitat, en manos del tripartito, autorizaba los sobrecostes, motivados por un aumento del coste de materiales y procedimientos de obras, por reparcelaciones e incluso por una investigaci¨®n de la UE sobre la afectaci¨®n a zonas de paso de aves.

M¨¢s tarde, en 2011, Regsega elabor¨® un informe en el que se?alaba que las obras podr¨ªan acabar con una desviaci¨®n del 81%, lo que disparar¨ªa el coste del Segarra-Garrigues hasta los 1.928 millones. Iniciativa llev¨® el informe a la Fiscal¨ªa. Para entonces, sin embargo, las obras ya estaban casi completamente paralizadas por la falta de recursos, que hab¨ªan obligado a la Generalitat a replantearse el proyecto para sacarlo adelante garantizando su viabilidad econ¨®mica. Se hab¨ªan consumido 750 millones de obra y la banca hab¨ªa dicho basta. El pool bancario cerr¨® el grifo, en parte, porque la calificaci¨®n crediticia de la Generalitat hab¨ªa ca¨ªdo en picado con la crisis.

Rosell, uno de los cargos mejor pagados de la Administraci¨®n catalana (139.500 euros), fue uno de los arquitectos del proyecto. Intervino en los trabajos preliminares y se incorpor¨® al consejo de administraci¨®n de Regsega desde que la Generalitat la constituy¨®, en mayo de 2002. Lo abandon¨® cuatro d¨ªas antes de que se abrieran las plicas del concurso del Segarra-Garrigues. La firma del contrato entre Regsega y AGS fue el 20 de junio de 2003 y Rosell dej¨® la empresa p¨²blica. Para sorpresa de muchos, en agosto se convirti¨® en el nuevo director general de la concesionaria: Aguas Segarra-Garrigues. Seg¨²n algunas fuentes, tambi¨¦n fue uno de los defensores de que el consorcio liderado por FCC y Agbar se quedara el proyecto, tras derrotar a otro sector de Converg¨¨ncia que defend¨ªa al consorcio liderado por el Grupo Dragados, al considerar que su oferta era la correcta.